Cuando, en 2004 salió a la luz el caso Riggs, y nos enteramos de la existencia de “Daniel López” -nombre que eligió como chapa el dictador Augusto Pinochet Ugarte- quien tenía un patrimonio en paraísos fiscales por más de 27 millones de dólares, plus lo malversado que sumaba un poco más de USD $6 millones, pudimos re confirmar algo que ya se intuía: Que quienes llegaron al poder a punta de metraca, lo hicieron, no para salvar a Chile del germen marxista porque la población iba a comenzar a comer guaguas. Lo que pasó, fue una respuesta en defensa de los intereses económicos de un sector que no estaba dispuesto a perder los privilegios históricos y se decidieron a “sacrificar a un montón de rotos, ignorantes y ladrones” que amenazaba la estabilidad del poder como se conocía como “lo normal”.
Una vez instalados y cómodos en la dictadura, se dedicaron a robar como locos y una vez más, el exceso de poder sirvió para develar la verdadera naturaleza de esas personas: una mezcla entre delincuencia rasca y mal ejecutada, mezclada con el mal gusto propio de cualquiera que decida voluntariamente pertenecer a una institución jerarquizada al punto de no poder tomar decisiones propias y aplicar criterio porque “no se puede romper una cadena de mando”.
En aquella época (aunque no queramos creerlo, han pasado más de 11 años de eso) nos indignamos, confirmamos sospechas, puteamos en las sobremesas y, como todo en Chile, se fue diluyendo en la memoria el tema, porque supusimos que era todo.
Sin embargo, hace poco más de un mes, Juan Pablo Figueroa se mandó un reportaje que nos dejó peinados para atrás cuando apareció publicado en Ciper. En él se da cuenta del patrimonio de Doña Lucía a través de su cargo vitalicio como presidenta de Cema Chile, cuyo capital es de disposición de esta señora, como si se tratara de su chauchera y se expone que esta macabra mujer sacaba unos pesitos de la venta de los terrenos de Cema, que le fueron cedidos en Dictadura. Esos pesitos superan los 6.300 millones y estas transacciones se han realizado sin que quedara registro contable. Además en la investigación aparecen dineros realizados a los hijos, nietos y visnietos del matrimonio estrella. Todo esto se pudo determinar gracias a la investigación que se realizó sobre el caso Riggs ya que era una forma de desviar dineros públicos a las cuentas de Pinochet.
Como ya sabemos, el 92% de estos terrenitos que se robó Pinochet (que eran del estado de Chile y, por lo tanto de todos los chilenos) fueron donados por el Fisco a la institución; vale decir, fue un regalito de Pinochet a su terrible esposa, así como quien regala un chocolate entre fines de la década del 70 y 1990; y cuando llegó la democracia, estos terrenos sirvieron para hacer negocios inmobiliarios, lo que es una mina de oro que no se agota. Y para peor, Doña Lucía sigue explotando estos terrenos.
Y pensar que la hemos visto llorar miserias.
En total, la cantidad de “terrenitos” eran 113 y estaban repartidos por todo el país. Esto, según los registros que el Ministerio de Bienes Nacionales proporcionó a Ciper. Hasta acá, no he contado nada nuevo. Tampoco es nuevo que a finales del 2014 se realizó una venta en Chillán por un monto cercano a los 760 millones de pesos. Este evento encendió las alarmas ya que con esto se da cuenta de que en realidad, el número de propiedades “regalados” a Cema, es mayor que los que reportó el ministerio.
Por lo pronto, se estima que Doña Lucía ha ganado hasta el momento, más de $6.300 millones de pesos a través de la fundación por concepto de venta y de arriendo. A eso hay que agregar las subvenciones y donaciones estatales que recibió Cema durante la dictadura.
Este caso estuvo durmiendo un rato más o menos largo en tribunales. Sin embargo, The Clinic hoy da cuentas de que el caso se movió gracias a que el Consejo de Defensa del Estado realizó una apelación aludiendo a que las ganancias producidas por las ventas de los terrenos de Cema fueron entregadas, en parte, a familiares directos de Lucía Hiriart y con los nuevos antecedentes aparecidos en la prensa y obviados por la primera investigación, dan cuenta de 105 propiedades más que las que había contado el Ministerio de Bienes Nacionales en una primera instancia, como se relata más arriba y esto sería equivalente a más de tres mil millones sobre el dinero que se logró acreditar en la investigación del caso Riggs.
Cabe mencionar que, los fondos que recibía como donaciones esta institución de parte de la Polla Chilena de Beneficencia; fueron suspendidos por el congreso, recién en 2005, lo que dice mucho de nuestra esquizofrenia política.
Finalmente, es de esperar que la corte escuche al CDE y que este caso no siga durmiendo. Finalmente, es muchísimo el dinero involucrado con propiedades que eran del Estado y es fundamental que esos terrenos vuelvan a ser de propiedad estatal.
No podemos seguir financiando a esa señora y su familia al permitir que venda casas que, si decimos las cosas por su nombre, fueron robadas.