Panamá, la crisis desconocida

Los graves incidentes durante la huelga en las bananeras de Bocas del Toro y las crecientes protestas de la sociedad civil amargan el primer año de Ricardo Martinelli, presidente de Panamá desde el 1 de julio de 2009.

Caminar en ‘los zapatos del pueblo’, esa fue la bandera electoral del presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, quien hace poco más de un año prometía el cambio a los panameños. Ahora, una pregunta flota en el aire: ¿En los zapatos de qué pueblo? Y una amenaza: ¿Cuál era el cambio al que se refería el hoy presidente de la República?

Las respuestas pueden leerse en una creciente oposición ciudadana que por primera vez en años une a sectores diversos en una respuesta masiva en la calle contra las últimas decisiones legislativas del Gobierno, y en una huelga en Bocas del Toro que se saldó, tras diez días de enfrentamientos en julio, con varios muertos y centenares de heridos. La población de Bocas, en su inmensa mayoría indígena, que de momento ha bajado los brazos pero que no ha renunciado a callarse. Ahora se trabaja en hacer un recuento real de muertos y heridos, mientras el Gobierno reparte bicicletas, sábanas y comida en una de las provincias más pobres y con más desigualdad de la República.

La imagen de Panamá como isla de sosiego, en medio de una Centroamérica dibujada con la inseguridad, la pobreza o la corrupción, se tambalea. Y a las manifestaciones en la capital, los enfrentamientos de Bocas y la detención de líderes sindicales -últimas señales de alarma sobre lo que se cuece en el Panamá que no trasciende-, se une el ‘desembarco’ del Gobierno en el poder judicial, en la propia Asamblea Legislativa -órgano unicameral en ese país- y en otras instituciones del Estado.

Las críticas a la falta de institucionalidad y las voces que apuntan a la instalación en el Palacio de Las Garzas de una ‘dictadura civil’ se suceden entre opositores políticos y líderes sociales. “Ha sido un año de constante retroceso en cualquier camino que pretendiese construirse para hacer de Panamá un estado constitucional”, dijo a EFE hace unas semanas el analista político y ex candidato a alcalde, Miguel Antonio Bernal.

En este primer año de Gobierno, cuatro diputados y miles de afiliados del Partido Democrático Revolucionario (PDR), principal partido de oposición, se han pasado a las siglas que lidera Martinelli: CD (Cambio Democrático). Afines al presidente, con el que hicieron campaña, son también los dos magistrados de la Corte Suprema nombrados a principios de año y las acusaciones de injerencia en el Poder Judicial se confirmaron, además, con la suspensión temporal –con aspecto de definitiva- de la Procuradora General, Ana Matilde Gómez, investigada por presuntas escuchas ilegales en un caso contra otro magistrado. Su  sucesor, Giuseppe Bonissi, fue nombrado directamente por Martinelli.

Por si faltaba un frente de conflicto, crece la tensión entre la Presidencia y la alcaldía de Panamá, a cuyo titular, Martinelli, ha dado un ultimátum para solventar sus problemas de gestión.

EL FIN DE LA CALMA

El desencadenante de las protestas fue la denominada Ley 30, sobre aviación comercial, que el Gobierno aprovecha para introducir cambios en la legislación laboral, penal, policial y ambiental. Una reforma de tres códigos y seis leyes que reduce el derecho a huelga, reduce los estudios de impacto ambiental y permite que los policías eludan la prisión preventiva en caso de cometer delitos en ejercicio de su cargo. Todos los cambios recibieron el respaldo de la Asamblea, que les dio el visto bueno en una sesión celebrada con el edificio blindado por candados y antidisturbios.

Conocida como la ‘ley chorizo’, fue también el desencadenante de los enfrentamientos en Bocas del Toro -frontera con Costa Rica-. Cuatro mil trabajadores de las bananeras de la Bocas Fruit Company (antigua Chiquita), en su mayoría indígenas Ngäbe-Buklé, protagonizaron una huelga que se tornó en indefinida en medio de una dura represión policial que deja como saldo innumerables detenidos y 404 heridos. Hay dos muertos oficiales, pero un informe preliminar de la ONG Human Rigths Everywhere (HRVE) identifica a cuatro.

Los testimonios de los vecinos de Changuinola hablan de racismo, de trato vejatorio y de policías que disparaban “a matar” desde helicópteros o a muy corta distancia de los manifestantes armados con piedras y palos. El informe de HREV, al igual que el realizado por la Defensoría del Pueblo y del Centro de Estudios y Acción Social Panameño (Ceaspa), denuncia que la policía disparó por encima de la cintura. Hay decenas de heridos con perdigones en tórax y espalda, y cerca de 60 personas con lesiones en uno o los dos ojos.

PRESIÓN A LA PRENSA

Mientras los empleados de las bananeras peleaban contra la Ley 30, en las obras de ampliación del Canal de Panamá, 700 obreros iban a la huelga. El resultado: 28 detenidos y siguen abiertos procesos judiciales contra 17 dirigentes. El acoso a los líderes sindicales vivió su peor momento el 10 y 11 de julio, cuando detuvieron a 200 sindicalistas reunidos en un hotel de la capital para decidir sobre una posible huelga general en el país, que luego fueron liberados.

También la prensa se ha sentido acosada. Varios programas de radio han sido cerrados; el periodista Carlos Núñez, de 70 años, estuvo quince días detenido por una condena por injurias de hace más de doce años, y un fotógrafo, Mauricio Valenzuela, permaneció seis horas arrestado. El Gobierno también trata de expulsar del país al periodista español, Francisco Gómez Nadal, responsable de una ONG de derechos humanos y autor de una columna semanal crítica con el Gobierno, en el diario La Prensa.

Todo se produce cuando Ricardo Martinelli apenas ha superado su primer año de mandato y baja en las encuestas de popularidad. A mitad de julio hablaban de un índice de aprobación del 56%, 14 puntos menos que en junio. Martinelli empezó con grandes gestos mediáticos y un acuerdo con el empresariado para subir impuestos en puertos, la Zona Libre de Colón, casinos y la única línea aérea del país. Su oportunidad ahora es un crecimiento estimado para el país que superará el 5%, y su apuesta, la explotación de recursos mineros como el cobre.

La lucha contra la inseguridad ha sido otra bandera de Martinelli, bajo ella se aprobó la llamada Ley Carcelazo, que prohíbe el corte de calles para realizar protestas y permite la detención de manifestantes, paraguas bajo el cual también se redujo la edad penal a 12 años.

Este millonario, propietario de la cadena de supermercados Súper 99, llegó a presidente bajo las siglas de Cambio Democrático, creado expresamente para su presentación, pero necesitó de una alianza de cuatro partidos de derecha para Gobernar. Ahora, Panamá enfrenta uno de los momentos más duros de su historia reciente.

Por Pilar Chato

Periodista residente en Panama

El Ciudadano N° 85, primera quincena agosto 2010