Hoy se vota LGE, La Gran Estafa

La ‘libertad de enseñanza’ es el concepto usado por los patrocinadores de la Ley General de Educación, LGE. Se argumenta que aceptar el fin al lucro, demandado por estudiantes, profesores y un sentido común mínimo, sería el fin de la educación de más de la mitad de niños y jóvenes. Una revisión a los dueños de colegios en Chile y algunas de las prácticas e indicadores de su calidad en los últimos años, arroja una compleja telaraña que une a políticos, empresarios y delincuentes. Son poderosos los intereses para que no exista una educación pública de calidad.

Partamos planteándonos algunas interrogantes: ¿Quiénes son los sostenedores de la educación particular subvencionada? ¿A quién beneficia que se mantenga la actual institucionalidad? ¿A qué sector social, empresarial o político podría perjudicar el fortalecimiento de un sistema educativo estatal, con sentido público, laico y gratuito?

VIEJO DEBATE

Cosas de la historia. Al igual que el entrampado esquema político que nos rige, el eje del actual debate educacional está circunscrito a la idea de ‘libertad de enseñanza’, revitalizando la discusión de mediados del siglo XIX, que confrontó al liberalismo político con el Estado Católico. Cabe preguntar: ¿Se materializa en realidad la ambición de la libertad de enseñanza?  ¿Es la ciudadanía la que ejerce este derecho? ¿Qué motiva la defensa corporativa de la clase política a las bases del actual modelo educativo?

A partir de la revisión del Directorio de Sostenedores de Colegios del Ministerio de Educación y el Diario Oficial, hemos compilado algunos datos que dan  pistas sobre los grupos sociales que están gestionando la educación de más de la mitad de los niños chilenos. Sólo en la Región Metropolitana el 32 % de la matricula de los colegios está en el sector municipal y el 56 % en el  particular subvencionado.

CORPORATIVISMO EDUCACIONAL

Entre los “honorables”, los diputados Eugenio Bauer (UDI) y Esteban Valenzuela (Chile Primero), de la Sexta Región, participan en dos proyectos educacionales: la Universidad de Rancagua y el Colegio Los Cipreses, propiedad del dueño de Agrosuper, Gonzalo Vial, con quien ambos palamentarios han tabajado. Sin embargo, Valenzuela votó en contra de la Ley General de Educación, al igual que la diputada Clemira Pacheco (PS), quien hace poco cedió a su familia su participación en colegios de la Octava Región.

Por su parte, el senador Fernando Flores es uno de los dueños del Colegio Altamira, y el diputado UDI, José Antonio Kast,  si bien no está vinculado directamente a colegios, su  familia es benefactora de establecimientos educacionales.
El ex senador Marco Cariola (UDI) es uno de los inversionistas del proyecto Educa UC, de importante impulso expansionista, ya que planean llegar a una matrícula de 30 mil alumnos en 5 años, según anuncian en su página web1. Cariola ha sido un connotado empresario, presidente y gestor de la creación del grupo económico Inversiones Pathfinder S.A.; fue director de empresas como Iansa, Gasco, Metrogas, Nestlé, Carrefour, entre otras. Acompañan al ex senador en Educa UC otros empresarios, como Christoph Félix Schiess Schmitz, director CSAV; José Antonio Garcés Silva, miembro del Consejo Asesor Empresarial de la Universidad de los Andes (ligada al Opus Dei),  accionista de ESVAL y director de Embotelladora Andina; Alberto Hurtado Fuenzalida, socio y presidente de Representaciones Grainco, director de Financo, empresa relacionada a ABN Tanner Bank y socio controlador de Embotelladora Andina.   Andrés Lyon, director administrador del Hogar de Cristo, gerente de Finanzas de Fjord Seafood Chile y director de la Sociedad de Inversiones Antar Chile, también es inversionista de este proyecto educacional.
En el directorio de Educa UC, fundación ligada a la Universidad Católica, está Alejandro Weinstein poderoso empresario farmacéutico; y Raúl Laban, miembro del Consejo Ampliado de Expansiva,  centro de pensamiento de importante influencia y presencia en el actual gobierno.
Un núcleo concertacionista importante ligado a la educación es la Corporación Aprender, fundada y presidida por Sergio Molina, ex ministro de Educación de Frei. En su directorio figura además Mariana Aylwin (DC), ex ministra de Educación de Lagos y también parte del directorio de Belén Educa; y, en su momento, la actual ministra de Educación (ver recuadro).
Molina también figura en la Corporación Belén Educa, dependiente del Arzobispado de Santiago y que sostienen 8 colegios subvencionados. En su directorio está el último ministro de Hacienda de Pinochet, Martín Costabal; José Pablo Arellano, ex ministro de educación de Frei y actual presidente de CODELCO; y Roberto Angelini Rossi, heredero del conocido imperio económico.
A través de la Fundación Educando Juntos estos actores se vinculan en similares  proyectos de educación privada. En primer lugar a la familia Matte, que controla la Sociedad de Instrucción Primaria, administradora de 17 colegios subvencionados y al Opus Dei, a través de Eduardo Fernández León, financista de la Universidad de los Andes y  dueño de la segunda mayor empresa de seguros de vida en Chile: Consorcio S.A. Esta aseguradora sostiene el colegio Monte Olivo. En segundo lugar está la Fundación Nocedal, que administra dos colegios subvencionados orientados a niños de escasos recursos.
CURAS Y EMPRESARIOS

