Control de identidad o el enfermizo camino al Estado policial

Euforia entre quienes promueven un Estado policial empecinado en conculcar sin límite la libertad de circulación de las personas, es la sensación que produce la aprobación de medidas que promueven todo tipo de restricciones civiles, como la que ayer despechó a la sala del Senado la comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

En efecto, luego de revisar el centenar de indicaciones realizadas al proyecto del Ejecutivo –conocido como ‘agenda corta antidelincuencia’– y de la Cámara de Diputados, el que busca endurecer las penas para los delitos de robo, hurto y receptación (comprar cosas robadas), más que perfeccionar el sistema penal, el Congreso da un nuevo paso para sustentar el origen de la desigualdad: la pobreza y su consecuente discriminación.

El proyecto –que será votado en la Sala, previo paso por la comisión de Hacienda de la Cámara Alta– amplía las facultades de las policías, cuyos efectivos podrán ejercer a discreción el control de identidad sobre las personas, incluso, ante ‘cualquier indicio’ de haber cometido algún ilícito.

Concepto que fue avalado por la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Javiera Blanco. Según ella, el control de identidad “no surge por sospecha, sino que por indicio de comisión de delitos; es una situación mucho más objetiva y la facultad de (las) policías es disuasiva y preventiva”.

Blanco agregó que dado que no había una edad clara para efectuar el control de identidad, “pusimos un límite de 14 años en adelante, para que se pueda efectuar”. En la misma línea, el presidente de la UDI, senador Hernán Larraín, dijo que “hemos normado este vacío legal, para garantizar la convención que hemos firmado sobre los derechos de los niños, y así hacer un control adecuado, que no se preste para abusos”.

La discusión de este aspecto no estuvo exento de polémica, luego que en la víspera la Unicef cuestionara la medida de detener a menores de edad por el solo hecho de no portar su cédula de identidad, toda vez que ella implica la vulneración de derechos de los menores. La detención, en el caso de los adultos, puede ser hasta por cuatro horas, y en el de los menores, se estableció que ella no puede superar la hora de duración.

En tanto, el presidente de la comisión, senador Alfonso de Urresti (PS), manifestó su discrepancia con la iniciativa. “Tengo una definición de principios y creo que no debe existir una detención por sospecha, no se pueden ampliar en demasía las facultades que pueden conllevar a abusos, esto puede llegar al extremo de llegar a detenciones en domicilios particulares”, sostuvo.

Del mismo modo, el legislador de la región de Los Ríos destacó: “Para mí, el combate a la delincuencia no va en la línea de restringir derechos”.

He aquí un punto de inflexión importante. En el entendido que si el proyecto del Ejecutivo promueve la utilización de agentes encubiertos para investigar posibles ilícitos, dándole facultades extraordinarias a Carabineros y a la PDI para solicitar antecedentes personales, sin la necesaria autorización del Ministerio Público, habría que preguntarse si el Gobierno también estaría dispuesto a promover una ‘agenda antidesigualdad’, teniendo presente que la delincuencia que pretender combatir estableciendo controles sobre la población vulnerable, tiene una causa evidente y notoria: la vergonzosa distribución de la riqueza.

Seguir hablando de los efectos de la delincuencia, sin abocarse a las causas, no sólo es un esfuerzo estéril, sino injusto. Tanto, que el solo ensañamiento con la parte más desprotegida de la población, que será objeto predilecto de controles policiales abusivos, termina siendo celebrada y avalada por la derecha que se empecina en el ‘combate a la delincuencia’, sin detenerse a pensar en el porqué de ella.

Un ejemplo aberrante de lo anterior es la felicidad que le produce al senador (RN) Alberto Espina el despacho de la ‘agenda corta antidelincuencia’. “Es una victoria para quienes han sido víctimas de delito y una derrota para los delincuentes que van a tener mayor persecución penal”.

Similar euforia es la que expresa su colega (PPD) Felipe Harboe. El exsubsecretario del Interior se refirió al trámite como “una buena noticia para el país, Chile contará con herramientas mejores y con equilibrios, lo que venía de la Cámara era más abusivo, hemos puesto restricciones, es una buena legislación”.

Con todo, a las autoridades, más que preocuparles endurecer las penas, debiese interesarles emparejar la cancha para que los ciudadanos puedan convivir en un territorio más decente y armónico; más justo e inclusivo. En los países desarrollados, como los escandinavos, la tendencia es cerrar cárceles; la razón es simple: han disminuido los delitos. Razón que trae aparejada otra: también se han ocupado de repartir los ingresos de manera más equitativa.