La designación de Mara Pérez Reynoso, mujer trans, militante del PRO, como Coordinadora Nacional de Diversidad del Ministerio de Seguridad de la Nación, por la Ministra Patricia Bullrich, disparó el debate en las redes sociales y generó preocupación. Pensar esto como sinónimo de inclusión está lejos de ser verdad en términos reales. Sabemos que detrás de estas decisiones se esconden otros intereses.
Mientras el gobierno macrista muestra a «la primera trans funcionaria en ocupar un cargo en el Estado Nacional», invisibiliza a más de un 95% de esta comunidad que vive en condiciones de extrema vulnerabilidad. Si tenemos en cuenta el contexto político actual, sumada la criminalización de la protesta social, dicho nombramiento no es azaroso: engaña haciendo creer que por tratarse de una trans las decisiones que tome serán en favor de su colectivo. Basta recordar la decisión de la vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti, que siendo una persona con discapacidad, no respetó la ley de cupo laboral y despidió a más de un centenar de trabajadores discapacitados del Senado de la Nación. Enceguecida por su afán revanchista, y bajo el discurso de «los ñoquis», dejó sin trabajo a miles de personas.
El pensamiento de Mara representa el discurso conservador de la derecha más recalcitrante, basado en la doble moral, las buenas costumbres y la clase. ¿Enseña a integrantes de las fuerzas de seguridad a no reprimir y dejar de perseguir a las compañeras trans que se encuentran en situación de prostitución? ¿O a disciplinarnos cuando salgamos a la calle para defender nuestros derechos?
En una entrevista que le hizo Nelson Castro, por el proyecto presentado por María Rachid sobre la reparación para las personas trans mayores de 40 años (v. abajo), dijo: «En calidad de vicepresidente de la Unión PRO Diversidad, nos oponemos al subsidio. El kirchnerismo a través de estos planes termina con la cultura del trabajo». También los denominó «planes descansar». Y al mejor estilo del manual de Durán Barba —utilizado en campaña por los candidatos de Cambiemos— empezó a dar nombres que nadie conoce, y que no importa si existen.
El objetivo era claro: con tal de defenestrar al kirchnerismo, no le importó el estado de extrema vulnerabilidad en el que viven quienes no tuvieron su suerte. Descontextualizó la idea principal del proyecto e intentó deshistorizar la lucha trans. La antigua referente Lohana Berkins, al escuchar este tipo de declaraciones, comentó: «Estas nenitas nacidas en democracia desconocen la historia de nuestro movimiento», que hoy es considerado por organizaciones de otros países como uno de los más combativos y organizados del mundo.
Mara también ha llegado a plantear a la prostitución como «la salida laboral fácil». Desconoce, pues, las múltiples causas que hacen que las compañeras se encuentren en estado de prostitución.
Números rojos
Solo entre enero de 2008 y enero de 2016, se contabilizan más de 1500 asesinatos de personas trans (la estadística incluye pocos países fuera de Occidente). Casi 80 por ciento de esos crímenes ocurrió en América Latina. Si consideramos que una de cada 33 mil personas es transexual, la cifra resulta impresionante: un asesinato cada dos días. Esa situación de especial violencia es la que llevó a muchos colectivos LGBT a hablar de un «genocidio trans».
Veamos cómo está compuesta esa masa de personas asesinadas. Si tomamos un período prudente de tiempo, podemos ver que en su mayoría se trata de trabajadoras sexuales, de entre 20 y 40 años. Jóvenes, precarizadas y en la calle: la fórmula de la desprotección.
La discriminación diaria y el abuso al que están sometidas las transexuales las convierte también en un sector especialmente vulnerable al suicidio: 41 por ciento intentó suicidarse al menos una vez, un porcentaje nueve veces más alto que la media (4.6 por ciento).
Si escarbamos un poco más, veremos que la situación de estas mujeres es devastadora en todas las estadísticas: son mucho más pobres, sufren más violencia sexual y policial, doblan la tasa promedio de desempleo y de contagio de HIV, caen más veces en la cárcel, experimentan más situaciones temporarias de calle o abusan más que el resto de drogas y alcohol, tienen mucho menos acceso a la educación y a la salud, y más de la mitad sufre el rechazo y el alejamiento de sus familias. Las trans, en el siglo XXI, viven en un verdadero ghetto a cielo abierto.
La realidad de estas personas en la Argentina no es mucho mejor que en el resto del mundo. 84 por ciento no terminó la secundaria, 64 por ciento tiene la primaria incompleta, 95 por ciento se dedica a la prostitución. La gran mayoría interviene su cuerpo en el mercado clandestino: las consecuencias derivadas de la aplicación de siliconas son la tercera causa de muerte en el colectivo. De estas condiciones locales, que también son mundiales, se deriva el dato más atroz: una expectativa de vida promedio de 35 años.
Buitres
La legisladora María Rachid presentó, en el 2014, un proyecto de ley para entregar un subsidio a miembros de la comunidad trans que hayan cumplido los 40 años. Fue recibido con un alto rechazo en páginas de Internet y redes sociales, con reacciones que fueron desde el clásico «yo no pago mis impuestos para esto», a la lisa y llana transfobia. Estos ciudadanos, insólitamente, consideraron que los transexuales podrían ser una especie de privilegiados.
Si se hubiera aprobado el proyecto de Rachid, el alcance de la medida hubiera beneficiado a no mucho más de 200 personas de la Ciudad de Buenos Aires: la minoría de supervivientes que llegó con vida a esa edad. Ese —y no otro— debería haber sido el verdadero motivo de escándalo. Pero, lamentablemente, no fue así. La gente que en su momento protestó contra este proyecto, hoy en día, prefiere pagar «con sus impuestos» a los fondos buitres antes que sostener con «sus impuestos» los subsidios a los sectores más vulnerados.
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