La mañana de este jueves un grupo de dirigentes se reunió con el Delegado Presidencial para los Recursos Hídricos, con el fin de exponer sus requerimientos en el ámbito legal y social, en el contexto de la crisis del agua que enfrentan los habitantes de la provincia de Petorca, en la Región de Valparaíso.
Guillermo Toledo, presidente de la Unión Comunal de Comités de Agua Potable Rural de la comuna de Cabildo; Luis Soto y Rodrigo Mundaca, dirigentes de Modatima (Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente); Roberto Muñoz, dirigente del Canal Peñablanca; y los abogados de la Defensoría Popular, Rodrigo Román y Yair Rodríguez, sostuvieron un encuentro con Reinaldo Ruiz, en el que abordaron dos temas, principalmente.
El primero tuvo que ver con exponerle la necesidad de que los abogados de la Defensoría Popular se hagan parte de un recurso de casación que hoy intenta revocar un reciente e importante fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago. La semana pasada el tribunal dejó sin efecto la revocación de los derechos de aprovechamiento provisionales de agua concedidos durante los años 2004, 2006 y 2007 -dictada por la DGA (Dirección General de Aguas)- al DC y ex ministro del Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez Yoma.
Un fallo realizado «de una manera jurídica bastante impúdica», dice Rodrigo Mundaca, secretario general de Modatima, que estableció que los derechos que le entregaron a Agrícola Las Loicas, de propiedad de Pérez Yoma, «no han afectado la vida de terceros». «Es latamente conocido que la privación de agua en la provincia de Petorca ha provocado que mucha gente se abastezca de agua a través de camiones aljibe, que haya gente que privada de agua se baña por presa o defeca en bolsas de plástico debido a la falta de agua para los servicios higiénicos básicos», sostiene el dirigente.
En segundo lugar, explica Mundaca, el fallo señala que los derechos provisionales tienen el mismo régimen jurídico que los derechos permanentes de agua y que por tanto serían propiedad privada de Pérez Yoma. «El propio Código de Aguas señala que los derechos de aprovechamiento provisionales de agua son un derecho precario, que es simple y llanamente una autorización para extraer agua y que además estos derechos ni siquiera se inscriben en el Conservador de Bienes Raíces, por tanto no constituyen la figura jurídica por sobre la cual se asume la propiedad privada de las aguas», dice el miembro de Modatima.
«Objetivamente, ese fallo en la práctica lo que hace es confirmar una vez más que la justicia se encuentra al servicio particularmente de aquellos propietarios que han hecho de las aguas un objeto de lucro, usura y exclusión», dispara Mundaca.
Es en ese escenario que los dirigentes de la provincia de Petorca y la Defensoría Popular, plantearon al Delegado Presidencial la urgencia de tener acceso al expediente y sentirse representados jurídicamente. «Los dos argumentos que esgrimieron los abogados de Pérez Yoma -principalmente Rodrigo Weisner, ex director nacional de la DGA y que hoy está en contra de ella- son absolutamente falaces«, asegura el dirigente. Los derechos provisionales de agua que se le concedieron, particularmente a Pérez Yoma, agrega, «han fragilizado la vida, especialmente de las mayorías sencillas de la Provincia de Petorca«.
Institucionalidad «ausente»
Por otro lado, Mundaca agrega que le hicieron ver al Delegado Presidencial «la ausencia de institucionalidad que existe en materia de agua, la cantidad de años que llevamos denunciando el robo de agua en la provincia de Petorca y que la institucionalidad es incapaz de ponerse a la altura de las circunstancias».
Según expone el dirigente, el Delegado se comprometió a «hacer gestiones con la institucionalidad para poder dialogar con ellos y facilitar el que los abogados de la Defensoría Popular se hagan parte del recurso de casación». Además, planteó que se contactaría con la DGA y con quienes administran el régimen jurídico de las aguas en el país, y sostuvo que «él compartía mucho de nuestras opiniones, pero que iba a hacer lo que estaba dentro de sus facultades».
Cabe destacar que la Defensoría Popular y Modatima están llevando adelante una denuncia en contra de 5 políticos y empresarios que están sindicados por usurpar aguas en la provincia de Petorca, concretamente el mencionado Edmundo Pérez Yoma, Eduardo Cerda, Osvaldo Jünemann, Ignacio Álamos y Juan Ruiz Tagle. El objetivo es que el Fiscal de La Ligua investigue acerca de si la superficie plantada que ellos tienen de árboles se corresponde con los derechos de agua legalmente constituidos.
Por Daniel Labbé Yáñez