Tribunal de Justicia Climática: Un desafío para salvar el planeta

Hasta ahora los daños ambientales producidos por grandes transnacionales si no quedan en la impunidad, son resueltos con millonarias indemnizaciones a algunos afectados. Para evitar el calentamiento global con medidas efectivas y evitar futuros desastres ambientales se está proponiendo constituir un Tribunal de Justicia Climática que opere al mismo nivel que la Corte Penal Internacional.

Desde que en 1975, la petrolera Occidental Petroleum Corporation (Oxy) iniciara la explotación de crudo en la cuenca del Río Corrientes, Amazonía peruana, el ecosistema de los Achuar, habitantes ancestrales de los bosques húmedos de la región, no volvería a ser el mismo.

Oxy llegó a producir el 42% del petróleo peruano, alcanzando los 115 mil barriles diarios, usando técnicas prohibidas en su originaria Estados Unidos e incluso por las leyes peruanas. Vertió un promedio de 850 mil barriles al día de subproductos tóxicos, derivados del proceso de extracción en los ríos Morona y Pastaza, y usó pozos de tierra sin protección para almacenar líquidos de las perforaciones, contaminando el suelo y las aguas subterráneas.

Hoy, los niños achuar muestran altas concentraciones de plomo en la sangre y los 9 mil millones de barriles que vertió la petrolera en las cuencas amazónicas, a lo largo de tres décadas, redujeron drásticamente las especies de caza de los indígenas. El  año 2000, Oxy vendió su concesión a Pluspetrol, una empresa argentina que continúa con la explotación.

Los dirigentes achuar han repetido las tácticas usadas por los movimientos ecologistas para acusar a la empresa: Marcharon, hicieron denuncias públicas y documentales, llegaron incluso a la asamblea anual de accionistas de Oxy en Santa Mónica, al oeste de Los Ángeles, acompañados de la actriz Daryl Hannah, quien solidarizó con su reclamo, pero hasta el momento todo ha sido en vano. Por la contaminación de su territorio, ‘paga moya’.

Situaciones como esta han llevado a indígenas, ambientalistas y fiscales a proponer la conformación de un Tribunal de Justicia Climática (TJC), el que juzgaría Estados, empresas o personas que contaminen el medio ambiente. La Conferencia de los Pueblos sobre el Cambio Climático, celebrada recientemente en Cochabamba, Bolivia, acordó llevar dicha propuesta a Naciones Unidas como prioridad.

IMPUNIDAD GLOBAL

Tom Kucharz, escritor y activista de Ecologistas en Acción, sostiene que “hoy existe un vacío institucional grande, a nivel internacional, que tenga la capacidad de juzgar a los Estados que están incumpliendo el Protocolo de Kyoto y los compromisos que han adquirido dentro de la Convención Marco de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático. Así como también cuyas políticas violen derechos humanos, como el acceso al agua, o a vivir en un medio ambiente limpio”.

Eduardo Giesen, coordinador regional para América Latina y el Caribe del Programa Justicia Climática, agrega: “Vemos la necesidad de un mecanismo similar al desarrollado a partir de los ’70, referido a las violaciones a los derechos humanos. Si las personas tenemos derechos, también los tiene la Tierra”. Por su parte, Pablo Bustillos, de la Fundación Solón, sostiene que “al no existir una instancia vinculante que sea capaz de investigar, procesar y sancionar, tanto a los países como a los responsables de la hecatombe climática que ocurre en el planeta, hay un marco de impunidad global”.

Así lo ha constatado Antonio Gómez, fiscal de Tucumán e integrante de la Red de Fiscales por el Medioambiente de Latinoamérica, quien cuenta que “los Estados latinoamericanos por lo general no son afectos a cumplir los fallos civiles o administrativos que los obligue a cumplir con normas medioambientales. Por eso la acción penal es mucho más efectiva”. Un caso que ejemplifica esto es que pese a que la Corte Suprema argentina ordenó que se descontamine la cuenca hídrica La Matanza Riachuelo hace dos años, “en el Estado trasandino aún no se ha hecho nada por cumplirlo”-cuenta.

Kucharz acusa que “hay 315 mil muertos al año por el cambio climático. Esto es efecto de las políticas de los Estados, sea en transporte, agricultura o energía. Hay derechos fundamentales, más allá de los ambientales, que están siendo vulnerados y no existen instancias que velen por su respeto”.

