Aunque todavía estamos en febrero, la maldita TV ya instaló la idea de un Súper Lunes, caótico y estresante, pero tómese las cosas con calma: recién mañana comienza el temido mes de marzo.
Para los ciudadanos comunes y corrientes la llegada de marzo implica tacos, pago de patentes, gastos escolares, el fin de la ilusión del verano, y sobre todo, la vuelta del estrés. Para la elite, marzo también trae lo suyo.
Tras las vacaciones el Gobierno regresa con toda su energía a sacar del horno tres proyectos emblemáticos que quedaron pendientes; el tercer mes del año también verá la instalación de nuevas autoridades en el Poder Legislativo, y a un diputado enfrentando su probable desafuero.Con nuevos presidentes en ambas ramas del Congreso comienza el mes del segundo aniversario de la Presidenta en La Moneda. En la Cámara Baja asumirá el diputado (PS) Osvaldo Andrade, mientras que en la testera del Senado lo hará el PPD Ricardo Lagos Weber. En tanto, el Gobierno espera darle salida a tres proyectos de ley que quedaron rezagados antes de las vacaciones. El primero es la aprobación de la ley de aborto en tres causales; seguido de la reforma laboral y la ley corta de seguridad pública.
Desde ya se espera que la llegada de ambos parlamentarios oficialistas a las respectivas presidencias del Congreso contribuyan al éxito legislativo que espera el Gobierno, en especial, en la reforma laboral, donde el oficialismo tiene los votos para aprobar el proyecto, restando sólo alinear a los senadores de la Nueva Mayoría, aspecto donde la mano del presidente del Senado es clave.
Otro aspecto adicional al arribo de Andrade y Lagos es la expectativa que ambos generan en su manejo con la prensa. Se sabe que tanto el ex presidente del PS como el ex ministro PPD tienen un estilo cercano con los medios, son buenos cuñeros, siempre tienen algo que decir, por lo que desde que asuman sus nuevos cargos los medios no les perderán pisada.
El que no la tiene nada de fácil es el diputado (PS) Christian Urízar, cuya militancia se encuentra suspendida luego que el 15 de marzo de 2015 la Fiscalía regional de Valparaíso lo formalizara por fraude al Fisco por un monto de 68 millones de pesos, en el marco del llamado Fraude a la Intendencia II, mientras el parlamentario se desempeñaba como consejero regional.
En el libelo encabezado por el Fiscal Regional de Valparaíso, Pablo Gómez Niada, junto a los fiscales de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de la Fiscalía Regional, Claudio Rebeco Muñoz y José Uribe Ortega, también se encuentran imputadas otras tres personas. Se trata del socialista Luis Vásquez Aguillón, Carolina Ibaceta Arenas (pareja del anterior y asesora del parlamentario en el Congreso) y Lautaro Correa Castillo (entonces concejal PS en La Calera), según informó el Ministerio Público.
La situación del diputado del distrito 10 ya era complicada tras la formalización, lo que llevó a su partido a pedirle que suspendiera su militancia. Pero a partir del pasado 10 de enero las cosas comenzaron a complicarse mucho más tras la petición de desafuero realizada por la parte persecutora.
La acción fue introducida al Tribunal por los fiscales Claudio Rebeco y Patricio Toro, quienes arribaron al Tribunal de Garantía de Valparaíso para solicitar que la investigación que se lleva en contra del diputado Urízar fuese suspendida a la espera de que la Corte emita algún veredicto a la solicitud de desafuero, cuyo fallo se espera conocer los primeros días de marzo.