En México existen más de 500 personas encarceladas por cuestiones políticas

Foto: Mario Marlo

El Comité Nacional por la Libertad de los Presos Políticos denunció que en México existen alrededor de 500 personas presas en distintos penales del país, por su ideología e inclinaciones políticas.

La mayoría de ellos son activistas, profesores, policías comunitarios, autodefensas, comerciantes, estudiantes e indígenas, relacionados con la defensa de sus territorios y encarcelados en penales de máxima seguridad por presuntos delitos como secuestro, robo, delincuencia organizada o asesinato.

Muchos de ellos «señalados y acusados por los propios policías que los detuvieron o por autoridades gubernamentales involucradas con la delincuencia».

«Estamos aquí para seguir demandando las injusticias y el tiempo que llevan nuestros compañeros presos, estamos exigiendo que el gobierno de México cumpla la recomendación que le hizo la ONU por Nestora y los demás compañeros detenidos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC); no sólo se ha violado su proceso al llevar 30 careos y ninguna supuesta víctima que la acusa, no le permiten tener actividades como a los demás presos y eso ha hecho que enferme»: Giovanni Torres Salgado, sobrino de Nestora Salgado.

Ernestina García, esposa de Arturo Campos, consejero regional de la CRAC-PC de Ayutla de los libres,  Guerrero, explicó»Mi esposo está encarcelado injustamente por el proyecto de la CRAC, privado de su libertad desde hace tres años y venimos a exigir, no a pedir favor, queremos su libertad inmediata y la de todos sus compañeros».

También se sumó a la exigencia Adán Mejía, padre de Adán Mejía López: «sin importar que seamos indígenas nuestros derechos humanos se tienen que respetar, Peña Nieto ha firmado con organismos internacionales pero no los cumple».

Mejía López, líder de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL), se encuentra detenido cerca de un año acusado presunto robo de un teléfono celular y una billetera, en la cual portaba 9 mil pesos, denunciado por Vicente Manzo Martínez, en la ciudad de Oaxaca, Adán no aceptó los cargos y señaló que Manzo fue quien lo agredió y a sus compañeros, con al rededor de 50 personas, realizando disparos con arma de fuego.

En esta misma rueda de prensa asistió un representante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) «28 de octubre» de Puebla, quien denunció que el Gobierno, representado por Rafael Moreno Valle, «trata de destruir» a la Unión Popular de Vendedores, no cumplió con lo que se comprometió debido a que no canceló el proceso penal 452/2015 del Juzgado Tercero Penal el cual tiene bajo proceso a la Dirigente General Principal y de la Comisión Negociadora, Rita Amador López; María de la Luz Gálvez Javier, Sergio León López y Silverio Montes Silva y cancelar las 127 averiguaciones previas que dice el Fiscal General tener y demandó la libertad de los detenidos de esta organización.

Los presos de esta organización están enfermos con peligro de perder la vida entre ellos el Asesor General Rubén Sarabia Sánchez «Simitrio», con cirrosis hepática; sus dos hijos Atl Tonatiuh Sarabia Reina, está perdiendo la audición de ambos oídos y requiere intervención quirúrgica urgente, Xihuel Sarabia Reyna (acusado de narcomenudeo), enfermo de anginas, con una fuerte infección que necesita traslado a un hospital; y Luis Fernando Alonso Rodríguez, enfermo de diabetes, lastimado de un pie izquierdo con despedimiento de uña y peligro de que se complique. Las autoridades penitenciarais, según lo que comentan los denunciantes, han negado la atención aunque el costo de estas enfermedades sean pagados por miembros de su familia y su organización.

Una intervención más fue la de Gabriela Hernández Arreola quien puntualizó la liberación de todos los «presos políticos» del país y su pronta absolución jurídica, junto con la de Bryan Reyes Rodríguez, activista social. Pidió que se derogue el articulo 287 que menciona «ultrajes a la autoridad» del Codigo Penal, ya que su proceso depende de éste, y que el 362 que señala «ataques a la paz pública» sea inconstitucional ya que son «violatorios de derechos humanos y crimanalizan la protesta». Por estos artículos 287 y 362 se tiene detenidos cuatro activistas: Yessi Alejandro Montaño, Abraham Cortés, Luis Fernando Sotelo y Fernando Barcenas Castillo que han sido detenidos en el contexto de marchas.

También dijo que el encarcelamiento del profesor de la Universidad de Chapingo, José Félix Arana, encarcelado desde noviembre del año pasado en el Reclusorio Sur, acusado del supuesto homicidio de su esposa, «por negarse a darles dinero a los policías» que llegaron en el momento de los hechos.

Antes de dar por terminado esta espacio de denuncia se realizó un enlace con Gonzalo Molina, encarcelado por su participación en la CRAC-PC de Guerrero, quien denunció a los  cuerpo policíacos, incluidos el Ejército Mexicano, «no están para proteger al pueblo, sino para proteger a la delincuencia, van a los pueblos y comunidades para causar miedo, para que nuestro pueblo no se organice y someternos, aquí en México se violan los derechos humanos, se encarcela, se desaparece y se asesina a todo aquel que lucha por mejores condiciones de vida.» Detalló.

Se anunció concretar algunas actividades de lucha para la liberación de todos los presos del país, una de ellas es el Tercer Encuentro Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, los días 23 y 24 de abril, en Olinalá, Guerrero.

Por Perseo Greco

El Ciudadano