Bomba de tiempo

Poco a poco Chile va convirtiéndose en una olla a presión, una bomba de tiempo en cuenta regresiva para estallar. El descontento de los estudiantes con la ola privatizadora impulsada por Piñera, el sufrimiento e incertidumbre que sintieron por 17 días los familiares de los mineros atrapados, que refleja la ausencia de regulación y seguridad laboral, la rabia de los afectados por el terremoto a los que se les quiere expropiar sus terrenos, el alza de tarifas del Transantiago y el doble estándar de la “Justicia” –que intenta encarcelar hasta por 100 años a comuneros mapuche, mientras deja en libertad “vigilada” al carabinero asesino de Matías Catrileo-, van colmando la paciencia. A ello le sumamos la usura de las casas comerciales y la banca, la represión al pueblo mapuche, los despidos que no cesan a los funcionarios públicos, la creciente desigualdad entre ricos y pobres, la contaminación de nuestros ecosistemas, la destrucción de altos glaciares cordilleranos en búsqueda del oro que pueda respaldar la especulación financiera y otros cientos de atropellos que se suceden en absoluta impunidad.

Los ánimos están calientes, mas no se percibe de forma masiva pues los medios de comunicación tratan de poner paños fríos con silicona en las pantallas, o mantener el grado de miedo en la población, llenando de sangre los noticieros con casos reales pero aislados. Este panorama mediático tiende a reforzar los intereses de los grandes consorcios económicos privados, y los últimos hechos lo reafirman: como nuevo director ejecutivo de TVN fue nombrado Mauro Valdés, ex vicepresidente de asuntos corporativos de BHP Billiton, propietaria de la mina Escondida, y el grupo Luksic –dueño de Minera Los Pelambres– compró el 67% de Canal 13. Ambas compañías extractivas han protagonizado conflictos con comunidades locales del norte chileno por contaminación ambiental y acaparamiento de las aguas. Curiosamente estas maniobras se realizan en momentos en que se discute y cuestiona el royalty aplicable a la gran minería privada.

No obstante, los pueblos de Chile han ido apagando la “caja idiotizante” y se comienzan a informar y comunicar por otras vías, buscando la posibilidad de conocer la otra cara de la moneda, y mejor aún la posibilidad de participar en la construcción social que añora, pasando de ser un mero espectador a un redactor y protagonista de la noticia y la realidad. Junto a ello han comenzado a trasladar desde la virtualidad a lo cotidiano, formas de vida distinta a las ofrecidas por el mercado. Así hoy, los y las chilenas vamos perdiendo poco a poco el miedo, tras una traumática dictadura y una Concertación continuista, que aumentó la sensación de repudio hacia la clase dirigente que no cumplió con todo aquello que alguna vez prometiera con lindas canciones y arco iris.

Hoy, en plena “democracia”, hay casi un centenar de presos por motivos políticos, personas que luchando contra el modelo imperante y por la libertad de sus congéneres han sido finalmente privados de libertad; muchos de ellos fueron encarcelados en gobiernos de la Concertación y, con Piñera a la cabeza, el número sigue creciendo, imitando el ejemplo colombiano. Se estrecha el nexo entre este país –“el Israel de Latinoamérica”- y Chile, apodado “el laboratorio del neoliberalismo”. La antigua Doctrina de Seguridad Nacional, implantada a sangre y fuego con la ayuda norteamericana, ha sido reeditada mediante el régimen de Álvaro Uribe y su modelo de “Seguridad Democrática”, que no es más que la continuación maquillada de un terrorismo de Estado apoyado por bandas paramilitares de ultraderecha y de pandillas de narcotraficantes. Mediante esta estrategia, en Colombia cualquier sujeto social crítico, activista sindical o indígena, promotor de los derechos humanos, u opositor político, es acusado de tener vínculos con las Farc, con lo que se le convierte en un blanco de atentados contra su vida, como lo demuestra la gran cantidad de asesinados y violaciones a los DDHH de los últimos 10 años. Creemos que con el gobierno de Piñera se estrecha la alianza entre Estados Unidos, Israel, Colombia y Chile, por lo que no es de extrañar montajes y atentados de “bandera falsa” en su común “guerra contra el terrorismo”.

Los conceptos de seguridad manejados por estas naciones guardan relación con la protección del gran capital y el encubrimiento de su andar, mientras los verdaderos criminales y ladrones de cuello y corbata viven en la impunidad.

Desde la llamada Acta Patriótica, dictada por Estados Unidos y la rápida legislación londinense, el recorte a los derechos civiles es un hecho visible, como también lo es la criminalización de la protesta.

En el Chile de hoy una ley “antiterrorista” dictatorial es perfecto instrumento para combatir a quienes actúan en legítima defensa de sus ideas, comunidades y medioambiente.

Esto afecta directo a los mapuche, presos políticos aún en huelga de hambre después de más de 40 días. 40 días omitidos por la prensa tradicional, aquella que hoy se presta para buscar asociación ilícita en un grupo de jóvenes que no obedecen a jerarquías.

El problema de fondo pasa cuando aquella institución llamada Estado y sus poderes no obran de buena fe, incumpliendo muchas veces sus propias bases constitucionales, algo así como un notable abandono de deberes. El clientelismo y otras enfermedades propias del capitalismo desregulado han contaminado los roles de toda la clase gobernante, y el hastío se deja sentir. Las acciones más radicales de protesta política que no atentan contra las personas, sino contra el modelo, son simplemente acciones que dejan de manifiesto que algo anda mal, un estruendoso llamado de atención, una guerra declarada contra el sistema imperante.

Y es que si bien en otros países de nuestra vecina América, los pueblos han alcanzado niveles de democracia impensables de momento para Chile -partiendo por el binominal- ello se ha debido a que se han impulsado articuladamente y con un liderazgo que sabe trabajar horizontalmente, procesos de reflexión sobre el concepto de soberanía y una serie de estrategias que no deben ser confundidas con la táctica.

Al cierre de esta edición celebramos la vida de los 33 mineros atrapados pero, condenamos el descarado manejo político-comunicacional del drama de quienes a riesgo de muerte, generan la riqueza de unos pocos, explotando lo que es de todos nosotros.

Fin a la persecución de quienes enseñan a los pueblos a defenderse y luchan junto a ellos por la justicia social y ambiental.

El Ciudadano N°86, segunda quincena agosto 2010