En el marco del inicio del debate parlamentario sobre la ley que da luz verde al cierre del acuerdo con los fondos buitres, el fiscal federal Federico Delgado dio curso a la denuncia presentada por los abogados del Instituto Sampay, Horacio Corti, Eduardo Barcesat y Jorge Cholvis, quienes acusaron a Mauricio Macri y a todo funcionario partícpe de las recientes negociaciones con los buitres, de «traición con sometimiento, defraudación por administración fraudulenta, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público».
De acuerdo a la denuncia, el convenio con los bonistas más duros de los fondos buitres, que prevé pagarles una suma exorbitante en relación a lo que se arregló con los bonistas que sí entraron en la reestructuración de la deuda de 2005 y 2010, podría disparar demandas de los holding por más de u$s 384.000 millones, el equivalentes a la totalidad del PBI argentino.
El fiscal Delgado, luego de aceptar la denuncia presentada ayer, le pidió al juez federal Sebastián Casanello -quien ahora está a cargo del trámite judicial- que requiera los documentos que hayan estado «directa o indirectamente» relacionados a la negociación con los holdouts en la Justicia norteamericana o en cualquier otra instancia judicial que se haya abierto al respecto en el mundo, para evitar en el futuro la desaparición de pruebas.
A su vez, el fiscal también exigió que «en un plazo perentorio la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y la Universidad Torcuato Di Tella designen un experto por lado, para que analicen las políticas públicas señaladas a la luz de las previsiones contenidas en el artículo 65 de la ley 24.154″.