Políticos y ley antifiltraciones: ¿Quien nada hace, nada teme?

La Agenda Corta Antidelincuencia es una iniciativa que tiene como objetivo hacer efectiva las penas contempladas para los delitos de robo, hurto y receptación. Es decir, objetivamente, lo que persigue es hacer frente a la delincuencia común y corriente, al típico asalto, al mediático “portonazo”. En otras palabras, al tipo de delitos que generalmente cometen personas de las clases marginadas de la sociedad.

Sin embargo, curiosamente el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet incluyó en esta misma Agenda Corta Antidelincuencia una indicación para que se apruebe sancionar con presidio las filtraciones de informaciones reservadas de causas judiciales, arriesgando los culpables desde 61 a 540 días de cárcel.

Salvo algunas excepciones, la regla ha sido un apoyo transversal de los parlamentarios de todos los colores políticos, argumentando que lo importante acá es “resguardar la presunción de inocencia” y respetar la calidad de “reserva” que tienen en determinados momentos estas investigaciones. Esto porque, según se ha argumentado desde el gobierno y el parlamento, la ciudadanía asume equivocadamente que cuando una persona es formalizada o citada a declarar en algún caso pasa automáticamente a convertirse en un culpable para la sociedad, aún cuando la justicia no lo haya establecido así y hasta esté lejos de hacerlo.

¿Qué pretenden realmente el gobierno y los parlamentarios con esta cuestionada indicación?

Si les creemos, podríamos decir que los parlamentarios lo que buscan al evitar las filtraciones es el “éxito” de tales investigaciones, con el fin de que quienes delincan sean efectivamente juzgados, “caiga quien caiga”. Es decir, tendríamos que pensar que hay una intención de proteger y garantizar la presunción de inocencia de todos quienes están siendo investigados por la justicia.

Es decir, los parlamentarios estarían entonces preocupados de todos aquellos niños, adolescentes y adultos de las clases más bajas que abundan y se pasean diariamente por los tribunales de justicia por delinquir. Esos a los que la prensa discrimina, acosa y estigmatiza, mostrando majaderamente sus caras y nombres en los noticiarios centrales.

¿Sería entonces una simple coincidencia que justo en momentos en que precisamente son las filtraciones a la prensa las que han permitido conocer y avanzar en la persecución de los casos de corrupción en la política chilena, los parlamentarios se comiencen a preocupar de la “presunción de inocencia” del Cisarro y de la de todos los niños en los que solo se han interesado cuando invaden sus poblaciones con cajas con mercadería a cambio de votos de sus padres?

La verdad es que la conclusión más honesta debe ser otra, mucho más simple. El apoyo transversal de la clase política a la penalización con cárcel para quienes realicen filtraciones de investigaciones judiciales no es otra cosa que un reconocimiento implícito de esta élite blindada por años al hecho de que efectivamente entre ellos hay delincuentes. Son lo que roban o hurtan no en un supermercado, sino que al mismo Estado. Los que receptan intereses y hasta artículos completos desde las grandes empresas para convertirlas en leyes que luego les son impuestas a todos los chilenos.

Es frente a ese escenario, entonces, que se les ha hecho necesario promover, hasta donde más se pueda y de forma corporativa, un secretismo en torno a estas investigaciones que –de darse a conocer- podrían mermar su supuesta probidad. Es ese, y no otro, el único objetivo de esta medida que busca amenazar con cárcel a fiscales, abogados y periodistas que difundan información de un interés público objetiva e  inmensamente superior al del robo de un adolescente en una casa del barrio alto.

Es por eso que viene bien ante la urgencia de la clase política por amordazar la circulación de información crucial para una democracia transparente, plantearse el mismo argumento que al unísono sostienen quienes están a favor de otra medida de la Agenda Corta Antidelincuencia, como es el llamado “control preventivo de identidad”: Quien nada hace, nada teme…

Por Daniel Labbé Yáñez