Se ha desatado una campaña para someter al Litio al mismo régimen de concesiones que en pocos años ha entregado el 70 por ciento del cobre a manos privadas, que se lo llevan sin pagar practicamente nada por el recurso. Actualmente no es concesible y las dos explotaciones privadas existentes (SQM y Chemetall-SCL) son reguladas por contratos con el Estado por períodos determinados, que permiten fijar cuotas de extracción y cobrar derechos y royalty. SQM, por ejemplo, paga 6,8 por ciento sobre las ventas. Desde luego, pueden ser rescindidos si así lo exige el interés nacional. Modificar dicho régimen no va a conducir a nada bueno, mientras no exista una disposición política clara de recuperar plenamente los recursos que pertenecen a la nación.
El Ministro de Minería dio el vamos a la campaña, en una columna publicada en El Mercurio el 5 de agosto del 2010 , que refleja una lamentable falta de conocimientos acerca de la materia. De partida, el máximo responsable de la minería chilena clasifica el Litio como no metálico; cualquier alumno de secundaria puede comprobar que ocupa el primer lugar en el grupo de los metales alcalinos, junto al Sodio, Potasio, Rubidio y Cesio, en la tabla periódica de los elementos. Acto seguido, reconoce que Chile produce hoy el 40 por ciento del Litio mundial, pero según él es abundante en muchos lados y las reservas del Salar de Atacama alcanzarían para 1.500 años. Luego repite el consabido “argumento” de ofrecer las máximas garantías a los inversionistas, de modo de explotarlo lo más rápidamente posible; del mismo modo justificaron la entrega del cobre. Y continúa: “Hasta donde sabemos, el litio no tiene ningún tratamiento especial en ninguna parte del mundo y parece razonable que Chile siga los mismos pasos”. Esto es notable ¿acaso no conoce el ministro que Bolivia, país que posee una de las mayores reservas a nivel mundial, ha declarado el litio como un mineral estratégico, y ha estado desarrollando un vigoroso proyecto de industrialización del litio “100% boliviano”. “Sentarse sobre un mineral a esperar no tiene ningún valor,” concluye nuestro estratega.
La carta del Sr. Ministro fue seguida por un “seminario,” organizado por las dos empresas que explotan actualmente el Litio y difundido ampliamente por El Mercurio, entre otros medios. Los ponentes repitieron las mismas monsergas.
El Litio fue dejado al margen de la malhadada ley de concesiones de 1981 porque resulta clave en el proceso de fusión nuclear, que en perspectiva de largo plazo pretende nada más y nada menos que resolver el problema energético del mundo. Por este motivo, es regulado por la Comisión Chilena de Energía Nuclear, CCHEN, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Energía y cuyo Consejo Directivo incluye a representantes de las FF.AA. Años más tarde, el mundo tomó conciencia del calentamiento global, generándose una demanda potencial enorme de Litio para producir baterías eléctricas. Esto último genera la presión actual por eliminar las restricciones a que está sometida su explotación.
Es importante consignar asimismo que a diferencia de otros minerales, en Chile el Litio es un producto del Salar de Atacama, que es un organismo vivo del cual se conoce muy poco. Resulta imperioso investigar a fondo las implicancias de una explotación masiva del metal, antes de proceder a la misma con riesgo de dañar su fuente. De hecho, los contratos de explotación establecen que un 0,8 por ciento de las ventas deben destinarse al Instituto del Litio, organismo de investigación del Estado que hasta el momento no ha contado con este aporte. Ello debe corregirse.
En lugar de eliminar las restricciones existentes, el Estado debe proceder a utilizar con decisión todas las atribuciones que las mismas le otorgan.
Lo primero es rescindir los contratos con los operadores existentes, que los adquirieron en procesos de privatización poco transparentes realizados por la dictadura. El caso más escandaloso es el de Soquimich, empresa que hoy día explota casi todo el Litio, y de la cual se apropió el yerno del ex dictador. Este obscuro funcionario a quien su suegro encargó privatizar la empresa y se quedó con ella, actualmente es uno de los hombres más ricos de Chile… gracias al auge del Litio.
Una vez rescindidos dichos contratos, el Estado cuenta con todas las atribuciones legales para aplicar al Litio la mejor política de recursos naturales existente en el mundo: la aplicada por Noruega. La misma opera sobre principios muy sencillos: los recursos naturales pertenecen a la Nación. Se permite su explotación por parte de privados, los que obtienen una ganancia normal sobre el capital invertido. Sin embargo, toda la renta de los recursos va al Estado, mediante el cobro de royalty y otros cargos, los que se ajustan constantemente a los precios de venta.
Al mismo tiempo, se reserva la mayor parte para su explotación directa por una empresa del Estado, de modo de asegurar su conocimiento cabal de todos los aspectos del negocio y se reserva el derecho a fijar cuotas de producción. En el caso particular del Litio, un grupo de parlamentarios ha propuesto que el Estado lo explote de modo exclusivo, lo que no parece una mala idea.
Una política soberana de este tipo es lo que Chile necesita implementar para todos sus recursos naturales y desde luego para el cobre. El Litio sería un buen comienzo y el Estado cuenta con todas las atribuciones para aplicarla hoy respecto de este metal. Sin embargo, no lo hace.
La campaña desatada para modificar la legislación que rige el Litio tiene como objetivo privatizar este recurso del mismo modo que el cobre. En el contexto político actual, otros intentos de modificar la legislación, por bien intencionados que sean, corren el riesgo de ser instrumentalizados para presentar a sus impulsores como parte de un «consenso entre gobierno y oposición para modificar la legislación del Litio,» como tituló El Mercurio su reportaje acerca de las conclusiones del seminario antes referido.
Lo que se necesita es una gran campaña nacional para exigir al Estado que haga uso de las atribuciones que la ley le otorga para recuperar hoy este estratégico recurso y aplicar respecto del mismo una política soberana moderna.
¡El Litio es chileno!
Por Manuel Riesco
Economista de Cenda
El Ciudadano