La caída del cruzado anti drogas

La semana que culmina la Corte de Apelaciones confirmó la destitución del senador Jaime Orpis. Cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco son los delitos por los cuales fue desaforado el parlamentario de la UDI. O sea, por corrupción.

Cuando se veía venir el procesamiento, a comienzos de la semana, renunció a la UDI. De confirmarse el desafuero por la Corte Suprema, el senador Orpis podrá ser juzgado como cualquier ciudadano.

Utilizando un intrincado mecanismo de boletas de sus asesores y cercanos, Corpesca hizo llegar dinero a Orpis, quien lo utilizó pagando su campaña senatorial, arrendando camionetas en Puerto Montt y hasta para pagar la membrecía de la Cofradía Náutica de Frutillar, según ha pesquisado la fiscal a cargo del Caso Corpesca, Ximena Chong.

Hasta ahora se ha determinado que Corpesca entregó al senador UDI $264 millones entre los años 2009 y 2013, utilizando la trampa de boletas ideológicamente falsas emitidas por asesores y personas cercanas al parlamentario. La pesquera pagó un promedio mensual de $5.285.082 ininterrumpidamente a Orpis.

La fiscalía tiene la certeza de que los montos entregados fueron a cambio de favorecer los intereses de la empresa a través de su labor parlamentaria.

TÍTERE DE CORPESCA

Desde que estalló el caso Corpesca las apariciones públicas del cruzado antidrogas han sido mínimas. Su defensa se ha cimentado en repetir majaderamente que “sus discusiones en sala o las correspondientes sesiones, el nunca favoreció los intereses de Corpesca, jamás».

La estrategia mediática del desaforado senador UDI ha sido la de negar todo hasta el final y pese a la evidencia. Aprovecha sus escuetas cuñas a la prensa para decir que votó contra las industrias pesqueras. Llama la atención la convicción con lo que lo dice. Para cualquiera que no esté atento al caso, como la mayoría de los chilenos, siembran algo de duda sobre su culpabilidad. Es el Manual de la Fundación Jaime Guzmán denunciado por Giorgio Jackson hace algunos años operando.

Su abogado Carlos Cortés asegura que «los antecedentes señalados por el Ministerio Público no son efectivos y quedó acreditado que siempre el senador Orpis se mantuvo de acuerdo a sus conciencia, incluso votando mucha veces en contra de los intereses de Corpesca».

Pese a las negativas de Orpis, la Fiscalía ha logrado determinar hasta ahora que sí legisló a favor de las empresas pesqueras. En 2009 hizo una presentación ante la Contraloría para solicitar un pronunciamiento sobre el modo en que la subsecretaría de Pesca debía establecer anualmente las cuotas de captura de jurel. El borrador de dicha presentación había sido redactado por Corpesca y el senador lo presentó a título personal con el respaldo de otros parlamentarios. Finalmente la Contraloría emite un pronunciamiento favorable a los intereses de Corpesca y Mujica envió un correo electrónico a Orpis diciéndole: “Jaime, excelente el resultado”.

Los correos electrónicos que le enviaba ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica, evidencian que en la práctica se trataba de órdenes de la pesquera al senador. En uno de ellos, por ejemplo, los gerentes de dicen al parlamentario que una indicación «debe quedar de cierta forma…».

Al mismo tiempo Orpis remitía reportes de la tramitación de los proyectos y resultados de sus gestiones a la pesquera.

En octubre de 2010, el mismo Mujica envía otro correo a Orpis con la postura de Corpesca sobre el proyecto de ley sobre cuota de captura del jurel. El senador los presenta al hemiciclo como si fuera una opinión personal. En 2011, Corpesca le hace llegar minutas con las indicaciones a la Ley de Pesca, las que el senador presentó íntegramente y un año después, en plena tramitación de la Ley de Pesca, la pesquera le manda indicaciones al senador y hasta un análisis detallado del proyecto de ley (septiembre de 2012), los que son presentados en las sesiones del Congreso por Orpis como si fueran propios y luego votados favorablemente.

Así pasa con las licitaciones que Corpesca prefiere mantener en un 15% (Artículo 27) y que las licencias sean transferibles y divisibles (Artículo 30)

Según la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Lupi Aguirre, hasta el mes de octubre de ese año recibió más de 22 millones de pesos de la empresa.

La fiscal Chong comenta que «él recibía instrucciones de una empresa que le pagaba mensualmente, él se convertía en un emisario de la empresa en el Congreso». Por su parte, la abogada del CDE sostiene que «esto no sólo -como dice la defensa- es sencillamente una ayuda para pagar la campaña senatorial, el señor Jaime Orpis era un funcionario de la empresa Corpesca en el Senado».

LA RED DE RECAUDACIÓN DE ORPIS

Para recibir el dinero el senador Orpis diseñó un mecanismo a través de boletas por asesorías profesionales realizadas a la pesquera por sus asesores y familiares, quienes se quedaban con el 10% de la devolución de impuestos.

Hasta ahora se han encontrado 76 boletas ideológicamente falsas. Un personaje clave de esta trama es su ex asesora María Carolina Gazitúa; María Verónica Quiroz, jefa de gabinete del senador; y Felipe Rojas Andrade, actual consejero regional UDI de Tarapacá.

También el senador recurrió a la Corporación La Esperanza, dirigida por su esposa y caballo de batalla de su lucha contra las drogas. Es decir, operando igual que los narcotraficantes que dice combatir, utilizó dicha instancia como una organización de fachada para lavar dinero.

La representante del CDE además sostiene que Orpis sustrajo dineros fiscales abultando los honorarios de sus asesores y simulando contratos. Se calcula que fueron desviados para su beneficio unos $151 millones del Congreso. Por ello el cruzado antidrogas es imputado por la fiscalía por los delitos de fraude al fisco reiterado y consumado.

En una entrevista dada a CNN, la fiscal Ximena Chong, comentó que “en general cuesta asumir que el hecho de que ciertas conductas constituyen delito, es bueno usar el criterio correcto, sustraer dinero del fisco es delito, entregar facturas falsas es delito, pedir dinero a una empresa y no abstenerse de votar cuando involucra a esa empresa es delito, estos no son simples errores».

Chong luego agregó que «a veces el lenguaje es mucho más fácil cuando una persona vende droga en la esquina o roba en el metro, es mucho más fácil tildar incluso periodísticamente de delincuente (…) es importante que socialmente vayamos definiendo estos términos como un delito para ir distinguiéndolo de lo que puede ser un error. Los delitos de corrupción son delitos graves en el ámbito social».

Triste fin para un cruzado: desaforado por corrupción al tiempo que se anuncia la despenalización del cannabis.

Mauricio Becerra R.
@kalidoscop
El Ciudadano

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