Las heridas del bicentenario

Llegamos al bicentenario y Chile tiene heridas.  Las celebraciones oficiales, al igual que las privadas, no pueden ocultarlo.  La primera de ellas, la más difundida por los medios, es  la que afecta a los 33 mineros atrapados 700 metros bajo tierra en el norte del país.  Por mucho esfuerzo que han puesto las autoridades para rescatarlos con vida, cuestión por cierto valorable, la responsabilidad del estado en este accidente es indudable.  Fueron sus instituciones las que autorizaron las faenas en la mina accidentada sin que existiesen condiciones mínimas de seguridad para quienes allí laboran.

Junto con el rescate de los mineros, debe preocuparnos en este bicentenario el que muchos trabajadores en el país sigan trabajando en precarias condiciones de seguridad laboral, mientras las grandes empresas acumulan cada vez mayores utilidades a costa de ello, de los bajos salarios que pagan a los trabajadores y de los recursos naturales de todos.  Las inequidades de Chile son bien conocidas.  Las propias encuestas oficiales han constatado que la brecha entre ricos y pobres en el Chile del bicentenario, lejos de disminuir, se incrementa.

La otra herida es menos conocida, y por cierto, menos difundida.  Me refiero a la que ha quedado al descubierto por una treintena de mapuche privados de libertad en distintos penales del sur, en virtud de procesos o condenas por hechos de protesta social vinculados a la defensa de sus tierras, hechos que el estado ha perseguido como delitos terroristas, y que en el día del bicentenario, cumplen 67 días en huelga de hambre.  Reclaman un derecho humanos básico, que ningún estado que se precie de democrático puede desconocer: el derecho a un juicio justo.  Reclaman, además, el término de los abusos y maltratos de agentes del estado en contra de sus comunidades, los que han causado la muerte o afectado la integridad física y síquica de quienes las integran, incluyendo niños y ancianos.

La actitud del mundo político frente a esta huelga ha sido lamentable; hasta hace un par de semanas atrás, tanto el Gobierno como diversos sectores de la oposición habían prestado poca atención a los mapuche y sus demandas.  Así, mientras el Gobierno se negaba a todo diálogo e impulsaba acciones judiciales para alimentarlos forzadamente, sectores de la oposición condicionaban el debate de los temas planteados por los mapuche al término de la huelga de hambre. Parte importante de la prensa, además, silenció esta huelga, posiblemente pensando que ello terminaría por desmotivarla.

A pesar de ello, 34 mapuche han seguido adelante con la huelga hasta la fecha, con la convicción de estar demandando lo justo.  El inminente riesgo de muerte de los huelguistas y el temor a que ello opacase las celebraciones del bicentenario, como si estas no fuesen ya bastante opacas, llevó al Gobierno – luego de haber trascurrido más de 50 días de huelga- a presentar dos iniciativas legales, una para reforma la ley antiterrorista que se les aplica, y otra para la reforma de la justicia militar que conoce algunas de las causas que se siguen en su contra.  Ello a objeto de lograr, por la vía de la reforma legal, la superación de los problemas de la ley aplicada a los mapuche que impiden un  proceso justo en su contra. Posiblemente el mismo temor es el que ha llevado a muchos en la oposición concertacionista a apoyar –tardíamente- las demandas de los huelguistas, y a reconocer que la aplicación de ley antiterrorista en los procesos que se siguieron en en su contra bajo las administraciones de Lagos y Bachelet, fue errada.

Aunque los proyectos de reforma legal presentados por el ejecutivo para estos efectos tienen serias deficiencias desde la perspectiva de los derechos humanos –mantienen como delitos terroristas acciones que no necesariamente tienen tal carácter, como el delito de incendio; o al mantener la competencia de la justicia militar para conocer los delitos que militares cometen en contra de civiles-, ellos han abierto las puertas a un rico debate en el Parlamento sobre las causas detrás de los conflictos que han llevado a los mapuche a ser encarcelados, y sobre los mecanismos para poner término a su juzgamiento arbitrario.

En días pasados además, el Gobierno ha accedido establecer la mesa de diálogo exigida por los mapuche en huelga de hambre con sus representantes y abogados, y la iglesia católica ha manifestado su disposición a actuar como facilitadora de dicho diálogo.

Es de esperar que tanto el debate en el Congreso sobre las iniciativas de reforma legislativa propuestas, como la mesa de diálogo, sean fructíferos y posibiliten acuerdos que permitan a la brevedad poner término a la huelga de hambre, garantizando un juicio justo a los mapuche hasta ahora encarcelados por ley antiterrorista.

La realidad más profunda de discriminación y abuso que el pueblo mapuche, así como otros pueblos indígenas del país, han vivido desde que el estado chileno se estableciera en sus territorios, y que los presos mapuche en huelga de hambre han visibilizado en estos días, debe ser también objeto de reflexión en este bicentenario.  Mientras Chile siga maltratando a sus habitantes más antiguos, como nos dijera hace pocos años el premio nobel de literatura José Saramago, mientras se siga identificando como  un “estado- nación” y no reconozca plenamente la diversidad étnica y cultural que representan los pueblos indígenas, así como los derechos que les corresponden como tales, se mantendrá la herida que la huelga deja en evidencia.

Esperemos no sea así.

Por José Aylwin

Co Director, Observatorio Ciudadano