Miembros de la comunidad mapuche Domingo Cayún Panicheo junto a un grupo de manifestantes marcharon por las calles de Valdivia en dirección al Tercer Tribunal Ambiental el pasado 4 de marzo, donde hicieron entrega de una reclamación por el proyecto de la Central Mediterráneo, aprobado por el Comité de Ministros durante 2015.
El abogado de la comunidad de Cochamó, Sergio Millamán, destacó que la reclamación pide que se deje sin efecto la resolución efectuada por el Comité de Ministros, la cual no tuvo como consideración los 27 recursos en contra del proyecto que destruirá territorio ancestral mapuche.
El proyecto Mediterráneo comenzó con la compra de los “derechos de agua no consultivos del río Manso” en junio de 2008, en una subasta pública realizada por la Dirección general de Aguas de la Región de Los Lagos.
También considera una inversión de 400 millones de dólares que corresponden a la construcción y operación de una central hidroeléctrica de 210 MW de capacidad instalada, que se ubicará en el sector de la confluencia del río Torrentoso con el río Manso, sector denominado La Junta. El río Torrentoso nace en el desagüe del lago Vidal Gormaz, ubicado en el extremo nororiental de la Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos, y recorre unos diez kilómetros de suaves pendientes hasta el sector de La Junta.
Por otra parte, según la información presentada al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el 7 de diciembre de 2011, la hidroeléctrica tendrá dos generadores y requerirá la construcción de un tendido de líneas de alta tensión de más de 63 kilómetros, sostenidas por más de 211 torres metálicas, con alturas que oscilan entre 42 y 150 metros.
Asimismo, el proyecto de la sociedad Mediterráneo S.A., que tiene entre sus dueños a José Cox, socio y amigo de Sebastián Piñera y Ricardo Bachelet, primo de la Presidenta Michelle Bachelet, ya ha tenido varias acusaciones de parte de la ciudadanía afectada, destacándose -entre otras- la supresión de mala fe de antecedentes relativos a especies nativas por parte de las consultoras que participaron en la elaboración del proyecto y la negativa de realizar una consulta indígena a las comunidades del sector, establecidas a través del convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU sobre derechos de los pueblos originarios.
“Exigimos una consulta indígena en la que nos consideren ante este proyecto que si se instala, será la puerta de entrada para más proyectos hidroeléctricos en nuestro territorio”, manifestó Camila Argel Cayún, vocera de la comunidad mapuche Domingo Cayún que ve al proyecto como el inicio del saqueo de los recursos naturales del territorio que destruirá irreversiblemente sus espacios milenarios afectando además, su existencia como pueblo.
La comunidad mapuche de Cochamó ve al proyecto como el inicio del saqueo de los recursos naturales del territorio que destruirá de manera irreversible sus espacios milenarios, afectando además, su existencia como pueblo. Y cómo no considerarlo de manera destructiva, si hace pocos días el Tribunal Ambiental de Valdivia autorizó la paralización de las obras del camino utilizado para comunicar la hidroeléctrica Central Mediterráneo con la ruta V-721, por intervenir una zona caracterizada por fragilidad de suelo que presenta riesgos de deslizamientos, procesos erosivos y contaminación.
Por Francisca Arriagada.
El Ciudadano
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