Carta a Sebastián Piñera quien se lavó las manos ante la ONU

Excelentísimo Señor Presidente, Sebastián Piñera

De cara a su intervención, el día de hoy, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y sus organizaciones miembro en Chile, la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (Codepu) y el Observatorio Ciudadano quisiseran comunicarle su seria preocupación por la situación de 34 comuneros mapuche en huelga de hambre y por la evidente falta de voluntad de su gobierno y su actitud dilatoria para dialogar con los mapuche.

Hoy, jueves 23 de septiembre, la huelga de hambre iniciada el pasado 12 de julio, por un grupo de comuneros mapuche completa 74 días. Recordamos que la mayoría de ellos están sometidos a una investigación judicial -y otros condenados- bajo la Ley Antiterrorista, algunos de ellos teniendo un doble procesamiento, civil y militar. Existen 34 comuneros en esta huelga, de los cuales dos son menores de edad y siete de ellos están en centros hospitalarios dada la gravedad de su estado de salud.

Como es de su conocimiento, los mapuche demandan el derecho a que se les someta a un juicio justo, el que no es garantizado por la aplicación de la ley antiterrorista y de la justicia militar. Exigen además la desmilitarización de las zonas mapuche en que las comunidades reivindican sus derechos humanos políticos y territoriales. Para la resolución de sus demandas han exigido la instalación de una mesa diálogo con la participación de sus representantes y del Gobierno.

Lamentamos que Usted, Sr. Presidente, haya presentado tardíamente al Parlamento proyectos de reformas legales de la justicia militar (09 de septiembre) y de la ley antiterrorista (13 de septiembre). Además, estas iniciativas no dan cumplimiento a las demandas de los huelguistas mapuche, toda vez que éstas siguen sin garantizar un juicio justo. La reforma a la justicia militar mantiene la competencia de dicha justicia para conocer los delitos que militares y policías cometen en contra de civiles. El Parlamento solicitó al Gobierno una ley corta para responder a las demandas de los mapuche, la que está aún en su primer trámite constitucional. Sobre la ley antiterrorista -aprobada en general- ésta sigue considerando como delitos terroristas aquellos cometidos contra la propiedad privada y no restringe adecuadamente el uso de testigos protegidos. Los llamados testigos sin rostro han vulnerado gravemente el desarrollo de juicios justos. El Gobierno debe mejorar estos aspectos del proyecto.

Nos preocupa que los proyectos de reforma a la ley antiterrorista hayan tenido una compleja discusión, lo cual refleja las dificultades que para un sector del país tiene la incorporación de mejores estándares de derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas. Esto retrasa la posibilidad de dar respuesta a las demandas que permitan poner término a la prolongada huelga de hambre de los presos mapuche.

Lamentamos además que su Gobierno aún no haya dado una respuesta clara sobre su participación en una mesa de diálogo para atender las demandas de esta huelga. Si bien la presión obligó al Gobierno a buscar la mediación de la Iglesia católica, no ha mostrado disposición al diálogo. Monseñor Ezzati, designado para esta mediación, ha dicho claramente que el Gobierno no ha respondido a los mapuche en huelga y sus familias. Más aun, Usted anunció el 17 de septiembre una mesa de diálogo sobre sobre el Plan Araucanía, lo que ha generado confusión y puede provocar divisiones en el mismo pueblo mapuche. Este plan se refiere a temas de desarrollo social y productivo, pero excluye a los mapuche en huelga y sus demandas. Esto sólo agrava la situación de los presos en huelga de hambre.

La FIDH, el Codepu y el Observatorio Ciudadano, quisieran recordar también que los distintos órganos y mecanismos de las Naciones Unidas han señalado en distintas ocasiones su preocupación por la aplicación discriminatoria y disproporcionada de la ley antiterrorista contra los mapuche, así como la mantención de la competencia de la justicia militar para conocer de casos que involucran a la población civil, y han llamado a su reforma para adecuarla con los estándares internacionales (ver anexo para más información). Sin embargo, Chile aún no ha cumplido con estas recomendaciones.

