El buen vivir es posible y lo vamos a construir los pobladores

En Chile, la vivienda digna no es un derecho. Pese a que nuestro Estado ha suscrito tratados internacionales que lo obligan a asegurarlo, el derecho a la vivienda no figura ni es respetado como un derecho social en nuestra Constitución Política. Los gobiernos, en cambio, han decretado políticas de vivienda que, reducidas a la temporalidad y voluntad política de cada uno de ellos, se han mostrado incapaces tanto de resolver el déficit habitacional como de mejorar la calidad de vida de millones de chilenas y chilenos, alentando a las empresas privadas y concesionarias a convertir este derecho en un bien de consumo transable en el mercado, según el dinero que tengamos para pagarles.

Los dramáticos resultados de esta lógica se ven a diario en viviendas sociales mal construidas, constructoras que se declaran en quiebra antes de terminar las obras y viviendas sin espacios públicos ni áreas de desarrollo: cuestiones fundamentales para el buen vivir de las comunidades. Prueba reciente de estas precariedades son el medio millar de viviendas que van a demoler en Coronel por haber sido mal edificadas, tras una inversión primaria que superó los 6 mil millones de pesos, pasando a 8 mil millones en reinversión. Estas casas fueron entregadas pese a que no cumplían condiciones mínimas durante el primer mandato de Michelle Bachelet y el gobierno de Sebastián Piñera.

El caso Caval grafica cómo funciona en verdad el reparto de terrenos para la especulación inmobiliaria de empresarios como Sebastián Dávalos Bachelet y Natalia Compagnon. El Ministerio de Vivienda, mismo que a través del SERVIU niega la vivienda digna a los pobladores, fue allanado por  su parte en el tráfico de influencias para la compraventa de terrenos del hijo y la nuera de la Presidenta. Y, como contraste, cientos de familias en San Antonio llevan más de un mes esperando respuesta de las autoridades porque se detuvo la construcción de sus viviendas.

Creemos que las cosas pueden ser diferentes: quienes podemos transformarlas de raíz, cambiando la noción de lo que es una vivienda y de cómo las comunidades son vitales en la construcción de una sociedad y un país mejor, somos nosotros, los pobladores. Debemos forjar políticas públicas que efectivamente le sirvan a las mayorías, con servidores públicos que respondan a los intereses de la ciudadanía.

Sabemos bien, sin embargo, que la movilización social es imprescindible para avanzar en esta dirección; así lo ha probado el movimiento estudiantil y es el camino que hemos tomado también nosotros para confrontar los padecimientos que nos obligan a sufrir a diario. Utilizaremos todas las vías que nos permitan sembrar los triunfos que entendimos no nos darán los corruptos ni los mentirosos, y como pueblo venimos a terminar con sus “no se puede” por nuestro “sí se puede!”; porque somos nosotros mismos quienes lo vamos a hacer posible.

Doris González

Vocera nacional del Movimiento de Pobladores Ukamau