También en la educación hay importantes vínculos entre la iglesia católica y el poder empresarial. En la Región Metropolitana se conectan a través de la Corporación Emprender, ligada a la inmobiliaria SOCOVESA; la Corporación de Educación Popular, ligada a la familia Vial; La Corporación de Beneficencia Maria Ayuda, ligada al movimiento  apostólico de Schoenstatt; y al propio Arzobispado de Santiago. La respuesta en aquellos colegios a las movilizaciones ha sido contundente: La Fundación Pía Marta, dependiente de una congregación religiosa, expulsó a 45 estudiantes tras las movilizaciones del 2006.
Al corporativismo educacional hay que agregar las corporaciones empresariales que sostienen establecimientos técnico profesionales ‘traspasados’ a través del Decreto 3166 de 1980, a diferentes agrupaciones gremial-empresariales.
¿Qué interés hay en ellos en administrar este tipo de establecimientos?
Muchos: Dichas agrupaciones, además de disponer de una subvención especial, y haber recibido gratuitamente la infraestructura, son elegibles para donaciones en el marco de una ley que permite a las empresas privadas descontar hasta el 57,5% de sus aportes directamente de su impuesto anual. Entre 1994 y 1998 el total de recursos movilizado por esta ley sumaba poco menos que 10 mil millones de pesos, la mayor parte de los cuales también fueron captados por el sector particular subvencionado2.
Este tipo de Corporaciones y Fundaciones, ligada a poderosos grupos religiosos, empresariales o a ambos, cada vez sostienen más establecimientos educacionales. Promoviendo similares proyectos educacionales, resisten los vaivenes del actual mercado educacional. Al estar vinculados a los sectores de mayor poder económico del país, logran acceder a todos los sistemas de financiamiento que garantiza la actual normativa. Estos son:
1.- La subvención del Estado que se entrega por alumno matriculado.
2.- Donaciones empresariales establecidas en la ley 18.681. Las empresas pueden donar parte de sus impuestos a los proyectos educativos de su propia elección.
3.- Las propias familias a través del financiamiento compartido.

Un caso: Educa UC utiliza el fondo Expertus de CORFO de más de 20 millones de dólares. Dicho fondo es administrado por inversionistas privados como Independencia S. A. Esta sociedad  de inversiones, especula con capitales de las principales AFPs del país3. Esta podría ser una nueva forma de financiamiento educativo, hasta ahora reservado para este tipo de sostenedores. Con la actual institucionalidad y normativa del financiamiento que perjudica la educación pública gestionada por municipios, serán estas Fundaciones y Corporaciones las que tendrán mejores condiciones para administrar establecimientos educacionales, y las que invariablemente preferirán los padres que no puedan pagar la educación privada tradicional.

LOS MEGASOSTENEDORES

Este es otro sector que se ha favorecido con la actual precariedad de la educación pública. Estos empresarios, algunos provenientes de familia docente, aprovecharon las facilidades dadas por el gobierno militar y luego por la Concertación, para crecer alimentándose de la ampliación de la cobertura educacional.

