Fiscales alertan sobre peligro de colapso para Sistema Procesal por agenda corta Antidelincuencia

El proyecto de ley conocido como “Agenda Corta Antidelincuencia” sigue en la mira de los actores del sistema procesal penal y la Asociación Nacional de Fiscales también se manifiesta contraria a la iniciativa legal, como lo señala su presidente, Claudio Uribe, “Un aspecto que parece haber quedado olvidado para los legisladores en la discusión de la llamada agenda corta antidelincuencia, es la necesaria sobrecarga sobre los actores del sistema penal, especialmente el Ministerio Público, que ella involucra”. De esta forma, el persecutor asegura que, en caso de convertirse en ley, la medida aumentaría los procedimientos y haría más rígidas las penas. “Necesariamente provocará un aumento explosivo en los juicios orales, versus una relativa disminución de los procedimientos abreviados y simplificados. Lo anterior, junto a una fuerte restricción en las llamadas ‘salidas alternativas’ como la suspensión condicional del procedimiento”, afirma Uribe.

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El dirigente de los fiscales sostiene que “es un tema opinable, si lo que se quiere es una ‘persecución penal hasta las últimas consecuencias’ o mantener con vida y salud las formas tempranas de poner término al conflicto penal.  Razones hay para preferir cualquiera de las opciones. El punto es que se se opta por una persecución total y para ello se requieren más recursos de los que tenemos hoy”

En agosto de 2015, se promulgó la ley de fortalecimiento del Ministerio Público y los fiscales, en ese momento, señalaron que si bien esta iniciativa venía a aliviar en parte la sobrecarga laboral de la Institución, siguió siendo insuficiente. “Antes de la ley que fortaleció al Ministerio Público, los fiscales teníamos que investigar alrededor de 2 mil causas en promedio. Hoy, con la actual normativa, serían alrededor de mil setecientas. Sin embargo, el hecho concreto, es que el sistema -y por ende las dotaciones- se diseñaron pensando en que la gran mayoría de las causas terminaría por vías distintas al juicio oral, lo que aliviaría la carga de trabajo de los distintos actores. No está de más recordar en este punto que, aún bajo esos supuestos, la experiencia demostró que al menos el Ministerio Público estaba había sido mal calculado en su dotación, la que resultó estar muy por debajo de la necesaria”, fundamenta el Presidente de los Fiscales.

A juicio del persecutor, la llamada “agenda corta” constituye en ese sentido un verdadero cambio de paradigma, que baja la posibilidad de aplicar suspensión condicional y limita seriamente el margen de negociación y los incentivos para los procedimientos abreviados.

“A lo anterior, debemos sumar la conocida práctica de muchos defensores penales, que utilizan como principal estrategia de litigación el desgaste del sistema, alargando los procesos con el único fin de que al final, cuando se logra llegar a juicio, el Ministerio Público ya no dispone de todos sus medios de prueba”, puntualiza Claudio Uribe y agrega que, “por ello, la llamada “agenda corta antidelincuencia” al no incluir más recursos humanos y materiales para el Ministerio Público, corre el riesgo de colapsar el sistema penal y, paradójicamente, terminar produciendo un efecto adverso al buscado”.

El presidente de los fiscales enfatiza que “Sólo como una explicación, para quien esté poco informado, hay que aclarar que los nuevos recursos que acaba de agregar el Plan de Fortalecimiento del Ministerio Público, además de ser escasos, no pueden ser considerados en esta discusión, por cuanto están específicamente enfocados a la ejecución de programas muy determinados”.