“Cada cierto tiempo los trabajadores embarcados en naves de pesca sufrimos en carne propia los efectos de los cambios en la Administración Pesquera, desde el año 2000, cuando el 75% de las embarcaciones de la Flota Industrial terminaron sus días varadas en Valdivia, Mejillones y Arica, porque las cuotas disminuyeron drásticamente”, sostiene el presidente del Sindicato de Motoristas, Eric Riffo. Agrega que el 2013 se aprobó uno de los mayores traspasos de pesca desde el sector industrial al artesanal, “lo que nuevamente derivó en la paralización de barcos, dejando una estela de cesantía cuyos efectos se sienten hasta hoy; peor aún, el Estado no cumplió los compromisos y dejó abandonados a los trabajadores”, asegura.
En tanto, Hugo Roa, presidente del Sindicato de Tripulantes, señala que hoy nuevamente se quiere cambiar la Ley, aprovechando el condenable escándalo de corrupción que involucra a un ex gerente de una pesquera y a dos parlamentarios. “Sin embargo, se generaliza de una forma brutal, pues no se habla de un ex gerente, sino que de la empresa, sin considerar que de ella dependen miles de trabajadores que día a día se ganan el sustento de sus familias en forma responsable y honesta. Lamentablemente esta situación les sirve de fundamento a los de siempre para cambiar una ley, lo que afectará gravemente la estabilidad de las fuentes laborales, no solo de los trabajadores de esa empresa, sino que de todos los trabajadores de la Industria Pesquera chilena”, afirma.
Finalmente como personal embarcado “rechazamos y condenamos públicamente cualquier acto de corrupción, los cuales deben ser investigados a fondo con la máxima objetividad y transparencia. No obstante, protegeremos nuestras fuentes laborales hasta las últimas consecuencias, y no permitiremos que por estos casos puntuales que son investigados nos dejen nuevamente en la calle”.