El “control preventivo de identidad” ya existe y es palo de cada día

En el parlamento se discute por estos días la llamada Agenda Corta Antidelincuencia, que entre sus indicaciones más cuestionadas tiene la de facultar a Carabineros para realizar “controles preventivos de identidad” a los ciudadanos.

La medida ha sido duramente cuestionada. Es considerada como la reposición de la “detención por sospecha” –derogada en 1998- por quienes se oponen a su aprobación. Discriminación y abusos por parte de la policía son los términos que más se asocian a ella.

Foto Rens Veninga

En la actualidad en Chile la policía puede realizar lo que se conoce como “control de identidad”, el que es exclusivo para casos muy puntuales: si la persona es sorprendida cometiendo un delito «in fraganti» o se tienen sospechas fundadas de que se aprestaba a cometerlo; si ha participado de este o se encuentra vinculado a ese hecho; a los sentenciados a penas de presidio, reclusión o prisión que haya quebrantado su condena; y a los detenidos o presos que se hayan fugado.

Dicha identificación debe hoy realizarse en el lugar donde se encuentra la persona mediante su cédula de identidad, licencia de conducir o pasaporte y, en caso de que este se niegue, puede ser conducido a la unidad policial más cercana para concretarse esa identificación.

¿Cuál es la diferencia con el nuevo “control preventivo de identidad”? Que ahora este se podrá realizar a cualquier persona, sin que medien los requisitos antes mencionados. Es decir, sin que esté cometiendo un delito, se sospeche de que lo hará o se encuentre vinculado a él; o haya quebrantado su condena o fugado.

Sin embargo, lo cierto es que en la realidad –lejos de las discusiones acaloradas de los parlamentarios- el llamado “control preventivo de identidad” ya existe y es pan de cada día. Es una práctica habitual de Carabineros. Lo primero que la policía hace cuando aborda a un grupo de personas que les resultan “sospechosos” –es decir, jóvenes de clase media o media baja, reunidos por ejemplo en la noche en una plaza de alguna población cualquiera- es pedir el carnet. Se hace también en las marchas, en las tocatas punk o de hip-hop, en el Parque Forestal en Santiago o en la calle cuando a algún oficial simplemente no le parezca alguna actitud o apariencia de un sujeto.

Negarse a esa solicitud –ayer y hoy, con o sin “control preventivo de identidad” aprobado- es detención segura. No hay diálogo. No hay Derecho. Peor aún es resistirse a esa detención ilegal. Que el carabinero saque al baile a la madre del apresado es lo mínimo que podría ocurrir. Luego vienen los golpes, el abuso.

Eso es así y quien diga lo contrario simplemente miente o desconoce cómo opera en la práctica la policía chilena. Sin ir más lejos, en una entrevista en CNN Chile el senador Alberto Espina (RN), uno de los más férreos defensores de la medida, al querer argumentar en favor del “control preventivo de identidad”, se vio obligado a reconocer que hoy la policía ya lo ejerce y al margen de la ley.

“Asaltaron hace poco a un fiscal en Coquimbo. A la señora la secuestraron. ¿Cómo se logró detener a uno de esos sujetos? Porque precisamente se hizo un control preventivo, y al descubrir en el control preventivo pidiéndole el carnet de identidad a una serie de personas –control preventivo que a todo esto se hizo sin que existieran indicios, o sea fue un control preventivo que uno podría decir que se está haciendo incluso al margen de la ley– se descubrió que ese santo altar tenía 25 órdenes de detención pendientes”, relató sin tapujos el parlamentario.

Si hoy la policía, al margen de la ley, ya discrimina por clase, color de piel y aspecto, nada positivo se puede esperar de una acción que se ejercerá ahora amparada por el Estado. Si ya hoy Carabineros detiene permanentemente a ciudadanos, privándolos de libertad por horas, serán ahora muchos más lo que pasarán por procesos marcados por agresiones físicas y psicológicas al interior de patrullas y calabozos.

A favor del “control preventivo de identidad” se ha dicho que el actuar de los policías será permanentemente fiscalizado. La pregunta es: ¿Cómo podría una persona identificar y acusar a quien está  discriminándolo o ejerciendo violencia contra él, si los funcionarios de Carabineros acostumbran a retirar los nombres de sus solapas, siendo esto habitual, por ejemplo, en manifestaciones y marchas estudiantiles?

“Se trata de una norma que ha sido establecida en términos tales que da pie a toda clase de abusos”, asegura al respecto el abogado Mauricio Daza, agregando que “lo más grave es que no se establece paralelamente ningún mecanismo de control o sanción efectiva para esos eventuales abusos”. Para Daza, simplemente “estamos frente a una normativa que atenta de manera grave los derechos y garantías básicas de los ciudadanos, a cambio de nada, porque no va a beneficiar de manera alguna el combate en contra de la delincuencia”.

Por Daniel Labbé Yáñez