La Cámara de Senadores de la Nación se encuentra en pleno tratamiento del único obstáculo en el plano nacional que le impide al gobierno de Mauricio Macri terminar de cerrar el acuerdo con los fondos buitres. El proyecto de ley que deroga las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, tal como exige el juez neoyorquino Thomas Griesa, y que permite al país tomar deuda por 12 mil 500 millones de dólares con el fin de pagarles a los bonistas no reestructurados en los canjes de 2005 y 2010, está a un paso de ser aprobado, y por amplia mayoría.
Si bien el bloque de Cambiemos (Unión Cívica Radical + PRO) cuenta con sólo 15 bancas en la Cámara alta, a partir de un tejido de alianzas puede llegar a conseguir los dos tercios del total de votos del Senado.
Hasta ahora, el oficialismo cuenta con el apoyo de 15 senadores del Interbloque Federal, dos senadores del GEN y de la Coalición Cívica y dos senadores aportados por el Peronismo Pampeano.
A su vez, el Frente para la Victoria, mayor fuerza opositora, se encuentra dividida entre los que, siguiendo la línea que marcó en su gestión la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y que continuaron gran parte de los diputados durante el tratamiento en la Cámara baja, votarán en contra y aquellos que apoyarán la ley, quienes a su vez recibieron el respaldo de gobernadores e intendentes peronistas.
Entre estos últimos se destaca el jefe de bancada, Miguel Ángel Pichetto; el correntino Carlos Espínola; el jujeño Walter Barrionuevo; el salteño Rodolfo Urtubey, y el santafecino Omar Perotti, más ocho senadores de las provincias de Entre Ríos, Misiones y Santiago del Estero.
En el recinto
La vicepresidenta Gabriela Michetti dio inicio a la sesión pasadas las 10:30, luego de que se acordara la autorización al Presidente de la Nación para ausentarse del país durante el 2016, «cuando razones de gobierno así lo requieran» y se leyeran los dictámenes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, y Economía acerca del proyecto de ley de acuerdo con los fondos buitres.
El primero en tomar la palabra fue el exvicepresidente Julio «No positivo» Cobos, quien declaró que la Argentina debía resolver el pago con los holdouts con «suma celeridad». «El tiempo no lo pone el juez sino nosotros y Argentina está haciendo todos los esfuerzos para cumplir con las condiciones fijadas por la Justicia», aseveró el mendocino.
En tanto, la legisladora del FPV, Anabel Fernández Sagasti, criticó el proyecto oficial: «Nos quieren vender una crisis para que compremos un endeudamiento caro y en malos términos». Y llamó a «negociar con soberanía y cuidando los intereses de Argentina», al votar en contra.
La misma línea siguió la kirchnerista Teresita Luna quien sostuvo que votará en contra «junto con otros senadores que venimos siguiendo muy de cerca y preocupados por este sistema perverso de endeudarnos y poner al país en situaciones que creíamos olvidadas y que iban a pasar a la historia, pero volvemos a esa rueda perversa».
Sin embargo, los números inclinan la balanza a favor del macrismo, fuerza que está al borde de celebrar su primer gran triunfo en el Parlamento y el retorno de la Argentina a una política económica de endeudamiento que retrotrae al país a sus peores experiencias, pero que dejará satisfechas las expectativas de las entidades judiciales y financieras de Estados Unidos.
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