Suma y sigue: Ahora diputado beneficiado por ‘préstamos blandos’ de Bancongreso le da duro a sus colaboradores

A escasos días de concluir el año 2105 el ex edil de La Granja, hoy diputado (DC) Claudio Arriagada, citó a sus asesores para comunicarles una noticia que ningún trabajador quisiera recibir: la rebaja de 20 por ciento del sueldo. Peor aún, que ellos mismos debían aceptar voluntariamente la medida, de lo contrario serían despedidos y no podrían trabajar en ningún servicio público durante cinco años, según consigna El Mostrador.

Tal habría sido la molestia por lo sorpresivo del anuncio que incluía una amenaza implícita, que los afectados la difundieron a través de las redes sociales; no obstante su desagrado no tuvieron más que agachar el moño y aceptar la disminución unilateral de sus salarios.

El diputado Claudio Arriagada les habría  indicado que, en caso de no firmar el reajuste, se les podría despedir por “falta de confianza”, usando el artículo 3A de la Ley 18.1918 para la contratación del personal de apoyo a la función parlamentaria.

En el artículo 26 del reglamento de ejecución de dicha normativa se establece como motivo de despido o cesación de contrato “la decisión unilateral del comité o parlamentario fundada en la pérdida de confianza hacia el prestador del servicio u otra causal que permita el término anticipado”. El ser despedido del Congreso por pérdida de confianza pone en duda inmediatamente la probidad de la persona en cuestión, lo cual puede eventualmente inhabilitarla para trabajar en el sector público durante cinco años.

Cabe recordar que este diputado es uno de los clientes de “Bancongreso”, una institución creada por los ‘honorables’ para franquearse préstamos ‘blandos’, sin reajustes ni intereses entregados por la propia Corporación a algunos legisladores. Los ‘préstamos blandos’, a los que ningún trabajador común y corriente tiene posibilidades de acceder en su empresa, según se ha difundido tras un informe de auditoría externa contaban con plazos benévolos que ascendían hasta 28 meses.

La indignación ciudadana ante este nuevo abuso de los parlamentarios chilenos se tradujo en la presentación de una querella ante el Tribunal de Garantía de Valparaíso, interpuesta por algunas organizaciones sociales.

De acuerdo a la versión publicada por el medio electrónico, “Arriagada ha pedido públicamente disculpas por el hecho en programas de televisión y redes sociales”. En la oportunidad el diputado DC sostuvo que en 2014 debió recurrir al sistema informal instalado al interior de la Cámara para solventar deudas provocadas por un largo período de cesantía motivado por su campaña electoral. Asegura que “tras acercarse a otro parlamentario para preguntarle por un banco que pudiese prestarle dinero” se enteró de ‘Bancongreso’. El préstamo solicitado por el parlamentario debutante fue de 6 millones de pesos, descontados de su dieta en cinco cuotas sin reajustes ni intereses.

Arriagada ha relativizado la disminución de los sueldos de sus colaboradores, explicando que sólo se trata de “un 20 por ciento que afectó al grupo en su totalidad”, y que ésta obedecería que a partir de enero ellos “trabajarán media jornada”.

Comoquiera que sea, el miedo ya está instalado en los funcionarios de la Cámara de Diputados, quienes frente al poder omnímodo de los congresistas no se atreven a denunciarlos. La amenaza real es que los parlamentarios tienen el privilegio de aplicarles leyes draconianas a sus empleados, quienes tras la pérdida de confianza de sus respectivos jefes, podrían ser inhabilitados durante cinco años para desempeñarse en empleos públicos. ¡Qué vergüenza!