Transporte público: ¿Improvisación o falta de voluntad política?

La nueva alza en el pasaje del Metro, que llegó a los $740 en horario punta, provocó gran malestar entre los usuarios, quienes se manifestaron con amagos de evasión, y un nuevo golpe a los bolsillos de quienes usan el transporte público.

Junto con las reacciones inmediatas ante la intempestiva medida de la autoridad, queda en claro que no se ha llevado a cabo un proceso de planificación en esta materia, que tiene su base en la escasa voluntad política de concretarla.

Entre los elementos que destacan al momento del análisis de la situación del transporte público se pueden destacar la estructura subsidiaria del Estado, leyes inadecuadas, competencias indefinidas en la toma de decisiones y la concentración de las mismas en Santiago. Además de los errados métodos para establecer los costos de la producción de servicios de transporte público -dado que se aumentan las tarifas en función del “déficit” de las empresas sin saber si están siendo eficientes-, y la falta de variedad en las soluciones consideradas: sólo Metro y autobús, dejando fuera, por ejemplo, los ferrocarriles urbanos o los tranvías.

En este sentido, Juan Enrique Coeymans, miembro del denominado Panel de Expertos del Transporte Público, ente técnico que determina las tarifas del Transantiago, cree que uno de los ejes del problema del transporte público se encuentra en “el aumento exponencial del uso del auto y la congestión consecuente». En provincias, agrega «casi ha desaparecido el servicio de Minibuses y Buses, y se ha ido concentrando el transporte urbano en los taxis colectivos, los cuales desde todo punto de vista son más  dañinos del medio ambiente, y además mucho más caros los servicios que presta”.

Por otro lado, Andrés Fielbaum, Ingeniero en transporte y ex presidente de la FECH, señala respecto a los pilares del transporte público que debe darse una mirada más amplia, pues “hay un eje que no tiene que ver con transporte directamente, pero sí con el crecimiento desregulado de la ciudad. Tenemos una ciudad cada vez más grande, totalmente segregada y que en la realidad no permite que el transporte público pueda hacerse cargo”.

Y al mismo tiempo, agrega que “existe un ideologismo que impide que el Estado se haga cargo de la gestión del transporte público, que finamente se verifica en la precarización laboral de los conductores. Junto con eso el llevar a cabo grandes inversiones en autopistas urbanas y no aumentar los aportes al transporte público”.

Formación profesional y tarifas

Mientras Coeymans señala otro punto crítico, que tiene relación con la falta de formación profesional. Lo que se debe -dice- a que “ningún gobierno ha sido capaz de ampliar las plantas de profesionales para que trabajen estos temas de transporte en provincia. Simplemente Hacienda no lo permite. Mientras tanto la carencia de una masa profesional  ha impedido que se echen a andar proyectos que podrían ser impulsores más radicales de un mejoramiento del transporte público en provincias”.

Junto con lo anterior, uno de los puntos críticos y que golpea a los usuarios, es la tarifa del transporte público. Hoy el nivel de inversión es insuficiente y, por otra parte, se limita a transferirle recursos al sector privado, que ha dado claras muestras de que es incompetente para aportar soluciones.

En este sentido, Fielbaum cree que “con la tarifa que tenemos actualmente se le dice al usuario ´evada´, o ´viaje menos´ o, como pasa con la clase media, se aumenta el incentivo para el uso del automóvil”.

Sobre las proyecciones en este tema, Coeymas expresa que “creo que se  debe atacar este problema con mirada de  futuro y no inmediatista, y orientar las inversiones para que los planes que se diseñen puedan  llevarse  a cabo”.

Mientras, el ex presidente de la Fech recalca que “hay que pensar hasta qué punto queremos tener una ciudad habitable y recorrible por los ciudadanos. El transporte público siempre va a requerir altos niveles de subsidios para que la tarifa no aumente desproporcionadamente, lo que finalmente es una decisión política que hasta ahora no se verifica”.