Desde hace alrededor de dos años la clase política chilena está bajo la mira de la justicia y de la sociedad en general, debido a los casos de corrupción y fraudes cometidos por parlamentarios tanto de derecha como de centro-izquierda, vinculados principalmente al financiamiento delictivo de la política.
SQM, Penta y Corpesca son los tres casos de corrupción política-empresarial más conocidos y repudiados por la ciudadanía, pero que no han significado necesariamente una respuesta contundente desde los propios partidos hacia los miembros que han delinquido. El ejemplo más claro es la continuidad en la UDI de Jovino Novoa, quien aun cuando ha sido condenado como autor de delitos tributarios -acusación que el parlamentario aceptó y reconoció públicamente- no ha sido sancionado por el partido y no ha renunciado ni menos ha sido expulsado de la colectividad. Hoy cumple su condena en libertad.
De ahí que llame la atención una moción de un grupo de legisladores de distintos colores políticos que busca endurecer las penas a menores de edad infractores de la ley penal. El proyecto, enviado a estudio a la Comisión de Seguridad Ciudadana, fue ingresado por la diputada Marcela Sabat (RN) el pasado viernes 4 de marzo junto a su compañero de partido Gonzalo Fuenzalida y a los diputados UDI Juan Antonio Coloma, Claudia Nogueira y Arturo Squella; el PPD Daniel Farcas; y los DC Gabriel Silber y Matías Walker.
Los parlamentarios destacan que -según cifras del Ministerio Público- un 8% del total de los ilícitos realizados entre 2008 y 2014 han sido cometidos por adolescentes. «Este incremento respondería a que los adolescentes están al tanto de la fragilidad de la ley y se amparan en el régimen especial que dispone la Ley 20.084″, aseguraron, agregando que «la judicatura entrega una interpretación extremadamente garantista de las disposiciones de dicho texto legal e, incluso, recurren a convenciones internacionales que no están en vigencia en nuestro país para desatender, por ejemplo, la reincidencia».
Considerando esto es que las diputadas y diputados estiman imprescindible reformular la Ley Penal Adolescente. «La Ley debe, obligatoriamente, tomar en cuenta los ilícitos que cometió un menor con anterioridad y sancionar con especial rigor conductas que tienen un reproche especial del punto de vista punitivo en la legislación sustantiva», señalan en la moción.
Actualmente los menores imputables que cometen un delito pueden ser beneficiados con la rebaja de la pena en un grado (lo que en concreto puede llegar a 5 años), solo por ser menores de edad. La finalidad de los parlamentarios es que este beneficio no sea aplicable «a quienes hayan sido condenados previamente por delitos a los que la ley asigne igual o mayor pena”.
Junto con esto se propone que, independiente de las circunstancias de un crimen, cuando se trate de delitos de homicidio, robo con violencia o intimidación, robo en lugar habitado o violación -entre otros-, el juez solo pueda aplicar la pena de reclusión en régimen cerrado con programa de reinserción social a los menores imputables que los cometan. Asimismo, la moción plantea regular la sanción frente al quebrantamiento de internación en régimen cerrado, para lo cual se establece que se cumpla un tiempo adicional a la condena, idéntico a aquel durante el cual se quebrantó la condena.
Fuente: pjud.cl
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