Marco Enríquez-Ominami está en el ojo del huracán. Esto, luego de que se diera a conocer que en julio de 2013 MEO viajó a Brasil, específicamente a Sao Paulo, en un jet privado perteneciente a la constructora brasileña OAS. Junto a él iban dos de los máximos ejecutivos de la compañía, Augusto César Ferreira e Uzeda, director internacional de OAS, y Augusto César de Souza Fonseca, director de Operaciones para el Cono Sur de la empresa.
¿Cuál es el problema de esto? Que MEO realizó este viaje tras su proclamación como candidato presidencial -lo que abre la posibilidad a que haya sido financiado por una empresa extranjera, alternativa prohibida por ley-, y que esta misma compañía está involucrada en hechos de corrupción que alcanzan al ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el caso conocido como «Lava Jato» o «Petrobras».
Los vínculos del mencionado Ferreira e Uzeda -quien renunció a la empresa a inicios de 2014- y los altos ejecutivos de la empresa OAS con el mandatario y el Partido de los Trabajadores (PT) se dieron a conocer en junio de 2015. Entonces se revelaron mensajes telefónicos en donde el entonces presidente de OAS, José Aldemário Pinhero, y Augusto Ferreira e Uzeda hablaban del ofrecimiento de un avión pagado por ellos para que el ex presidente brasileño viniera a Chile en noviembre de 2013, viaje que finalmente se concretó.
Ejecutivos condenados
En el contexto del caso «Lava Jato», en agosto de 2015 el juez brasileño Sergio Moro condenó al expresidente de OAS, José Aldemário Pinheiro, a 16 años y 4 meses de prisión por organización criminal, corrupción y lavado de dinero. El exdirector y presidente del área internacional de la compañía, Agenor Medeiros, fue condenado a la misma pena por los mismos delitos. Por su parte, los ejecutivos Mateo Coutinho Oliveira Sá y José Ricardo Nogueira Breghirolli fueron condenados a 11 años de prisión por organización criminal y blanqueo de capitales, y el funcionario Fernando Stremel a cuatro años en una prisión abierta por lavado de activos. Augusto Ferreira e Uzeda, el otro ejecutivo que viajó con MEO en 2013, renunció a comienzos de 2014 a la empresa OAS.
La trama de corrupción consistía en que la empresa estatal Petrobras licitaba sus obras a grandes compañías de ingeniería y construcción de Brasil. Para favorecer la contratación de ciertas empresas, entre ellas OAS, la petrolera pedía sobornos que rondaban el 3% del presupuesto, los que iban a parar a manos de políticos y empresarios.
El Puente Chacao
A miles de kilómetros de Sao Paulo, hay una ciudad en Chile y un mega proyecto que está siendo también cuestionado por el vínculo con la empresa brasileña. Se trata de Chiloé y su Puente Chacao, el que unirá ala isla con el continente, cuya construcción fue entregada por el gobierno chileno nada menos que a OAS Chile, filial de la compañía brasileña involucrada en los mencionados casos de corrupción y que controla el 49% del proyecto.
Cabe destacar, además, que en 2013 el español Jaume Serret, siendo gerente general de la filial chilena del grupo español Comsa-Emte, fue demandado por la misma empresa por inflar los balances de la compañía. Sin embargo, se convirtió luego de eso en gerente general de OAS Chile.
«Para nosotros es un chiste de muy mal gusto y no entendemos por qué aún no comienzan las investigaciones en Chile. Llevamos seis meses diciéndolo, se lo dijimos a la Comisión de Obras Públicas de la Cámara baja en el Congreso, al ministro (Alberto) Undurraga en su oficina, a la presidenta Bachelet en Curaco de Vélez«, señala el geógrafo y dirigente del Movimiento Defendamos Chiloé, Álvaro Montaña. Y agrega: «Los están investigando en cuatro países y los sigue Transparencia Internacional. Entonces, dada la situación chilena, cabe preguntarnos: ¿Por qué el Gobierno no investiga?».
Por su parte, Juan Carlos Viveros, también miembro de Defendamos Chiloé, sostiene que «es una vergüenza de nivel mundial que hayan licitado a ese consorcio de la manera en que lo hicieron y por los escándalos de corrupción en que se encuentra envuelta la empresa OAS, dueña del 49% del contrato».
A este hecho hay que sumar, además, la información dada a conocer recientemente respecto a que existen hasta 10 meses de demora en algunas obras del puente y que la compañía no ha podido pagar las boletas de garantía de dicho proyecto, lo que se debería precisamente a su situación en los juicios por corrupción en el «caso Petrobras».
*Para conocer otras aristas de la construcción del Puente Chacao, te invitamos a leer aquí una completa entrevista.
Por Daniel Labbé Yáñez