El desafuero de Jaime Orpis y la Ley de Pesca. Por Hugo Fazio

Por unanimidad la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó el desafuero solicitado por el Ministerio Público del senador Jaime Orpis, que renunciase días antes a su militancia en la UDI. 16 de los 28 votos acogieron cuatro delitos que se le imputan en el marco del caso Corpesca: cohecho, lavado de activos, delito tributario a través de boletas ideológicamente falsas y fraude al fisco. La fiscal Ximena Chang describió que Orpis solicitó a la empresa pesquera, controlada por el grupo Angelini, ‚apoyo económico, inicialmente bajo la justificación del financiamiento de campañas políticas, y luego, después de haber sido electo, para cubrir deudas de carácter personal‛. Los fondos recibidos sumaron $204 millones, $5,2 millones mensuales, entregando 76 boletas ideológicamente falsas entre los años 2009 y 2013. ‚Los dineros –detalló- son proporcionados a través de terceras personas, quienes entregaban a través de transferencias electrónicas los fondos, y en otros casos los entregaban a terceras personas que manejaban
asuntos políticos del senador‛.

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El alegato de la fiscal muestra que Orpis se puso al servicio de Corpesca. ‚El senador recibe de Corpesca –relató- una serie de minutas y antecedentes que le establecen ciertas exigencias que debe cumplir en el ejercicio de su función y con su intervención en leyes pesquera. Nosotros entendemos –añadió- que el senador Orpis tenía un interés directo en el buen desempeño comercial de la empresa (…). Tenía un compromiso de interés evidente en las decisiones que estaba tomando‛. En circunstancias que ‚la Constitución obliga a los parlamentarios a abstenerse de votar cualquier asunto en el cual tengan intereses directos (…)‛ (15/01/16). La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Lupe Aguirre, fue extraordinariamente directa en sus cargos. ‚(…) es indudable -señaló- que Orpis se constituyó virtualmente como un empleado de Corpesca desde 2009 a 2013, momento en que los pagos no cesan porque haya habido un término absoluto de la relación, los pagos cesan porque se produce el descubrimiento de la causa que da origen a esta investigación (15/01/16).

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Orpis durante mucho tiempo negó los cargos. Finalmente, buscando una alternativa al juicio oral cambió de actitud. ‚Reconozco –admitió ante la fiscal – que apliqué a usos propios parte de los dineros que me asignan para el pago de asesores y no para fines distintos (…). Reconozco que tales dineros se utilizaron con fines políticos (…) Reconozco que solicité personalmente a través de terceros la emisión de boletas de honorarios a la empresa Corpesca. Yo daba las instrucciones a quienes me conseguían las boletas para que me depositaran en mis cuentas corrientes y también en cuentas de terceros como los jefes de campaña‛. ‚Reconozco que tales dineros se utilizaron con fines políticos, financiando diversas actividades de esa índole. Ello ocurrió con las campañas de 2009, 2010, 2012 y 2013‛ (09/01/16). En general, sus declaraciones buscaron reducir la temática a solo el mal uso de recursos fiscales y su empleo para fines políticos.

