Según el gobierno y los medios de comunicación, se va a crear una institucionalidad para los pueblos indígenas, que claramente no es de esos mismos pueblos, a pesar de aquello, los derechos siguen avanzando tanto en el posicionamiento y la exigibilidad de las comunidades a través de los instrumentos de derecho con los que se pueden ver favorecidos, siempre y cuando se cumplan las condiciones desde los organismos internacionales y nacionales, como el sistema de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de derechos humanos, y en Chile el Tribunal Constitucional.
Desde el pueblo mapuche han tenido una lucha constante para que desde el gobierno tengan aunque sea la voluntad de aplicar procesos participativos según los estándares del Convenio 169 de la OIT (que cumplirá 8 años desde su ratificación y su entrada en vigencia) esto para llegar de alguna u otra forma a un consenso entre el estado y los pueblos.
El momento en que el gobierno califica como consulta indígena para crear este tipo de institucionalidad fue visto -desde las comunidades- como una falta de respeto, considerando que existía un gran rechazo en la mayorías de las convocatorias y que nunca se entregó una información previa, sino que se entregaron discursos que finalmente no servirían de nada.
La nueva institucionalidad es considerada como retrógrada porque aumenta el paternalismo y la sumisión de los pueblos, sellando la dependencia de los mismos a un estado chileno que se encuentra deslegitimado e impopular como sus gobernantes.
Así lo relató en el siguiente comunicado, Jorge Weke Katrikir, Werken del Parlamento Mapuche de Koz Koz en Panguipulli.
El proceso de consulta para esta nueva institucionalización
Hemos reiterado, profundizado por todas las formas posibles y democráticas los alcances de lo que significa e implica los procesos de Consultas, desde la ratificación y la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT, pronto a cumplirse 8 años, sin embargo, el gobierno de Bachelet antes y ahora, no ha tenido jamás la voluntad de aplicar adecuadamente procesos participativos de acuerdo a los estándares de ese mismo derecho internacional, con miras a lograr el consentimiento, lo que es estrictamente posible en el ámbito nacional, con nuestros pueblos.
El método aplicado en lo que el gobierno califica como consulta indígena para la creación de esta institucionalidad fue indagado unilateralmente, a pesar del inmenso rechazo en las mayorías de las convocatorias, por sobretodo, del proceso de información previa, libre y de buena fe, que jamás se dio, pero sí se dieron las condiciones para el acarreo, para presenciar un acto lleno de discursos, para inducir una intención preestablecida y diseñada desde la élite seudo democrática, para justificar mucho dinero en comidas, pasajes, fotocopias, consultoras, viáticos, etc.
El proceso de Nueva institucionalidad quedó solamente en la etapa de “Socialización de informar“, en la intención de crear un Ministerio de asuntos indígenas y consejo o los consejos de pueblos indígenas, pero tampoco uno se puede engañar, no es primera vez que se resalta una intención gubernamental de manipular, enmarañar, confundir a la opinión pública. Varias organizaciones y pueblos plantearon su profundo rechazo a la actitud de cooptación, improvisaciones y engaños principalmente de los agentes del gobierno Bachelet en el proceso de socialización homologado a la consulta indígena, con frases acuñadas como “Si existe un ministerio de ustedes, habrán más recursos, más plata“, mediante mecanismos interministeriales.
Lo que se prevé con la creación de un ministerio y consejos de pueblos indígenas
Si comparamos estos 25 años de espera, del acuerdo Nueva Imperial, con los planes de medición respecto a desarrollo en las política de estado que se realizan cada diez años, en cambio, respecto de derechos y de justicias de los pueblos se eternizan, pero esos mismos pueblos por la propia naturaleza evolutiva y los seres humanos como sujetos de derechos, aumentan cada día las ansias de más libertades.
Por lo tanto esta nueva institucionalidad es retrógrada, ya que aumenta el paternalismo y la sumisión, sella la dependencia de los pueblos a un estado chileno actualmente deslegitimado, el montaje de institucionalidades improvisadas solo representa folclorismos y domesticación indigenista, contrario a la libre determinación de los pueblos y la vía de autogobernabilidad de los propios pueblos, que dictan claramente, el Convenio 169 de la OIT y Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, la Carta de las Naciones Unidas Artículo 1.2, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, el preámbulo del Pacto Internacional de Derechos Humanos, etc.
El Congreso Nacional, hoy es también un poder muy deslegitimado e impopular como los mismos gobernantes, por la mayoría de los habitantes de Chile, y que además está en función de respetar la actual constitución a costa de los intereses del modelo brutal de colonialismo. Ahí se envía el proyecto de ley de esta nueva institucionalidad. Entonces, allí, se transformará en la pelea entre los representantes, seudos representantes, referentes e ideólogos, y no apuntará al gobierno de Bachelet, quien ya se habrá lavado las manos; comienza ahí la reyerta con y entre parlamentarios, creando lobbismo, camaradillas, jugando las escondidas entre los partidos de la clase política, al fin sin la participación decisiva de los pueblos.
Como ha dicho el Director nacional de la Conadi “este es un hecho histórico” sin dudas, pero que viene a sepultar los anhelos motrices de los pueblos a nuestras libertades y derechos, sociales, culturales, políticos, y a la toma de decisiones, porque desde siempre ha estado la permanente intromisión en todo los espacios y momentos del ejecutivo, que nunca han tenido la voluntad política para diseñar los mecanismos participatorios desde y con los pueblos indígenas, el gobierno vulnera cuando quiere, con gusto y gana el Artículo 6.1-2 de la OIT (consultar frente a medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles directamente)
Por un último, de las frases de un “diálogo franco y respetuoso“, de Bachelet, ya no es creíble sino hay que preguntarle porque ha mutilado el Convenio 169 de la OIT desde el mismo momento de su ratificación en Chile, un Convenio que reconoce un conjunto de derechos políticos, sociales, culturales, territoriales, y que además se sostiene con la aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, y que este gobierno no ha respetado a pesar que el Tribunal Constitucional a sentenciado la autoejecución de los artículos 6.1 y 7.1 del convenio 169. El dialogo que hoy ofrece Bachelet, hay que preguntarle a Francisco Huenchumilla, hay que preguntarle a los perseguidos que manifiestan proposiciones trascendentales, que basan sus reclamos en derechos consagrados, que históricamente son propios de los pueblos indígenas y que además son reconocidos y ratificados a alto nivel de la diplomacia internacional, por los propios estados en diferentes instrumentos de derechos internacionales, y derechos humanos en que Chile suscribe, y que los mismo organismos internacionales han condenado a Chile, por el incumplimiento de deberes con su gente y los pueblos a la que pertenecen.
El gobierno además de seguir impulsando la integración y estatización del indigenismo, con nuevas instituciones bajo la misma Constitución que está a puertas de una Nueva Constitución, en donde hoy son los tiempos para profundizar los cambios al Estado Republicano chileno, que también es una ganada de los movimientos sociales y políticos, pueblos indígenas, estudiantes, no ha sido de la buena voluntad del gobierno de Bachelet, es hora que la presidenta cese su discurso multicultural y escuchar a los pueblos por la plurinacionalidad.
Jorge Weke Katrikir, Werken Parlamento Mapuche de Koz Koz Panguipulli, enero 2016.