Este Bicentenario: Agua pura y privatizada

Entre las pretensiones privatizadoras del gobierno de Sebastián Piñera, está la de dejar el agua de Chile totalmente en manos de empresas y grandes trasnacionales extranjeras. Es así que en el primer semestre de este año, se abrió la opción de terminar de privatizar en un ciento por ciento las sanitarias, abriendo también el apetito de los empresarios del sector.

En concreto, la idea apunta a privatizar el 34,98% de Aguas Andinas, el 29,43% de Esval, el 43,44% de Essbio y el 45.46% de Essal.

Con ello, el agua potable, recurso natural que debería pertenecer a los chilenos, estaría absolutamente en manos de privados, tanto nacionales como extranjeros, y el Estado ya no tendría participación alguna en las empresas del área. De acuerdo a versiones salidas del propio gobierno piñerista y del sector financiero, los únicos que estarían en condiciones de comprar esos activos del sector público en las sanitarias, serían consorcios extranjeros.

Paradójicamente, esa posibilidad surgió casi inmediatamente después de que los chilenos y chilenas vivieran la tragedia del terremoto del 27 de febrero. Según las autoridades oficiales, vender los porcentajes públicos en las empresas sanitarias ayudaría a tener dinero para la reconstrucción. Hablando tácitamente de esta salida, Sebastián Piñera manifestó que no sería necesario “que el Estado mantenga activos que no son fundamentales y que son prescindibles”. Eso incluye a las sanitarias.

Claro que varios economistas y representantes de los trabajadores de las sanitarias plantearon que una venta en este período no significaría grandes montos y que, por lo demás, la ganancia que va generando este sector, además puede contribuir vía impuesto a financiar la reconstrucción y el desarrollo de áreas como educación y salud.

Hay datos, como los conocidos en medio de la reciente negociación colectiva de los trabajadores de Aguas Andinas, dados a conocer a través de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias (Fenatraos), que son ilustrativos de cómo andan las cosas para los beneficiados con la privatización del agua. Esa empresa pasó de 42 mil millones de pesos de utilidades en el 2000, a 123 mil millones de pesos el año pasado. Ganancias que, en un 51%, van a parar a corporaciones como Agbar-Suez. Además, los trabajadores de aguas denunciaron que el 40% del valor de las cuentas que pagan los usuarios, son netas ganancias para los empresarios.

Los informes apuntaron que por la venta de activos en las sanitarias, el Gobierno podría recibir, en lo inmediato, mil 300 millones de dólares. Obviamente que después de pagar eso, los consorcios tendrán un margen de ganancia mucho más alto y además prácticamente vitalicio, sin aportar nada más.

Frente al intento privatizador del Gobierno, la Fenatraos, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Chile, la Federación Nacional de Agua Potable Rural, Programa Chile Sustentable, Confederación de Religiosos y Religiosas de Chile y Ecosistema, emitieron una declaración donde señalaron respecto al objetivo del Gobierno de captar mil 300 millones de dólares vendiendo los activos de las sanitarias, que “si el Estado conserva la participación accionaria en las cuatro mayores empresas sanitarias, y utiliza las grandes utilidades anuales que le proporcionan” se obtendrían, al final de cuentas, más recursos financieros para la reconstrucción post terremoto.

Además, esas agrupaciones plantearon que “profundizar la privatización generará mayores costos del servicio y una pérdida patrimonial de todos los chilenos”.

SIN DERECHO A HUELGA Y SIN RANGO CONSTITUCIONAL

El proceso de profundización y ampliación de la privatización del agua tiene otros aspectos no menores y que contribuyen, en definitiva, a reforzar el poder de las empresas y las transnacionales.

Por ejemplo, el Gobierno y la derecha están en contra del proyecto de reforma que le otorga rango constitucional al agua en tanto “bien nacional de uso público”.

Para las autoridades actuales, esto “no mejora ni empeora” el tema del uso y administración del agua. Claro, se omite decir que se trata de la administración privada del agua y por tanto, desde ese punto de vista, no hay para qué declarar o acentuar el carácter público y nacional de este recurso natural. La idea del sector privado y la derecha es que no exista legislativamente ninguna protección del agua como recurso natural de todos los chilenos y así garantizar la propiedad privada, nacional y extranjera, de este producto vital.

En esta línea, la organización de trabajadores de las sanitarias habían planteado que el Gobierno descuida su rol social y de protección a la ciudadanía, entre otras cosas, porque “cuando el usuario se ve imposibilitado de pagar los servicios, las empresas le suspenden el abastecimiento por tiempo indeterminado”, dejando a miles de familias sin agua potable.

Otro aspecto tiene que ver con la denuncia hecha a finales de julio pasado por la Fenatraos, en relación a que por resolución publicada en el Diario Oficial, los trabajadores de las empresas sanitarias no tendrán derecho a huelga.

Eso, porque las empresas sanitarias fueron incorporadas de nueva cuenta, al listado de “empresas estratégicas” con prohibición de huelga, acogiéndose al Artículo 384 del Código del Trabajo, que establece quiénes pueden ir o no a una huelga reclamando derechos laborales.

Ello apunta a acotar y golpear a los sindicatos y las demandas de los trabajadores y darle mejores condiciones de funcionamiento a las empresas privadas que tienen la propiedad del agua chilena.

En definitiva, un conjunto de situaciones que tienen en riesgo de alta privatización a las empresas del agua, que demuestran criterios empresariales sobre criterios de servicio público, y un acotamiento de los derechos laborales y sindicales de este sector, todo beneficiando a los consorcios nacionales e internacionales.

Por Gonzalo Magueda

El Ciudadano N°86, segunda quincena agosto 2010