Inmediatamente después del reconocimiento, Orpis anunció su renuncia a la pertenencia a la UDI. ‚Desde el primer minuto que se inicia la investigación –declaró-, yo presenté mi renuncia para que se hiciera efectiva cuando ellos estimaran conveniente. A partir del día viernes, en que reconocí el financiamiento irregular –añadió-, yo he tomado una decisión que es de car{cter irrevocable (…) creo que no tengo derecho de hacerle un daño al partido por un hecho de car{cter personal‛ (11/01/16). En verdad, no fue una actitud que excluya la responsabilidad del partido que también se aprovechó de este financiamiento, al igual como ocurrió con los recursos recibidos de grupos económicos por Jovino Novoa.
Más aún, el exgerente general de Corpesca, Francisco Mujica, en su testimonio del pasado 5 de enero declaró que el abogado de la UDI. Mario Zumelzu, asesor de parlamentarios del partido durante el año 2012, cuando se discutía la Ley de Pesca, efectuó asesorías remuneradas para Corpesca. ‚El hizo –relató- una asesoría en seguimiento del proyecto de Ley de Pesca de enero de 2012 en adelante. Se le pagaba –añadió- un monto en UF mensual. La labor de Mario Zumelzu era tantear a las bancadas respecto de sus posturas frente a la Ley de Pesca‛ (20/01/16). El papel desempeñado por Corpesca y la UDI en aprobar la Ley de Pesca, el proyecto impulsado por su militante, el ex ministro de Economía Pablo Longueira, es cada vez más evidente.
Los alegatos en la Corte de Apelaciones y la función cumplida por Orpis hacen más actual el tema de como se aprobó la Ley de Pesca. El diputado Hugo Gutiérrez desde hace meses había expresado su preocupación, porque ‚muchos parlamentarios est{n involucrados en la aprobación de la Ley de Pesca, algunos sin duda fueron derechamente coimeados. (…) por ahora –señaló en junio de 2015- ha aparecido solo la empresa Corpesca de Angelini, pero no me cabe duda que son los otros industriales pesqueros que también están haciendo un lobby gigantesco para que no se siga con la investigación del caso Corpesca‛ (10/06/15).
Luego que la Corte de Apelaciones aprobó el desafuero, el Consejo de Defensa del Estado procedió a querellarse contra Corpesca por su responsabilidad en los delitos de soborno cometidos por su exgerente general Francisco Mujica en el financiamiento otorgado a Jaime Orpis entre los años 2009 y 2013. Roberto Angelini, presidente de Corpesca, en sus declaraciones a la Fiscalía sostuvo no tener conocimientos de estos ilícitos, así como de los recursos entregados a la también desaforada exdiputada Marta Isasi. No. No tuve ningún conocimiento –testimonió- que estos aportes ocurrían‛ (13/01/16). En el escrito del CDE se argumenta que ‚de conformidad con lo previsto en el artículo 20 de la Ley N°20.393, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la defensa de lavados de activos (…) y delitos de cohecho, se decide ampliar la investigación con el fin de determinar la eventual responsabilidad penal de Corpesca‛ (16/01/16).
La fiscal Ximena Chong ha afirmado en sus alegatos que los antecedentes muestran que Orpis favoreció con su conducta a Corpesca y, a la vez, comprueban ‚una corriente de financiamiento permanente‛ de la firma al senador. El 23 de julio de 2015, el exfiscal nacional, Sabas Chahuán, a través de un documento incluyó en la carpeta investigativa de Corpesca a las personas jurídicas. De allí que varios responsables de la empresa, incluido su presidente, fueron llamados a declarar en calidad de testigos. Igualmente es necesario esclarecer las responsabilidades políticas, particularmente en la aprobación de la Ley de Pesca.

En su comparecencia en la fiscalía Centro Norte el exsubsecretario de pesca en el período de aprobación de la ley, Pablo Galilea, al preguntársele sobre el papel desempeñado por Longueira trato de restarle cualquier significación especial, pero admitió que al exministro le correspondió el papel político principal. ‚A su pregunta –le respondió a la fiscal Ximena Chong- en la mesa pesquera yo tomé, diría, más participación que él, pero si tuvo participación. En el acuerdo político –se preocupó de dejar en claro- yo diría que fue al revés‛ (11/12/15).
Como señalamos en el libro Grandes Desafíos, nuevamente, tal como aconteció al promulgarse el ajuste tributario, el gobierno (de Piñera) consiguió aprobar, con el apoyo de casi la totalidad de los senadores democratacristianos y el voto del socialista Fulvio Rossi, la entrega en forma prácticamente indefinida del 85% de las cuotas pesqueras industriales a cuatro consorcios, Corpesca-Orizon, Blumar, Camanchaca, Pesca Sur y Foodcorp (…). La entrega fue por veinte años, es decir hasta 2032, renovables (…)‛1. Se impuso así una vez más la política de los ‚consensos‛.

El grupo Angelini, controlador de Corpesca es el más grande del sector contando con más de un 51% de las cuotas nacionales. Posee el 77% de la propiedad de la empresa a través de las sociedades Eperva e Igemar. El restante 23% pertenece al grupo Lecaros Menéndez, por intermedio de Pesquera Coloso. Ambos grupos luego de la fusión entre South-Pacific Korp y San José, pertenecientes respectivamente a los Angelini y los Lecaros Menéndez, dieron nacimiento a Orizon que tiene poco menos de 8% de las cuotas pesqueras. Orizon y Corpesca, con un 35% de la propiedad cada una, constituyeron Golden Omega.
En 2016, la cuota de jurel es de 276.000 toneladas, la cual casi en su totalidad se la reparten entre Corpesca y Orizon, Blumar de los grupos Yaconi-Santa Cruz y Sarquis, Alimar propiedad de los Izquierdo Menéndez en asociación con la noruega FoodCorp, Camanchaca de Jorge Fernández y Francisco Cifuentes con los Stengel, y Landes de los Fosk y los Bohorodzaner.