Ha habido una serie de iniciativas en conformar una instancia que fiscalice a los responsables de agresiones en contra del medio ambiente y los sistemas ecológicos (ver recuadro), pero no han prosperado al punto de sancionar a quienes resulten responsables.

Claro que la primera sesión de un tribunal destinado a fallar sobre daños ambientales fue en octubre de 2009 en Cochabamba, la que se abocó a la tarea de visibilizar los efectos y los responsables del cambio climático. Peredo (ver recuadro) señala que en la ocasión se persiguió “promover la judicialización y tipificación internacional de los crímenes ambientales; ampliar la sensibilización respecto de la justicia climática y la deuda ecológica; fortalecer la capacidad de vigilancia de parte de los mismos pueblos, e incidir en la adopción de adecuadas políticas, estrategias y acciones para prevenir y mitigar los efectos del cambio climático”. El jurado estuvo conformado por mujeres campesinas, dirigentes sindicales y ecologistas.

LO COMPLEJO DE SU IMPLEMENTACIÓN

Pese a que la propuesta tiene fundamentos sólidos y ya tuvo sus primeras experiencias, el camino para alcanzar un TJC a nivel de la ONU choca con la obvia oposición de Estados Unidos, China y la Unión Europea.

Además, surgen dudas respecto de su dependencia, si adoptará la forma de la Corte Internacional de Justicia, si juzgará a Estados, empresas o individuos, o sobre el rol que cabe a la Corte Penal Internacional (CPI), instancia que ya juzga delitos de lesa humanidad. Bustillos sostiene que “se trata de un desafío, no sólo por la necesidad de construir un mecanismo que tenga suficiente fuerza para aplicarse, sino que, además, construya una pedagogía nueva”.

Respecto a la viabilidad política, Giesen cree importante “hacer visible la iniciativa y pese a que los países ricos la rechazarán en un primer momento, habrá que visibilizar  esa oposición, como el caso de Estados Unidos, que ha cometido crímenes climáticos como nación, y sus empresas, como las petroleras, que son grandes responsables de las emisiones de efecto invernadero en el mundo. O los países que, pese a haber firmado el Protocolo de Kyoto, no han cumplido con las reducciones de sus emisiones”.

Kucharz sostiene que “ya existe un artículo en la Convención Sobre Cambio Climático que deja abierta la puerta para poder juzgar a los Estados ante la Corte Internacional. Pese a que hasta el momento no existe un Estado que haya emprendido este camino, las puertas están abiertas”.

Igual optimismo tiene el fiscal Gómez, para quien “es muy factible concretarlo, porque no depende de los países desarrollados su existencia, sino que de los países que quieran firmar el tratado internacional. Con dos que firmen será suficiente para empezar a trabajar. Los demás se sumarán por adhesión y, cuando ya sumen más de 70, podrá requerirse el reconocimiento de la ONU”.

Giesen imagina funcionando el TJC de forma que “lo primero sea identificar los afectados por un caso, las características específicas del impacto ambiental, el cómo se ha expresado, cuantificarlo, y después identificar quiénes han sido los culpables”. En tanto Kucharz imagina un TJC “en el seno de Naciones Unidas con la independencia que tiene la CPI. Así, podríamos asegurar que cumpla su mandato de buscar la verdad, justicia y reparación a los daños que se hacen a los pueblos. Y también prevendría para que no se vuelvan a cometer los delitos o los crímenes climáticos”.

Gómez añade que “si el TJC tiene facultades penales, por delegación de los Estados Firmantes del Tratado Internacional, será ejemplo en todo el mundo. Podrá condenarse a prisión a empresarios, presidentes, y gerentes de multinacionales que contaminen el ambiente, sin importar el país de su nacionalidad. Sólo bastará que el daño sea en un país firmante”, explicó.

UN PRIMER PASO EN LA ONU

La idea de un tribunal supranacional que juzgue a las multinacionales ya fue escuchada por integrantes de la ONU. En abril trascendió que dos relatores de dicha instancia, el finlandés Martin Scheinin, de  derechos humanos, y el austriaco Manfred Nowak, para la tortura, redactaron sendas propuestas para crear una Corte Mundial que juzgue los delitos de empresas transnacionales. Sólo el proyecto de Scheinin consta de 63 artículos.

