Caso del psicópata de Alto Hospicio: Padre critica a Carabineros por “ocultar” información

El padre de Viviana Garay Moena (16), asesinada por el psicópata de Alto Hospicio, Julio Pérez Silva, en el año 2000, se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que ordenó a Carabineros de Chile informar sobre las irregularidades detectadas en la investigación del emblemático proceso de las jóvenes desaparecidas, tal como fuera solicitado por El Ciudadano a través de la Ley de Transparencia.

En conversación con este medio, Orlando Garay, concejal de la comuna de la provincia de Iquique, recordó las dificultades vividas por familiares de las víctimas de Pérez Silva ante el escaso interés de algunos uniformados por dilucidar los hechos, al igual que el reprochable actuar del ahora ministro del Interior Jorge Burgos, quien dio crédito a versiones que atribuían el extravío de las mujeres a un abandono voluntario de sus hogares.

Para Garay, la decisión del general director de Carabineros Bruno Villalobos Krumm de presentar un recurso tratando de anular una decisión del Consejo para la Transparencia que exigió divulgar diversa información relacionada con el caso, prueba que “ellos simplemente tratan de ocultar”.

“Esto me parece un poco a la dictadura, donde asesinaron y no quisieron aclarar nada de fondo, porque afecta justamente a las instituciones, y es lamentable, porque son instituciones del Estado”, afirma.

Un hecho que todavía cala hondo en los corazones de los padres de las víctimas, que ven similitud en el actuar de las policías del caso del psicópata y el de José Vergara (20), desaparecido luego de su detención por agentes uniformados, es que la comisaría más cercana a la escuela municipal Eusebio Ramírez, desde la cual desaparecieron varias liceanas, incluida Viviana, quedaba a sólo 60 metros de distancia.

Poco antes de iniciar sus vacaciones de invierno, la hija de Orlando no fue vista más con vida. Llevaba pocos días sin ser encontrada cuando su padre sospechó de una conexión con otras alumnas del establecimiento cuya presunta desgracia había sido alertada a las autoridades meses antes.

“Éramos discriminados por las policías, porque la mayoría vivíamos en las tomas. El día 2 de julio aparezco yo con todos los familiares de los casos que habían desaparecido de la misma escuela. Tres mamás me explican la situación, y ahí las abrazo, me pongo a llorar y les digo que no es una cosa casual”, relata.

Orlando entró a la comisaría e increpó al oficial a cargo, quien posteriormente le presentó al suboficial que llevaba la investigación. Según el padre de Viviana, el carabinero tenía cierta fama en Alto Hospicio ya que se le vinculaba con asuntos de droga.

“Él bien suelto de palabra dijo que las niñas se habían ido por un mejor estándar de vida, y que en el fondo ellas prácticamente se prostituían, que los papás las maltrataban y otras abusaban de ellas. Yo le dije que era muy aberrante lo que estaba diciendo, así que, desde ese día, nosotros cortamos la relación, porque no habían hecho nada. Salimos a la calle a denunciarlo públicamente y esa fue nuestra lucha, la única manera de poder hacernos notar”, cuenta.

Agrega que había “una despreocupación total de lo que estaba sucediendo, (los carabineros) no tenían interés, y ellos eran los que de alguna forma entregaban los informes a la justicia, entonces no había nada”.

“Tuvimos que luchar con ese dolor y esa negligencia. Yo creo que hay más crímenes que estos tipos no quisieron denunciar. Nosotros buscábamos seis casos de nuestras hijas, y aparecieron 14 mujeres. Se denunciaba que estaban metidos carabineros. Ellos mismos declaraban contra los familiares. Yo me enteré de casos que decían ‘bueno, ¿y usted no habrá vendido a su hija por un par de billetes?”

Garay asegura que nunca tuvieron acceso al sumario interno que se instruyó para determinar responsabilidades administrativas en el caso. De acuerdo con información de prensa rescatada por el Consejo para la Transparencia a raíz de un reclamo presentado contra Carabineros por negar la existencia del expediente en cuestión, la investigación determinó sanciones para varios oficiales.

En su fallo, la Segunda Sala de febrero del tribunal de alzada capitalino, integrada por los ministros Dobra Lusic, Javiera González y Mario Gómez, resolvió que “la pretendida inexistencia de la información de que se trata, no ha sido demostrada (por Carabineros), ni siquiera explicada, pues se ignora… si nunca existió o si fue eliminada, en este último caso, en qué condiciones”.

“A algunos personajes los sacaron, los dieron de baja. Pero aquí había una cosa mucho más de fondo y esto parte del gobierno, porque en ese tiempo estaba (Jorge) Burgos. Él estaba instruido por las policías de que los familiares maltrataban a las niñas. Después pide disculpas y trata de no inmiscuir más a las policías”, señala el concejal nortino.

Luego puntualiza: “Hay gente que también tiene sus desaparecidos que no han llegado a la verdad. Al final los derechos humanos son para los detenidos desaparecidos, ¿y qué pasa con la otra gente, el caso Matute, el caso de las niñas desaparecidas y otros más? ¿Qué pasa que no se entrega información? Al final, esa es la rabia y la impotencia.»