Tras la reunión del Consejo de Seguridad Interior en San Carlos de Bariloche, se oficializó el anuncio de la aprobación del protocolo para «regular» la protesta social, el cual contó con el aval del 80% de las provincias.
El protocolo prevé un «espacio de diálogo» frente a un corte en la vía pública, instancia en la cual se le dará «aviso a la Justicia». Si no se obtienen los resultados esperados, las fuerzas de seguridad actuarán para «disolver la manifestación», siempre haciendo el «uso mínimo de la fuerza».
«Grabaremos cada instante de las marchas, pediremos los registros y trabajaremos de la mano de la Justicia para lograr garantías para todos los ciudadanos, porque yo estoy aquí para garantizar la Seguridad», informó la ministra en su cuenta de Facebook.
Bullrich, a la salida del encuentro, aclaró que cada provincia y la ciudad de Buenos Aires deberá «adecuar el protocolo a sus características, sus códigos contravencionales, sus códigos de procedimiento y establecerán el momento para dar intervención a la Justicia en virtud de las facultades no delegadas de las provincias garantizadas por la Constitución Nacional».
El anuncio se dio en el marco de la jornada de lucha nacional para exigir la libertad de la líder social y legisladora del Parlasur Milagro Sala -quien ha sido caratulada como «la primera presa política del macrismo»-, que contó con cientos de bloqueos de caminos y rutas a lo largo y ancho del país, especialmente los accesos a la Capital Federal. La protesta culminó con más de una decena de militantes detenidos en Jujuy, provincia gobernada por Gerardo Morales, quien acusó a Sala primero por «instigación al delito y tumulto» y luego por supuesto «fraude y malversación de fondos», causas que la han mantenido presa desde hace un mes.
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