Con motivo de la conmemoración del 52º aniversario de la última dictadura militar y para rechazar unánimemente los intentos de golpe de Estado contra el Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, decenas de miles de brasileños marcharon este jueves en cerca de nueve ciudades del país.
«Hay fascistas en el Congreso. No al golpe de Estado» y «La oposición quiere retirar a Dilma [Rousseff] del poder para acabar con el Gobierno del pueblo», fueron algunas de las consigas que se leyeron en los carteles de quienes manifestaron este jueves.
El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva saludó a los manifestantes que se encontraban concentrados en Brasil este jueves y aseguró que con estas actividades se «está mostrando los valores de la democracia».
Añadió que la destitución de Dilma Rousseff carece de base legal y señaló que quienes apoyan a su Gobierno son «los que creen en la democracia y la defienden con el cuerpo y el alma en las calles, en las escuelas, en el trabajo, en las redes sociales, en las iglesias».
Explicó que de un lado están quienes pretenden aprobar un juicio político sin base legal, “lo cual constituye un golpe, y de otro los que acreditan y valoran la democracia y salen a defender la Constitución, el Estado de Derecho y las conquistas sociales”.
Las concentraciones en favor de la democracia se reprodujeron también en otros países, entre ellos en Alemania, Francia, España y Uruguay.
El golpe de Estado contra el presidente Joao Goulart se produjo el 31 de marzo de 1964, y marcó el inicio de la dictadura militar que se extendió hasta 1985.
Juicio por el caso Petrobras
Este jueves el Tribunal Supremo Federal (STF) de Brasil votó a favor del envío de la investigación contra el expresidente Lula da Silva a la Corte Suprema, de manera que el juez Sergio Moro se hará cargo nuevamente del caso.
En la plenaria del STF también será definido si Lula podrá ejercer sus funciones como ministro de Casa Civil (Jefe de Gobierno).
El Congreso y la derecha de Brasil pusieron en marcha un plan para difamar al Gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y desprestigiar los logros alcanzados en beneficio del pueblo, mediante intentos de enjuiciar a la jefa de Estado por el caso de corrupción en la estatal Petrobras.
Por ahora, el Congreso evalúa destituirla y, en caso de que la acusación a Rousseff proceda, estiman separarla por 180 días de sus funciones mientras investigan.
El exmandataio Luiz Inácio Lula da Silva, por su parte, también es investigado por el caso.
Fuente: TeleSUR