Por lo tanto, Sr. Presidente, la FIDH, el Codepu y el Observatorio Ciudadano le solicitan :

Instalar urgentemente una mesa de diálogo para poder responder totalmente a las demandas planteadas por los mapuche y participar en la misma ;

Impulsar que se reforme con celeridad la ley antiterrorista y de la justicia militar, a fin que se adecúen a los estándares internacionales que protegen los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas ;

Incrementar los esfuerzos de su gobierno para que en Chile se respeten los derechos de los pueblos indígenas, de conformidad con las recomendaciones formuladas reiteradamente por los distintos órganos y mecanismos de las Naciones Unidas, se reconozca su carácter multicultural y se avance más rigurosamente en las recomendaciones que se han hecho para que perfeccione su democracia y su sistema institucional.

Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH

José Aylwin, Co-director del Observatorio Ciudadano

José Araya, Representante del Codepu

CC : misiones permanentes de los Estados ante las Naciones Unidas en Nueva York

ANEXO

Chile sigue violando los estándares internacionales en materia de derechos humanos y aún no ha cumplido con las numerosas recomendaciones formuladas por los distintos órganos de las Naciones Unidas.

Tanto el Comité de Derechos Humanos (CDH), como el Comité contra la Tortura (CAT) y el Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, han expresado su preocupación por el carácter demasiado amplio de la ley antiterrorista y llamado a su reforma. También han expresado su preocupación por su aplicación discriminatoria, «principalmente a miembros del pueblo mapuche, por actos ocurridos en el contexto de demandas sociales, relacionados con la reivindicación de los derechos sobre sus tierras ancestrales » (CERD/C/CHL/CO/15-18, 7 de septiembre de 2009), y recomendado que su aplicación no sea discriminatoria (CDH, §7 ; CAT/C/CHL/CO/5, 23 de junio de 2009), y que se limite a «crímenes que ameriten ser equiparados a las consecuencias graves asociadas con el terrorismo» (CCPR/C/CHL/CO/5, 17 de abril de 2007).

También resulta contrario a los estándares internacionales, el sometimiento de civiles a la justicia militar. La FIDH, el Codepu y el Observatorio Ciudadano recuerdan la recomendación del CDH llamando Chile a «agilizar la adopción de la ley que modifique el Código de Justicia Militar, limitando la jurisdicción de los tribunales militares únicamente al enjuiciamiento de personal militar acusado de delitos de carácter militar exclusivamente» (§12), la cual recién se está examinando en el seno del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile.

Recordamos también que, como lo señaló el Relator Especial sobre pueblos indígenas el año pasado (A /HRC/12/34/Add.6, 5 de octubre de 2009) «uno de los efectos colaterales de una política penal que ha sido materia de alegaciones sobre el incumplimiento de la normativa internacional y las garantías procesales internas, es la estigmatización de los indígenas y una dinámica general de controversia entre los mapuche y los autoridades estatales, que no contribuye a la búsqueda de soluciones constructivas orientadas a determinar las orígenes de la protesta».

De forma más general, destacamos el llamado del Relator Especial a que se instaure un diálogo de buena fe, única solución viable y duradera: el Relator Especial «insta a todas las partes interesadas a seguir fortaleciendo y hacer efectivos mecanismos de interlocución y concertación entre el Estado y los pueblos indígenas. En este sentido, el Relator Especial enfatiza al Estado la necesidad de crear condiciones de confianza y garantías entre las partes y desarrollar un procedimiento efectivo de consulta, de acuerdo a los estándares internacionales obligatorios para el Estado».

Finalmente recordamos que Chile también debe cumplir con las numerosas recomendaciones formuladas sobre la protección de los derechos de los pueblos indígenas durante el Examen Periódico Universal ante el Consejo de las Naciones Unidas (A/HRC/12/10, 4 de junio de 2009).