La mesa de diálogo en el Cerro Ñielol de Temuco ideada por Piñera junto con los ministros Kast y Larroulet es considerada por las jóvenes voceras del movimiento huelguístico de los comuneros mapuches como un volador de luces. Tal encuentro, dicen, no resolverá el problema central planteado por la huelga de hambre de los 34 presos políticos en diferentes cárceles del país. Los comuneros mapuche suspenderán la huelga de hambre sólo si son juzgados por los delitos cometidos en el marco de la justicia ordinaria y en base a evidencias materiales y pericia policial transparente. Actualmente, con la Ley Antiterrorista, los militantes de la causa mapuche son pre-juzgados por una ficción jurídica llamada Ley Antiterrorista, destinada a reprimir la lucha y la organización popular.
Los comuneros han sido claros al exigir que el Gobierno se someta a las decisiones de las cortes de justicia internacionales que como la Corte Interamericana consideran que la Ley Antiterrorista no debe ser aplicada en los casos por los cuales están siendo juzgados. Así de simple. El primer gesto de buena voluntad entonces debe venir de parte del Estado chileno.
El Presidente debe deponer su actitud belicosa con el pueblo mapuche y sus luchadores sociales y tomar la única decisión razonable que se impone para que el conflicto no se salde con la muerte de algunos comuneros. El Estado y sus ministerios deben someterse al imperio del derecho y garantizar a los chilenos y a la opinión publica mundial que sus funcionarios siguen las normas del debido proceso en un marco democrático. Y el poder judicial debe estar atento y no ser cómplice de las manipulaciones del Estado.
La Ley Antiterrorista es un engendro antidemocrático salido de la cabeza de juristas conservadores. Su contexto histórico corresponde a derivas autoritarias de los Estados llamados de derecho que, de manera paradójica, construyen un marco legal de excepción para aplicarlos a situaciones normales de conflictos en los Estados plurinacionales como el chileno. El marco jurídico de excepción se basa en principios represivos donde las pruebas materiales llevan por su lógica legal misma y su encadenamiento a construir un ente jurídico-político correspondiente a los temores y angustias de las oligarquías dominantes y sus administradores: “el terrorista”, “el subversivo” y sus presuntas organizaciones. Logrado lo anterior, y con la ayuda de la repetición constante de los politicastros de derecha, junto con el bombardeo mediático y del periodismo banal, se les aplica penas irracionales que no se condicen con los actos delictivos imputados.
Cabe añadir que el rol de los fiscales, amparados en la Ley Antiterrorista, es decisivo y su poder casi absoluto puesto que el secreto, como en tiempos inquisitoriales, prima, dejando paso a toda clase de irregularidades legales. De ahí el uso de testigos enmascarados o a la aberración legal que significa la detención preventiva sin acusación durante semanas. Los omnipotentes fiscales pueden, dentro del marco de la Ley Antiterrorista, no sólo proceder a la construcción del enemigo, sino decidir reprimirlo vía los allanamientos violentos sistemáticos de comunidades por la policía militarizada, utilizando carabineros de origen mapuche para tal efecto.
Es así como se han ido cerrando los espacios democráticos a la lucha democrática del pueblo mapuche, forzando a los comuneros mapuche a caminar por los senderos criminalizados de la justicia estatal.
Así es como acciones de protesta sociales o contra la propiedad, cometidas en el contexto de una lucha social legítima como la de la recuperación de tierras ancestrales y contra la marginación, la exclusión, y por la reconstrucción cultural de un pueblo, pueden tener penas de prisión tres veces superiores a las juzgadas en tribunales civiles y por la justicia para todos los chilenos. Y lo que es peor, a las penas pedidas por los fiscales públicos se añaden las sentencias, penas y condenas de los tribunales militares.
¿No se sigue acaso excluyendo y discriminando al pueblo mapuche?
Pero hay algo que no pega en esta campaña orquestada contra los luchadores. ¿Como es posible que en un país donde el movimiento por los derechos humanos logró que jueces, abogados, académicos y estudiantes de las escuelas de derecho fueran sensibles a esta clase de atropellos no reflexionen ni se movilicen contra la aplicación de la Ley Antiterrorista denunciada como un engendro antidemocrático en organismos internacionales de justicia, de abogados y jueces? ¿Será necesario que los comuneros entreguen su vida para tomar conciencia?
Por Leopoldo Lavin Mujica
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