Un típico caso de ellos es la familia Hormazábal Calderón, descendientes de Gladys Calderón Rojas y Hugo Hormazábal Espinosa, fundadores de CONACEP -Corporación Nacional de Colegios Particulares. Actualmente sostienen directamente sólo 3 establecimientos, por medio de las sociedades educacionales Los Navegantes y Mapocho. A mediados de ‘90 el directorio de la sociedad, constituida por miembros de la familia, acuerda traspasar la administración de casi todos sus colegios a sus profesores. No obstante, la administración de la infraestructura se mantuvo en manos de las inmobiliarias Cañadillas S. A., y El Trébol, a las cuales, 18 establecimientos sostenidos por sociedades que componen los profesores, pagan arriendo mes a mes por los inmuebles.

Otros casos similares son los de Filomena Narváez, dueña de la Universidad de Ciencias de la Informática; y la Familia Romo, dueña de la Universidad Gabriela Mistral.   El ex-presidente de CONACEP y vicepresidente de la Democracia Cristiana, Walter Oliva Munizaga integra la Sociedad Educacional Dagoberto Godoy, una de las sociedades sostenedoras más grandes de la Región Metropolitana, junto con la Sociedad Educacional Boston College, de la familia Martínez Cárcamo; la Sociedad Annete González y Heinrich, de los conocidos colegios González Heinrich High School; y el grupo educacional Alcántara –Alicante, de los hermanos Silberstein, ligados, al igual que la mayoría de los mencionados, al negocio al inmobiliario. Esto les permite lucrar a pesar de tener giro único, tal como lo hacen las universidades privadas.

El perfil de estos establecimientos es eminentemente comercial y ven peligrar sus inversiones  comprometidas en mucho más que las ganancias que pueda darles la subvención educacional, la que al igual como apuestan a aumentarla ven que hace peligrar la estabilidad de su negocio, ello generado por el debate promovido por los estudiantes. El mismo presidente de CONACEP, Rodrigo Bosch, lo manifestó así a El Mercurio a fines de junio.

ENTRE DELINCUENTES E INESCRUPULOSOS

El tercer y más numeroso grupo son los sostenedores que poseen de uno a tres establecimientos educacionales. Unos son empresarios que buscan expandirse en el negocio, como los anteriores, y otros negociantes inescrupulosos, como Manuel Hidalgo, ex sostenedor del colegio Britania. Parte de este grupo han visto amenazado su negocio con las nuevas exigencias de regulación, como la empresaria educativa María Adriana Compagnon, sostenedora de un colegio básico y de media técnico profesional en Peñalolén, el Colegio York, además de socia en una serie de sociedades comerciales4. El establecimiento tiene el record de los peores indicadores de calidad de la comuna. Compagnon además es miembro de la directiva de la Asociación Gremial de Establecimientos Educacionales Privados, que se define destinada a “Promover, defender el desarrollo, progreso y la protección de la Educación Particular y en especial la Subvencionada por el Estado”.

Este grupo también lo integran personas como Franz Daniel Kachele Troncoso. Kachele es socio de la Sociedad Administradora de Establecimientos Educacionales Santa Bárbara, que sostiene la Escuela Básica particular Santa Bárbara. Además es socio de 2 inmobiliarias y de “Inversiones FDKT Limitada”. El director de esta escuela fue acusado de abuso sexual, y expulsado por ello el 2001, hasta que la corte lo dejó en libertad.

Otra lindura es Horacio Escobedo, socio de Servicios de Capacitación Ltda., sostenedora del Colegio de Adultos Sembrador San Benito. Escobedo es investigado por la arista del programa Chile Califica, pues se presume recibió cheques clonados de parte de Gladys de las Mercedes Audala, acusada formalmente por el escándalo subvenciones. Ambos aparecen vinculados en la Sociedad Educacional Forjando Futuro y Cía. Ltda. La imposición de estándares ligados a la subvención, y las dificultades que tendrán para extraer ganancia directamente de los fondos públicos, ciertamente amenazan a este tipo de sostenedores, quienes probablemente venderán o traspasarán sus colegios a los grupos de interés educacionales.

