EEUU: Alertan sobre técnicas de infiltración del FBI en movimientos sociales

Han pasado cuarenta años desde que un grupo de activistas irrumpió en las oficinas del FBI en Pensilvania, robando documentos que dieron a conocer el invasivo programa COINTELPRO, dedicado a vigilar, desorganizar y neutralizar a movimientos sociales por la paz en Estados Unidos, tales como el Comité Coordinador Estudiantil No Violento, el Movimiento Indígena Estadounidense y el Gremio Nacional de Abogados.

Aunque las revelaciones provocaron molestia y llevaron a la dictación de nuevas normas como la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, los abusos contra la libertad de expresión de opositores a las políticas oficiales del gobierno de EEUU continúan hasta el día de hoy, según escribe Lauren McCauley del sitio Common Dreams.

Este martes, más de 60 grupos a nivel local y nacional en EEUU, enviaron una carta a representantes de los Comités Judiciales tanto de la Cámara como del Senado, mostrando su preocupación por el “abuso de recursos antiterroristas (del FBI y el Departamento de Seguridad Interior o Homeland Security, DHS) para monitorear actividades de estadounidenses que están protegidas por la Primera Enmienda” de la Constitución.

Quienes suscribieron la misiva, entre ellos, el Centro de Derechos Constitucionales, el Consejo de Relaciones Estadounidenses-Islámicas, el Proyecto de Accountability del Gobierno, Greenpeace, el Gremio Nacional de Abogados, los Observadores de la Escuela de las Américas y la organización de Veteranos por la Paz, exigen al Congreso realizar una investigación completa para “determinar los alcances del espionaje del FBI y el DHS en la última década”.

“En particular el FBI tiene un historial documentado de abusos a los derechos protegidos por la Primera Enmienda”, afirma la carta, asegurando que las operaciones de COINTELPRO continúan en la actualidad y contemplan “mandar a informantes y agentes encubiertos a infiltrar movimientos pacíficos de justicia social, como también la vigilancia, fichaje y denuncia de actividades políticas lícitas”.

Occupy Wall Street y Black Lives Matter son dos de los grupos atacados recientemente por el FBI, según denunciaron los convocados. Los centros locales de fusión de datos del DHS, que operan junto a los departamentos de policía local para la recopilación de información de inteligencia antiterrorista, han monitoreado también a ambos colectivos.

Es más, “documentos obtenidos bajo la Ley de Libertad de Acceso a la Información (FOIA) muestran que el FBI invocó en reiteradas ocasiones a autoridades antiterroristas para monitorear a grupos que reconoce son pacíficos y no violentos”, se arguye.

“Catalogar el activismo como un acto terrorista tiende a criminalizar a la disidencia política”, versa la misiva. “Por el actual clima político y las leyes draconianas que tienen que ver con el terrorismo, individuos pueden verse marginados de participar en expresiones completamente lícitas, como una marcha, bajo ese estigma.”

El asistente legal del Comité de Defensa de la Carta de Derechos de EEUU, Chip Gobbons, señaló que si el FBI “no puede discernir la diferencia entre activismo y terrorismo, eso quiere decir que ellos aún piensan que los opositores son el enemigo”.

“El FBI sostiene que ya no investiga por el pensamiento político de los grupos, pero miremos a quien está indagando el FBI con su potestad antiterrorista: grupos de paz, grupos de justicia racial, grupos de justicia económica. El mismo tipo de organizaciones que fueron atacadas durante el reinado de J. Edgar Hoover”, puntualizó.