Tras casi tres meses de negociaciones, el gobierno de Macri llegó a un principio de acuerdo con, según las palabras del ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, «los cuatro fondos más duros, que representan al 85 por ciento de los acreedores». Argentina deberá pagar 4653 millones de dólares, costos legales incluidos, para lo cual buscará nuevas deudas en el mercado financiero mundial. Esta cifra implica una ganancia exorbitante para los holdouts que no entraron en la reestructuración de la deuda.
El mediador dispuesto por el juez Thomas Griesa, Daniel Pollack, brindó una conferencia de prensa en Nueva York en donde anunció la firma de un preacuerdo que tendrá vigencia hasta el 14 de abril al mediodía (hora de Estados Unidos), fecha en la cual si el gobierno argentino no se realiza el pago «todo volverá a cero».
Pollack también aclaró que las medidas cautelares que impiden el pago al resto de los acreedores que habían ingresado en la renegociación de la deuda durante las gestiones kirchneristas de 2005 y 2010, serán eliminadas por el juez Griesa una vez que Argentina cumpla con el pago.
Para cumplimentar el acuerdo, el Gobierno debe lograr que el Congreso derogue las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, que no permiten realizar otra negociación que no sea la alcanzara con el 93% de los bonistas que accedieron a la reestructuración de la deuda. En este sentido, Pollack dijo que el juez Griesa seguirá «muy de cerca» el proceso en el Parlamento.
En tanto, el exministro de Economía kirchnerista, Axel Kicillof, declaró sobre el acuerdo que el actual gobierno festeja «que vamos a endeudarnos a lo loco» y agregó que, si bien no quiere hacer pronósticos de «grandes tempestades», ya se estaría viendo que «la producción de autos cayó y que hay despidos en el sector privado». «A nosotros, en 12 años, esas cosas no nos pasaron», sentenció.