En días pasados la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en compañía de diversos representantes de organizaciones, presentaron un informe donde se denuncia el aumento en la práctica incriminatoria hacia defensores de derechos en América Latina.
El informe, realizado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, muestra preocupación por las condiciones a las que se ven enfrentados los defensores de derechos humanos en países de América Latina, siendo víctimas de ataques y criminalizaciones desde el aspecto político y empresarial.
“Criminalizar y hostigar a quien defienden los derechos humanos y los derechos de la tierra se está convirtiendo en una conducta recurrente en América Latina. No se trata de un fenómeno aislado. Muchas veces los jueces y los fiscales tienen su parte de responsabilidad en el proceso de criminalización. Esta complicidad debe terminar”.
El informe destaca dos puntos. El primero, señala la cada vez más frecuente criminalización de defensores de los derechos de la tierra, el territorio, derechos laborales y grupos vulnerables, en relación con los “megaproyectos” y las extracciones de recursos naturales.
El segundo resalta el trabajo conjunto de las empresas y autoridades judiciales en el proceso de criminalización de activistas, dirigentes o líderes comunitarios, además menciona la incapacidad de estos al garantizar el respeto a los derechos humanos y la libertad de la protesta social.
Entre los países de América Latina donde la práctica de criminalización de defensores de derechos humanos va en aumento se encuentran Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Perú.
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