La Procuvin confirma que la detención de Milagro Sala es ilegal

La Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin) dictaminó que la detención de la dirigente social y legisladora del Parlasur, Milagro Sala, es violatoria de las leyes. El dictamen también asegura que los dos jueces y la fiscal que intervinieron en la causa habrian cometido delitos tipificados por el código penal.

La Procuvin confirma que la detención de Milagro Sala es ilegal

Autor: Estefanía González

Milagro Sala está presa en una cárcel de mujeres hace más de 40 días. A pesar de las denuncias nacionales e internacionales, la Justicia jujeña sigue empeñada en privar a la dirigente social de su libertad. Al principio, la causa que la vinculaba era por «instigación al delito y tumulto», por un acampe que su organización, la Tupac Amaru, junto con otros movimientos sociales realizaba frente a la sede del gobierno provincial. La segunda, fue por supuesta malversación de fondos. Ambas acusaciones provinieron del gobernador de Jujuy, el radical alineado con el macrismo, Gerardo Morales.

Ahora la Procuraduría contra la Violencia Institucional dictaminó que la detención de Milagro Sala es ilegal y que tanto los dos jueces que participaron en la causa, Raúl Gutiérrez y Gastón Mercau, como la fiscal interviniente, Liliana Fernández de Montiel, habrían cometido delitos tipificados por el código penal.

Este dictamen se basa en los fueros que le corresponden a Milagro Sala por ser parlamentaria del Mercosur: «Lo que debieron hacer los jueces si consideraban que la tenían que detener, es declarar la inconstitucionalidad del artículo que le entrega fueros o bien iniciar un proceso de desafuero, cosas que no hicieron», aseguró el fiscal a cargo de la Procuvin, Miguel Ángel Palazzani.

«Desde que fue electa el 25 de octubre de 2015 -Milagro Sala- posee inmunidad de arresto. No hay razones jurídicas ni fácticas para que la norma no sea aplicada estando vigente. Es obligación de los jueces y fiscales aplicarla», agregaron fuentes cercanas a la Procuraduría.

El dictamen fue el resultado de una denuncia realizada por una comisión de legisladores del Parlasur hacia los jueces y la fiscal de la causa por considerar que la privación de la libertad de Sala era ilegal. Esta acusación fue remitida a la Procuvin que dictaminó que todavía se estaba cometiendo un delito al mantener a Sala detenida.

Miguel Angel Palazzani, y su adjunto, el fiscal ad hoc José Nebbia sostuvieron que Milagro Sala es “víctima de la peor violencia: la violencia institucional, que proviene precisamente del último refugio que puede encontrar un ciudadano frente al poder estatal: los jueces y los fiscales. Cuando es justamente ese poder estatal el que comete la ilegalidad y ejerce violencia el desamparo es absoluto”.


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