Isla Riesco: Piden discusión ciudadana para aprobar el uso de tronaduras en Mina Invierno

Un “categórico respaldo” expresó el movimiento Izquierda Autónoma Magallanes al recurso de reposición presentado hace unos días en las oficinas del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Magallanes. La iniciativa, llevada a cabo por el vocero regional de la agrupación Alerta Isla Riesco, Gregor Stipicic, busca garantizar que se abra una discusión ciudadana para autorizar el uso de tronaduras en la mina de Isla Riesco.

Incorporar tronaduras, para disminuir los costos de producción, es uno los objetivos primordiales en los que trabaja el yacimiento carbonífero Mina Invierno, el que atraviesa un complejo momento dado el bajo precio del carbón.

“Mina Invierno” que fue aprobada el 15 de febrero 2011 por el SEA Magallanes, ratificado en Agosto del 2011 por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad y que busca explotar uno de los yacimientos de carbón sub bituminoso B y C (de baja ley, es decir, de bajo poder calorífico se debe quemar mucha más cantidad para obtener el calor necesario y uno de los más contaminantes) ubicada a 130 kilómetros de Punta Arenas (capital de la región), extrayendo 6 millones de toneladas anuales, ha tenido un proceso de solicitud de autorización ambiental fallido para las tronaduras -ya que la autoridad solicitó más antecedentes para evaluar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ahora el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Magallanes hizo ver sus aprehensiones sobre la propuesta realizada por la operación de la empresa ligado a Copec y Ultramar.

Según lo informado en el Diario Financiero, en un documento con consultas -denominado ICSARA, con más de 50 preguntas-, el SEA le indicó a la empresa que “con los antecedentes disponibles en la presentación no es posible asegurar la no generación de riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos” que implica la incorporación de tronaduras.

Por eso, entre otras solicitudes, pidió que Mina Invierno presente “los antecedentes que permitan determinar y justificar el área de influencia del proyecto, para los contaminantes de ruido y vibración, la que en cualquier caso debe definirse de acuerdo al escenario de mayor emisión, correspondiente a la suma energética de las operaciones del proyecto actual y aquellas que incorpora la modificación del mismo”.

Agregan que “con el fin de asegurar que no se generarán efectos sobre la salud de las personas, se requiere aclarar las medidas de control ingenieril que se implementarán, para que los niveles de ruido en faenas de tronadura no sobrepasen el ruido de fondo, dado que existen trabajadores que realizan su descanso en horario diurno, según los roles de las jornadas laborales”.

La obtención del permiso es considerado como clave en la compañía para disminuir los costos de extracción del carbón y, de esta manera, capear la caída de la materia prima, impulsada por la menor demanda de este combustible para la generación, mayor influencia del shale gas y sobre producción China.

Según la DIA, la faena perfeccionará “la estrategia de extracción mecánica mediante palas hidráulicas utilizada actualmente, lográndose una mayor eficiencia en las faenas mineras”. La compañía solicita un máximo de cuatro tronaduras semanales con un volumen aproximado no superior a 100.000 m3 de material a remover en cada una.

Por su parte el vocero de Izquierda Autónoma Magallanes, Arturo Díaz, señaló: “Los ciudadanos de Magallanes ya no estamos dispuestos a que se tomen este tipo de decisiones de espaldas al pueblo. Como magallánicos nos merecemos una evaluación profunda, que determine todos los impactos y riesgos del uso de explosivos en la Isla. Nuestra Patagonia se caracteriza por sus bellezas naturales y debemos hacernos responsables de protegerlas, garantizando al mismo tiempo un uso sustentable de los recursos”, concluyó.

Finalmente, el diputado Gabriel Boric, miembro de la colectividad, respaldó que este tipo de decisiones “deben tomarse de cara a la ciudadanía, exponiendo los beneficios y perjuicios de manera transparente, para que sea el escrutinio democrático el responsable de la decisión y no el poder del dinero”.