El diario El Mercurio editorialmente impugnó la presentación de parlamentarios comunistas de la propuesta destinada a la anulación de la Ley de Pesca promulgada en 2012 sosteniendo que ello pondría ‚en duda el compromiso del Gobierno con el derecho de propiedad‛ (17/01/16). Defiende así no solo los mecanismos utilizados para su aprobación sino que también la entrega prácticamente indefinida de recursos en el sector pesquero industrial a unas pocas empresas por haberlos explotado históricamente. Sin embargo, terminar con la Ley de Pesca constituye una demanda ciudadana masiva. Una encuesta efectuada por Cadem, encargada por la empresa pesquera Lota Protein, constató que un 89% de la muestra considera que ‚durante su tramitación hubo cohecho a parlamentarios de parte de empresarios‛ (18/01/16). Y un 93% que, de comprobarse ello, la ley debiera votarse nuevamente. Los antecedentes sobre la conducta de Orpis entrega un argumento crítico poderoso de la forma como fue aprobada. Lógicamente la Ley estableció otras disposiciones que deberán evaluarse.
El proyecto fue declarado admisible en la Cámara de Diputados, siendo enviado a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. ‚Este acto de admisibilidad –declaró el diputado Daniel Núñez- reivindica al mundo político, frente al acto doloso de un senador de la UDI y de una exdiputada‛ (20/01/16). Inmediatamente se lanzó una ofensiva en contra de la iniciativa por parlamentarios de derecha y de las organizaciones empresariales del sector, donde están presentes los beneficiarios de la Ley.

Frente a la iniciativa, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, declaró ‚que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional (…)‛, esperando que la Comisión de Constitución ‚comparta el criterio del Ejecutivo‛, formulación criticada por el diputado Leonardo Soto (PS), presidente de la instancia. ‚Lo que corresponde –señaló- es estudiar el mérito del proyecto, los fundamentos que tiene y sus dimensiones económicas y jurídicas‛ (21/01/16). En cuanto a la supuesta inconstitucionalidad de la propuesta, el diputado Hugo Gutiérrez lo refutó sosteniendo que el tema de la nulidad de una ley está contemplado en los artículos 6 y 7 de la Constitución. Así se desprende de su integración que está en las bases de su institucionalidad y de su referencia a que todo acto de autoridad puede ser anulado‛. La Ley no es posible ratificarla porque eso significaría –añadió- ‚indemnizar a estas famosas siete familias en US$10.000 millones de dólares (…)‛ (25/01/16).

Hay antecedentes que plantean dudas razonables acerca de la forma en que se aprobó esta Ley –manifestó a su turno el director del Programa de Derecho Constitucional de la UDP Javier Couso- y por tanto debe ser revisada. Sería negligente de parte del Congreso –añadió- no revisar una legislación que otorga tan importantes beneficios y frente a la cual cualquier ciudadano razonable se enfrenta a la duda que pudo haber un procedimiento viciado‛ (22/01/16).
El ministro Céspedes añadió que ‚el Ejecutivo encargó a la FAO un análisis de la Ley de Pesca‛, agregando ‚que propondrá modificaciones para perfeccionarla‛ (21/01/16). La preocupación ministerial debería dirigirse a poner atención en por qué transcurridos dos años de finalizado el gobierno de Piñera sigue vigente una Ley que entrega en la práctica indefinidamente los recursos de la pesca industrial a unos pocos consorcios que usaron todo tipo de mecanismos para lograr su promulgación.
El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Moncada, por su parte, manifestó que la organización ‚ha condenado los escándalos de financiamiento irregular a la política que han afectado a un senador y una exdiputada (…). Sin embargo, el planteamiento de que el sector pesquero industrial pudo haber comprado una ley ‘vía el cohecho y la corrupción’ –agregó- es una afirmación temeraria y carente de toda veracidad (…)‛ (20/01/16). Esta es la duda creciente que existe y amerita, ya por este solo hecho, que se produzca una consideración profunda de la iniciativa.