Estado y estallidos sociales ad portas

¿Será la tragedia minera la chispa que encienda la hoguera?

Desde que asumió la Concertación, en 1990, luego de acuerdos secretos entre los nuevos inquilinos de Palacio y representantes de la dictadura cívico-militar que ostentó el poder durante 17 años, organismos represivos del Estado se abocaron a la tarea de traspaso de información, personal y recursos, condición impuesta por el pinochetismo para despejar cualquier posibilidad de resurgimiento de levantamientos populares. De esa fecha en adelante, tanto los juicios a civiles y militares encausados por delitos de Lesa Humanidad serían acotados a ciertos personeros, dejando de lado a Pinochet y a su familia y dilatando, en lo posible, otras condenas, evitando de ese modo roces con el militarismo.

Durante ese proceso, los medios de comunicación liderados por el duopolio Mercurio-Copesa, y apoyados por canales de televisión y radioemisoras de igual tendencia, machacaron diariamente un concepto ambiguo, denominado “reconciliación”, cuyo propósito no era otro que lograr “empates morales”; es decir, inculcar en las anestesiadas mentes del connacional común y corriente que en Chile habría ocurrido una suerte de guerra “con bajas por ambos lados», razón por la cual se requería de perdones y perdonazos, olvidos y olvidazos: un barrer bajo la alfombra para no tropezar con la misma piedra.

Cuando se intentó enjuiciar a uno de los hijos de Pinochet por estafas y fraudes varios, vino el “ejercicio de enlace”, con tropas vestidas de uniforme de combate en las calles. La advertencia caló hondo en el gobierno y no se habló más del asunto.

Paralelamente con lo anterior, los diarios, programas de televisión y radios se abocaron a la farandulización del país y de cualquier hecho relevante, borrando todo vestigio de la brutalidad que representó la dictadura, mientras en las universidades privadas en manos del Opus Dei, empresas y poderes fácticos de toda laya, se formaban los futuros líderes que habrían de heredar el poder político.

DELACIONES

La Concertación, convertida en una bolsa de gatos (y de trabajo para muchos), poco o nada hizo por revertir esa tendencia amnésica y conciliadora, y algunos de sus representantes –hoy diputados y senadores- emplearon recursos a discreción para desbaratar a organizaciones políticas y sociales que habían luchado contra la dictadura y que podrían representar alguna amenaza para la incipiente democracia: la “Oficina” y otras reparticiones avaladas por el Estado se dedicaron a incitar la delación, encarcelar y perseguir a militantes e infiltrar a sus bases.

En tanto, El Mercurio y su cadena hinchaba sus arcas de dinero fiscal en avisaje, a la par que medios de comunicación alternativos morían de inanición, dejando a periodistas de calidad desempleados o cumpliendo tareas de relacionadores públicos del poder de turno.

En grandes titulares y noticiarios de televisión, en años recientes, se creó el fantasma de la “inseguridad ciudadana”; del narcotráfico y la colusión de “extremistas” y delincuentes habituales, logrando que una buena parte de la ciudadanía tuviese como tema central en sus conversaciones diarias la necesidad de “mano dura”.

“Puerta giratoria”, “indultos a terroristas”, “seguridad ciudadana” y otros conceptos fueron adoptados, cual borregos, por la mayoría de los chilenos y chilenas, como si estuviésemos ante una inminente guerra civil. No fueron pocos los nostálgicos del pinochetismo que añoraban –tal como ocurrió tras la muerte de Franco, en España- más represión, más cárceles, más muertes en aras de la “tranquilidad de ir a un mall sin ser asaltado”.

Y así transcurren dos décadas de Concertación, en permanente coqueteo con el militarismo, el Estado policial, los grandes conglomerados empresariales que despojan al país de sus recursos apenas tributando; que pagan salarios de hambre y se niegan la participación de sindicatos en faenas, fábricas, salmoneras.

