El gobierno mexicano desestimó el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y aseguró que el país no vive una crisis de derechos humanos, afirmó que la investigación de la CIDH se realizó en lugares específicos y con entrevistas focalizadas, dejando fuera los avances estructurales que las autoridades han impulsado en la materia.
A través de un comunicado, las autoridades aseguran que “en repetidas ocasiones se solicitó a la CIDH sustentar con mayor solidez sus conclusiones y recomendaciones. Desafortunadamente, el informe publicado el día de hoy no ofrece mayor fundamento ni da respuesta a las preguntas que el propio Estado formuló a la Comisión, además que ignora más de cincuenta años de avances, desafíos, cambios estructurales y procesos de un país como México, y que ya habían sido reconocidos por la propia CIDH en su visita a México que tuvo lugar en 1997.”
Aseguró que a pesar de que en el documento que emitió la CIDH se hace referencia a dichos avances, la información no resulta positiva en el análisis, metodología, conclusiones y recomendaciones hechas por el organismo.
“La metodología utilizada por la CIDH para integrar el informe tuvo un sesgo inicial. En lugar de valorar el estado de cumplimiento de las obligaciones del Estado, se enfocó en buscar y reflejar violaciones específicas, tomando en cuenta las problemáticas de seis entidades federativas y llegando a conclusiones sin fundamento”, aseveró el Estado mexicano.
Afirmó que las autoridades trabajan constantemente para atender y proteger los Derechos Humanos que se ven violentados debido a la violencia generada por la delincuencia organizada, por lo que esperaban que la visita de la CIDH contribuyera a los avances que aseguran se han obtenido, a pesar de la información que le fue proporcionada.
“El informe de la CIDH no refleja que México es un gobierno abierto que promueve la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública en todas las dependencias federales. Muy pocos países en el mundo cuentan con instituciones autónomas como la CNDH, el INEGI, el INAI y el CONEVAL, esfuerzos que no son reconocidos ni señalados como buenas prácticas por la CIDH”, acusan las autoridades.
Finalmente, afirmó que tomaran nota del informe para analizarlo y dar seguimiento a las recomendaciones emitidas, aunque estas afirma, ya están siendo atendidas.
Por: Salvador Valencia
El Ciudadano