La propuesta de los relatores de la ONU nació luego de que la petrolera anglo-holandesa, Shell, pagara 11 millones de euros por la muerte de nueve activistas ogonis, que protestaban por la actividad de la compañía petrolera en el Delta del Níger en 1995, y que la farmacéutica estadounidense, Pfzizer, abonara otros 55 millones de dólares por la muerte de 11 niños en Nigeria, luego de que probaran un medicamento. Ambas compañías, pese a negar su responsabilidad en los hechos, prefirieron pagar para evitar tan bullados juicios.

Bustillos añade que en forma paralela deben implementarse los acuerdos de Cochabamba, que mandataron al Estado boliviano a generar, en el interior de la ONU, sistemas vinculantes. “Hay que modificar los tipos penales de la Corte Internacional de Justicia para incorporar al crimen ambiental como un delito de lesa humanidad; y generar un tribunal fortalecido, con casos globales y con capacidad de escuchar casos y dar fallos y veredictos con un contenido moral y ético para la humanidad”-sostiene.

Kucharz sostiene que lograr esto dependerá de la movilización de las mismas organizaciones. “Lograremos constituir el TJC si existe una fuerte campaña de movilización contra las empresas contaminantes, de sensibilización y acciones directas, por parte del mundo social. Es urgente convertir el cambio climático en un reto político. Sin el activismo, no podremos progresar en la vía legal. Ambas vías se necesitan”, dijo.

Hasta el momento las transnacionales se han autorregulado con el Pacto Global (Global Compact), un instrumentos propuesto por Kofi Annan, en 1999, que buscaba conciliar el impacto de las empresas con las demandas de la sociedad civil a partir de 10 principios, en temas como derechos humanos, trabajo, medio ambiente y corrupción.

Dicho pacto lo han firmado 6 mil compañías, pese a que muchas de ellas dejaron graves daños ambientales y sociales, según reportan diversas organizaciones no gubernamentales (ONG’s). Y, como ha pasado en las últimas décadas, ni la adhesión de famosos, protestas, documentales de denuncia o escándalos, han evitado los daños al medio ambiente por parte de las grandes corporaciones. Si no, pregúntele a los achuar.

Recuadro:
ORIGEN EN ORGANIZACIONES SOCIALES

Ya en septiembre de 2009, el presidente boliviano, Evo Morales, propuso ante Naciones Unidas este tipo de tribunal, el que operaría de igual forma como funciona hoy la Corte Penal Internacional. Elizabeth Peredo, integrante del Comité Impulsor del TJC, señala que la existencia de este tribunal “abriría un espacio de denuncia pública internacional e identificaría los límites en el derecho internacional para sancionar los daños al medio ambiente”.

Entre sus objetivos, están el denunciar las violaciones a los derechos humanos en que incurren las trasnacionales, el sistema de ‘legalidades’ e instituciones que permiten estos daños y el avanzar hacia una jurisprudencia y normas vinculantes.

En esto, la sociedad civil ya tiene cierta experiencia. Ya en 1979 se conformó un  Tribunal Permanente de los Pueblos, convocado por los filósofos Bertrand Russell y  Jean-Paul Sartre, para juzgar los crímenes contra los derechos humanos que las tropas de Estados Unidos cometían en Vietnam, argumentándose que el precedente estaba en el Tribunal de Nüremberg, que juzgó los crímenes de los nazis.

En España, entre 2005 y 2007, hubo tribunales organizados desde la sociedad civil. Así se constituyó un Tribunal de Opinión sobre la Deuda Externa que sesionó en Barcelona, Córdoba y Salamanca. También la experiencia ha sido replicada en Nicaragua y Colombia, donde comunidades demandaron a transnacionales de los países industrializados.

En Viena, en 2006, y en Lima, dos años después, organizaciones sociales de Europa y América, integrantes de la red Enlazando Alternativas, organizaron un tribunal que sesionó en forma paralela a la Cumbre Euro-Latinoamericana de los Jefes de Estado y de Gobierno celebradas en ambas ciudades. En Viena lograron avanzar en una  articulación más amplia de comunidades en resistencia, abogados y activistas; los que en Lima analizaron 21 casos de empresas que dejaron graves daños en diversas comunidades.

Por Mauricio Becerra Rebolledo

Fotografía: La actriz Daryl Hannah y dirigente achuar protestan en contra de la petrolera Occidental Petroleum Corporation -OXY-

El Ciudadano N°84