LOS PEQUEÑOS

Otros sostenedores, quizás los reales representantes de la manoseada libertad de enseñanza, poseen un sólo establecimiento, y como máximo dos. Sustentan proyectos educativos comunitarios y se financian por  medio de la subvención y/o financiamiento compartido -las familias. A diferencia de todos los grupos anteriores no los perjudica el fortalecimiento institucional y financiero de un sistema educativo estatal; no perderían estudiantes, pues éstos se hayan ligados estrechamente al proyecto educacional. Ejemplos de esto son el colegio Raimapu, de la Florida cuyo sostenedor es una sociedad compuesta por la comunidad de profesores y apoderados; o el Centro de Educación y Desarrollo Poblacional Casa Azul de La Granja, escuela particular y gratuita, focalizada en la educación de los niños que el sistema actual segrega. Ambas escuelas apoyaron y le dieron un sentido educativo a las actuales movilizaciones de estudiantes5.

Muchos nombres y quizás mayor información queda aún por encontrar, sin embargo lo expuesto permite  extraer algunas conclusiones relevantes para el debate actual.
1.- Según los datos, los sectores de mayor influencia económica,  política y cultural se encuentran en el campo de las Fundaciones y Corporaciones Educacionales, ligadas al mundo empresarial y religioso, marcado por un claro perfil ideológico sustentado por sus vínculos con la clase política. Tan enmarañada red de vinculaciones les arroga el rótulo de corporativismo educacional. Estas entidades cuentan con múltiples vías de financiamiento lo que les permite concentrar una mayor inversión por alumno y resistir de mejor manera los vaivenes del mercado educacional, manteniendo lo estándares y siendo la mejor alternativa para los niños de escasos recursos, frente a un sistema municipal pauperizado. La mantención de un sistema municipal de pésima calidad, implica para ellos altas expectativas de crecimiento en la matrícula.

2.- El grupo de los megasostenedores, de perfil esencialmente mercantil, ha aprovechado la pauperización de la educación municipal para captar su matrícula, y ante los cambios que propone la LGE, tendrán que convertirse en Fundaciones o Corporaciones para mantenerse en el sistema.

3.- El grupo de los inescrupulosos es el que parece tener más dificultades con el curso del actual debate, pues los nuevos mecanismos de control financiero, dificultaran sus tasas de ganancias directas, enajenadas de la subvención educacional. Por otra parte la presencia de agencias de calidad y la evaluación constante, les hará difícil acceder a aumentos en el financiamiento por medio de la ley de subvención preferencial.

4.- ¿A quién perjudica estratégicamente el fortalecimiento de la institucionalidad estatal? El reciente debate sobre fortalecer prioritariamente la institucionalidad educativa dependiente del Estado, ha provocado la oposición de los sectores empresarial y religioso, amparados en “la libertad de enseñanza”. Señalan que si el Estado focaliza sus recursos en la institucionalidad pública, los padres y niños que opten por la educación particular subvencionada serán castigados con menos recursos. No obstante: a) Más inversión en la institucionalidad estatal sólo buscaría igualar la inversión por alumno, extremadamente desigual entre el sistema particular subvencionado y municipal.
b) Con un sistema estatal fortalecido, es muy probable que los niños y familias opten libremente por asistir a él (sobretodo si es laico y gratuito); pues si hoy no lo hacen es debido a la pauperización del sector, producto de las actuales políticas educacionales.
c) Las actuales políticas educacionales no dejan otra alternativa a los padres que la educación particular subvencionada. Si ésta, por los vaivenes del mercado queda paulatinamente en manos del poderoso complejo religioso empresarial antes descrito ¿No se vulnerará gravemente la libertad de enseñanza de la ciudadanía?

OBSERVATORIO DE POLÍTICAS EDUCATIVAS, OPECH

1 http://www.educauc.cl/
2 Cristina Bellei y Pablo González, Educación y Competitividad. FLACSO, 2003.
3 Ver pagina web http://www.independencia-sa.cl/

4 Comercial, Inversiones & Consultorías Asia Pacific Brokers Limitada, Polikemkoplas Comercializadora de Plásticos Limitada, Compagnon, Bernabé y Compañía Limitada, «Sociedad de Inversiones Radalco Limitada», «Optimización de Sistema de Información Limitada», «Sociedad Agrícola Compagnon y Compañía Limitada», «Sociedad Constructora de Viviendas Económicas Santa Cecilia Limitada», «Timoleon Angüita Ltda.», entre otras.

