Este martes un grupo de siete periodistas presentó ante el Tribunal Metropolitano de Ética del Colegio de Periodistas una denuncia por acoso de canales chilenos al ciudadano chileno refugiado en Argentina, Galvarino Apablaza.
En el documento se sostiene que desde el lunes 29 de febrero, Apablaza y su familia –incluida su esposa, la periodista chilena Paula Chahín, miembro del Colegio de Periodistas– «están siendo acosados por un equipo periodístico del canal de televisión Mega, al cual se sumó el jueves un equipo de CNN Chile».
Los denunciantes responsabilizan de esta situación a la periodista de Mega Josefina Eckholt, quien -aseguran- «ha permanecido frente al domicilio de la familia durante los últimos cuatro días, acompañada de un camarógrafo». Este último -agregan- «ha tomado imágenes de la vida cotidiana de la familia Apablaza, al interior de la casa. Se movilizan en un taxi o en un auto común, y han realizado seguimiento a los integrantes y visitas de la familia, cuando éstos salen desde su hogar a efectuar actividades propias de su vida privada».
En el documento -donde se considera esta situación «constitutiva de una falta grave a la ética periodística»– se destaca que dada su calidad de refugiado, Apablaza hace una vida normal de familia sin ninguna connotación pública en Argentina y que «más que seguimiento, lo que requiere es protección, todo lo contrario de lo que realizan estos periodistas que lo dejan en una situación de exposición pública indebida».
Los firmantes citan el artículo Vigésimo Quinto del Código de Ética del Colegio de Periodistas, donde se señala que “el o la periodista respetará la dignidad y vida privada de las personas» y que «en esto se guiará por las definiciones y normas consignadas en la legislación chilena y los instrumentos internacionales. La excepción a esta norma se dará cuando la divulgación de actos privados sea necesaria por razones de interés público”.
Junto con ello, se hace hincapié en que la misma disposición establece que “el periodista respetará la intimidad de las personas en situación de aflicción o dolor, evitando las especulaciones, el morbo y la intromisión gratuita en sus sentimientos y circunstancias cuando ello no represente un aporte sustancial a la información”.
A partir de esto es que los denunciantes sostienen que «la vida privada de las personas no constituye noticia de interés público» y que, en el caso de Apablaza, «cualquier noticia que cambie su condición de refugiado no pasará por él y su vida privada, por lo que no debería ser objeto hoy, ni él ni su familia, del asedio a que están sometidos».
Por último, se solicita al Tribunal de Ética para que oficie a Jorge Cabezas, director de prensa de Mega, «para precisar si él ha instruido este acoso», y que -de ser así- se abra un proceso de investigación que considere como imputados tanto a él como a la periodista Josefina Eckholt.
Los siete periodistas que firman este documento son Marcelo Castillo Sibilla, Virginia Vidal Vidal, María Verónica Martínez Rogers, Juan Andrés Lagos Espinoza, Rosa Parissi Morales, Hernán Uribe Ortega y Manuel Holzapfel Gottschalk.