Estudiante impedido de matricularse durante 3 semestres presentó recurso de protección contra rector de la PUCV

Foto Rens Veninga

La Defensoría Popular presentó este viernes 19 de febrero un recurso de protección a favor del estudiante de Trabajo Social de la PUCV, Miguel Moya, solicitando se declare ilegal la sanción firmada por el rector de esa casa de estudios, Claudio Elórtegui, que le prohíbe matricularse durante los próximos 3 semestres. Junto con esto, el requerimiento pide que se ordene la restitución del alumno a su carrera.

La universidad lo sancionó por el supuesto «liderazgo» que habría tenido Moya durante la toma llevada a cabo en los edificios Monseñor Gimpert y Rubén Castro los días 15 y 16 de julio de 2015, y por la calidad de «encubridor» que le cabría -según acusa la universidad- de los destrozos que allí se produjeron.

La acción fue interpuesta luego de que el Ministerio Público desestimara por falta de pruebas las acusaciones en contra del estudiante que realizó la casa de estudios a través de una querella. El Ciudadano conversó con Miguel Moya sobre este recurso, el actuar de las autoridades de la PUCV y los desafíos del movimiento estudiantil.

Señalaste que el proceso que se llevó en tu contra en la PUCV estaba viciado…

El día viernes junto con la Defensoría Popular interpusimos un recurso de protección, específicamente contra el rector de la PUCV (Claudio Elórtegui), porque finalmente él es quien firma la sentencia en mi contra y que me deja sin poder estudiar durante un año  medio. El fondo de porqué interpusimos este recurso es reafirmar y denunciar que el proceso de investigación ha estado ligado a la persecución política más que a la certeza y a la claridad del proceso en contra mía. En este sentido, tiene que ver con faltas al debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a guardar silencio, la objetividad garantizada de los jueces a la hora de decidir, la transparencia de la investigación, el derecho a una legítima defensa y un par de cosas que la propia PUCV en este caso no tomó en cuenta, pasando a llevar su propio reglamento.

¿Hay una abierta crítica a las autoridades de la PUCV?

Hemos visto que el proceso ha estado viciado y que hay una intencionalidad política detrás de todo esto. La muestra más clara que tenemos tiene que ver con la querella criminal que interpuso la universidad en mi contra y otro compañero de la carrera de Trabajo Social, José Vega. Siempre demostramos que José no estaba en la región cuando ocurrieron los hechos que se le acusan en el día de la toma e igual se le está acusando de robo y de destrucción. En contra mía hay una acusación similar. Pero imposible que pudieran tener alguna prueba, ya que no cometí los actos de los cuales se me acusa. Además, nos enteramos que el Ministerio Público nos da la razón, toda vez que da orden de no perseverar en la querella porque simplemente no existen pruebas. Se presenta la querella, el Ministerio Público lleva una investigación con trabajo de la PDI, un par de diligencias más y definitivamente decide no perseverar porque da cuenta que la acusación de la PUCV no tiene ninguna prueba fundada para poder hacer el relato de los hechos que plantea.

Moya en toma de la PUCV

¿Consideras que hubo malas prácticas por parte de la PUCV, una especie de ‘cacería de brujas’?

Es importante comprender dentro del proceso del movimiento estudiantil de la PUCV, que las demandas que planteamos desde el 2011 y las que estábamos peleando el 2015 eran exactamente las mismas; y de manera recurrente en todas las tomas organizadas por los estudiantes la PUCV dio orden inmediata de desalojo sin ninguna instancia previa de diálogo. También existen otro tipo de amedrentamientos, tales como prohibición para realizar actividades dentro de la U, no prestar salas para reuniones de los estudiantes de la carrera de Trabajo Social, en nuestro caso, y -lo más repudiable- es que hay ciertas «figuras» al interior de la PUCV que hacen amedrentamiento de manera personal, llamando a compañeros y diciéndoles que no siguieran «hinchando» porque podrían perder sus becas, todo esto de manera completamente matonesca.

Al igual que en la época de la dictadura en las universidades, con sapos al interior de las carreras…

El reglamento que hoy utiliza la PUCV para llevar esta persecución no había sido utilizado anteriormente y no me cabe duda que sus bases están escritas en tiempo de la dictadura.

¿Qué buscan lograr con el recurso de protección?

A nivel personal, busco retomar mis estudios que se han visto trucados por esta sanción injusta, y que se declare ilegal tanto la investigación como la sanción. También tiene que ver con deslegitimar este tipo de procesos y sanciones, donde las autoridades son jueces y parte en los procesos internos. Es importante comprender que lo que hoy pasa en la PUCV, está pasando también en otras universidades, como la Alberto Hurtado, universidades del sur del país, en la Universidad Central, etc. Entonces parece haber una línea que están siguiendo las autoridades de las universidades en Chile.

¿Tuviste oportunidad de conversar con el rector?

No, lamentablemente las autoridades universitarias se han negado a dialogar con los afectados y la única instancia de cierto «dialogo», tiene que ver con las apelaciones y los descargos escritos que se pueden presentar. Pero poder transparentar los hechos, el proceso acusatorio y de sanción no ha existido en ningún momento. Además, las cartas que nosotros hemos enviado francamente nunca fueron tomados en cuenta.

Moya y compañeros en las afueras de la PUCV. Foto Rens Veninga

«YO REIVINDICO EL DERECHO A ESTUDIAR»

Independiente del vicio del proceso en sí, ¿se sostienen las acusaciones realizadas en tu contra?

No se sostienen de ninguna manera. Vemos que el tipo de figura que la universidad utiliza son completamente inventadas. A mí se me acusó de «encubridor» de aquellos que cometieron los hechos de robo y daño, ante lo cual declaré que estaba en un lugar distinto de  la universidad al momento de los hechos, cosa desestimada por las autoridades. Pero lo que resulta más preocupante es que esta figura, la del «encubridor», no existe dentro del reglamento interno de la PUCV.

¿Has recurrido a otras instancias para pelear tu caso: la Superintendencia de Educación, por ejemplo?

Estamos siguiendo el orden lógico que se relaciona con agotar los procedimientos internos para posteriormente recurrir a otro tipo de recursos. La experiencia dentro del movimiento estudiantil nos señala que los recursos presentados en la justicia han dado buenos resultados y se ha obligado a las universidades a reincorporar a sus alumnos.

¿Has recibido apoyo de la comunidad estudiantil, profesores, compañeros?

En un primer momento profesores y estudiantes estuvieron apoyando mi causa, pero debo decir que aquellos que me han apoyado han sido amedrentados. Los profesores de la Escuela de Trabajo Social tuvieron una reunión con el rector y luego de eso el apoyo ha disminuido, lo mismo con los chicos de la Federación de Estudiantes. Existe temor por las represalias de parte de Rectoría en cuanto a que me puedan apoyar en este proceso; aún así lo han hecho, pero da cuenta de la actitud matonesca de parte de las autoridades de la PUCV.

¿Tu intención es volver a la PUCV, te da garantías volver?

Yo reivindico el derecho a estudiar, ser libres para poder estudiar en la universidad en la cual estaba y en la cual quisiera estudiar también. El derecho a poder organizarme junto a mi compañeros y exigir ciertas transformaciones. En ese sentido, yo no voy a dar mi brazo a torcer, seguiré dando esta pelea, voy a reingresar a la PUCV y hoy más que nunca estoy convencido de que hay que generar reformas dentro de la misma.