Los sucesivos gobiernos concertacionistas acatan la línea editorial de El Mercurio y Copesa; de Mega y Chilevisión –propiedad de Sebastián Piñera-; de Canal 13 y del Opus Dei; de representantes del empresariado y, por cierto, de la jerarquía militar. En tanto, en Estados Unidos –Seattle- Canadá, Europa y algunos países latinoamericanos, conferencias del G-7 y de los países más ricos del paneta –responsables de la miseria global y de la degradación medioambiental- son boicoteadas bajo un nuevo tipo de organización: entidades multiculturales acuden a esas citas en grandes cantidades, y efectúan sus propias cumbres, la de los pueblos. Las alarmas se encienden en Wall Street y en las sedes del poder político y económico mundial.

Como el “comunismo” o los llamados “socialismos reales” estaban a la baja, sino desaparecidos, se inventaron nuevos fantasmas: el anarquismo; los movimientos reivindicativos de pueblos originarios y las demandas de minorías, incluyendo las sexuales.

Nuevamente el “periodismo” atacó: ¡grupos anarquistas se organizan para crear el caos” –gritaban los titulares. “Mapuches reciben instrucción paramilitar en Colombia”; “Matrimonio homosexual amenaza con destruir a la familia y un descenso de nacimientos en la sociedad”; y un largo etcétera de apocalípticos anuncios.

A meses de un terremoto que ha servido al poder para justificar la profundización de la brecha entre ricos y pobres, cuyo mejor ejemplo es el control económico del país por parte de las cuatro familias más pudientes de Chile; con una oposición desorganizada y una caricatura concertacionista cada vez más alejada de la realidad del ciudadano que gana menos de 200 mil pesos mensuales para sobrevivir, el Estado, presintiendo que al estallido social sólo hay que ponerle fecha, arremete contra “anarquistas/terroristas”, y encarcela a un grupo bajo distintos cargos, entre los que destaca la colocación de bombas de ruido en bancos, empresas y organismos represores. ¡Ojo! Ninguno de esos artefactos ha costado la vida de alguna persona, salvo en un caso, donde quien portaba el explosivo a bordo de una bicicleta perdió la suya accidentalmente.

En una muestra escandalosa de manipulación periodística para apoyar a la derecha, al gobierno y al Estado, El Mercurio, Mega, TVN -¿canal público?-, Chilevisión, Canal 13 –caja de resonancia histórica de la curia, El Vaticano y el Opus Dei, hoy en manos del grupo económico Luksic– además de diarios y radios, pregonan a los cuatro vientos que la percepción de inseguridad y temor en la población es mucho menor y que el país avanza y crece…

En el norte de Chile y a 700 metros de profundidad, 33 mineros luchan por su vida. Atrapados en una mina que no contaba con las medidas de seguridad para tan riesgosa faena, simbolizan claramente el Chile actual: mientras los privados se enriquecen a costa del sudor del trabajador, éste muere en un pique que le reporta algunos pocos miles de pesos por año.

LA FARSA «PERIODÍSTICA»

El Mercurio nada dice de la responsabilidad del empresariado en esa tragedia minera ni tampoco que la cuenta de la luz ha subido 3 veces en menos de dos meses, así como el constante incremento en otros servicios básicos, comida, arriendo, etc., pero sí destaca el apresamiento de los “responsables de bombazos”.

Hinzpeter, ministro del Interior, se ufana de la detención de quienes, según el fiscal a cargo y las policías, serían los autores de los bombazos, pero calla ante consultas que exigen castigo para los dueños de la mina siniestrada. El ministro intuye que la reacción del pueblo ante el eventual deceso de los trabajadores atrapados, puede ser peor que las bombas de ruido.

El Estado y los diarios, divulgan presuntos nexos entre la guerrilla de las Farc y comunidades Mapuche. Nada se ha demostrado, pero ya las personas comienzan a justificar allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas y muertes. La iglesia católica, sobrepasada por acusaciones de pedofilia, distrae la atención lanzando sus dardos contra el matrimonio homosexual, y las policías realizan detenciones preventivas entre estudiantes, jóvenes, trabajadores y comuneros, ensañándose con quienes se identifican con el anarquismo o bien aquellos que no nos dejamos engañar por la propaganda del Estado.

Por Enrique Fernández Moreno