5 Ver Declaración Publica Escuela Casa Azul en http://www.opech.cl/editoriales/2008_06/dec_ciud/COMUNICADO%20CASA%20AZUL.pdf.
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GALLINA CON PEDIGRÍ

Las ‘cualidades’ más destacadas por El Mercurio cuando Mónica Jiménez de la Jara asumió como ministra, es que a diferencia de la destituida Provoste, cuenta con un amplio abanico de contactos en las elites y grupos de poder. Pero el pedigrí no le ha servido mucho a la anciana ministra, quien ha demostrando nula experticia política en el manejo de crisis, debiendo salvarla en muchos debates los ministros Viera Gallo y Pérez Yoma. Si hasta el Canal 13 logró que se le hinchara la vena de la frente ante las cámaras, cuando se le preguntó por qué aún muchos colegios no reciben los textos escolares ministeriales. Claro que es improbable que Bachelet la saque del cargo, considerando las anteriores caídas de Zilic y Provoste.

Jiménez es asistente social; hermana del ministro de Salud de Aylwin, Jorge Jiménez; fue presidenta del directorio de la Corporación Participa; y desde 1992 es del consejo consultivo de Paz Ciudadana. Cercanos la definen como católica integrista y su participación en la Comisión Asesora presidencial fue siempre a favor de mantener el lucro.

MANO DE OBRA BARATA

La ministra también tiene vínculos con la Corporación Aprender, donde fue directora ejecutiva. La entidad atiende a cerca de 3 mil alumnos, desde prekinder a 4º Medio, a través de los colegios Polivalente de La Pintana, el Liceo Técnico Dr. Esteban Kemeny Harmos y el Centro Educacional Sagrado Corazón, ubicado en Lo Espejo.

En el directorio de Aprender figura como presidente Sergio Molina Silva, vice presidente Banco del Desarrollo; Jorge Cisternas Larenas, dueño de Cementos Bio-bio;  Mario Pavón Robinson, gerente general de Sonda;  Miguel Leonvendagar, gerente general de Redbanc; y Fernán Ibáñez, presidente de la Sociedad de Inversiones Profinde.

La corporación se financia en un 50% con subvención estatal, un 10% es aportado por los padres y 40% por empresas. Aprender les retribuye con las prácticas profesionales de sus alumnos, quienes son recibidos en Sonda y el Banco del Desarrollo, para desempeñar trabajo de administración y secretariado.

HUELLA EN TEMUCO

Antes de ser ministra, Jiménez fue rectora de la Universidad Católica de Temuco. Funcionarios de dicha casa de estudios, cuentan que “lo primero que hizo fue asignarse un sueldo líquido de unos 9 millones y medio de pesos, mientras despedían a otros muchos trabajadores que no ganaban mas de doscientos mil pesos. En cambio, sus allegados tuvieron sueldos de mas de cuatro millones de pesos”- según detalla Danae Prado en la web del Ceuch.

Jiménez expulsó a 26 estudiantes por participar en una toma. Wladimir Araya, alumno que cursaba tercer año de Trabajo Social cuenta que fue sumariado “por participar en una toma y a la comisión que analizó el hecho se designó autoritariamente un estudiante para representarnos sin que pudiéramos escogerlo”. Trascendió que entre las expulsadas había una estudiante que por su embarazo no cumplía con la asistencia.

Araya agregó que “cuando me llamaron a declarar por el sumario, me interrogó un fiscal de la universidad a puertas cerradas. No había nadie más. Me mostró un cuadro de fotos y me dijeron que delatara a mis compañeros que participaron en la toma. Yo no lo acepté”. Araya fue expulsado.

En la UCT aún hay miedo. Un funcionario que teme dar su nombre cuenta que desde que asumió el rector que sucedió a Jiménez, Alberto Vásquez Tapia, “los trabajadores hemos sido objeto de reiteradas amenazas. La situación se arrastra desde que llegó a la universidad Mónica Jiménez de la Jara, quien inició un clima poco sano y muy represivo”. El trabajador cuenta que el encargado efectuar esta represión fue el brazo derecho de la ex rectora, Cristián Valdés, quien habría creado un sistema de espionaje y control por medio de cámaras de vigilancia, además de manifestar una prepotencia que se encarnizaba en las funcionarias mujeres. Valdés y Jiménez viajaron juntos a diversos países dando conferencias sobre el proyecto educativo de la UCT.

MBR

Nota de la R: Franz Daniel Kachele Troncoso, nada tiene que ver con casos de DD.HH