No es cierto que la problemática laboral haya sido políticamente marginal en las últimas décadas: La falta de voluntad por modificar los pilares del Plan Laboral de la Dictadura fue una opción de los operadores políticos de la transición. No porque había que priorizar la valiosa pero aún imperfecta institucionalidad democrática -como se le explicaba en privado al movimiento sindical- sino para consolidar el modelo económico heredado, ser alumnos de excelencia ante los organismos financieros internacionales y convencer al empresariado, con interminables pruebas de blancura, que se había aprendido del pasado y que nada hacía peligrar el voraz modelo de economía de mercado imperante.
Lo de voraz no lo digo por decir. Hoy sufrimos las consecuencias de una apuesta por un modelo de acumulación y de enorme concentración económica que le abandona al Estado la atenuación de los niveles de pobreza a través de políticas públicas que no lograron los efectos redistributivos esperados.
En paralelo se incrementó sostenidamente la brecha entre productividad y salarios: El porfiado coeficiente de Gini, que mide la justicia relativa de la distribución de la riqueza, no sufrió oscilación alguna.
El papel estratégico de la relación capital-trabajo en un marco de desregulación, desprotección, precariedad e hiperreglamentarismo que hace ilusoria o al menos esquizofrénicas las teorías liberales de la libertad -entendidas en su correcto sentido, tanto individual como colectivo-, es constatable a través del análisis de nuestra legislación laboral, previsional y de seguridad y salud en el trabajo (SST). Son cientos las normas aprobadas en las dos últimas décadas, cuya sorprendente ineficacia se traduce en la inmutabilidad, cuando no en un empeoramiento, de las condiciones de trabajo. Todas, aún las aprobadas por amplio consenso en momentos políticos álgidos, tuvieron que pasar el examen de su incidencia en los costos de las empresas: No fuera a ser que reconocer justos y legítimos derechos laborales redundase en mayor desempleo.
Tampoco se les puede subir la valla a las grandes empresas en lo laboral o medioambiental, ni siquiera en los mejores momentos de crecimiento económico, ya que, junto con considerar que son el pivote de éste, extorsionan con la amenaza de que pueden irse a otros paraísos de inversión. Además, tratar de hacer cumplir una legislación insuficiente constituye un lomo de toro mayor que el de aprobar nuevas modificaciones.
El sentido común que el discurso dominante ha impuesto en los sesgados medios de comunicación determina que las normas laborales deben olvidar la finalidad para la que nacieron: Proteger a la parte más débil de la relación laboral. Que su misión ahora es la de crear empleo y cuidar los existentes se instaló en el subconsciente colectivo, incluso en los propios entes encargados por el Estado y la ciudadanía de hacer cumplir las leyes. Peor aún, penetró, de la mano del conocido y legitimado lobby empresarial, a la propia Corte Suprema de Justicia.
¿De qué otra forma se entiende la vergonzosa comedia de equivocaciones y el juego infantil del compra-huevos con el que se pretende confundir al país respecto a los entes fiscalizadores responsables de autorizar la apertura de la mina San José en julio pasado? ¿Qué esperar de un gobierno de empresarios y ejecutivos que, no habiendo incluido ni una letra sobre condiciones laborales en su programa, establece una Comisión para revisar y reformular instituciones, normativas y políticas en materia de SST sin incorporar a ninguno de los actores relevantes e ignorando absolutamente al sindicalismo? ¿Sin plantear que no se puede escindir las condiciones de seguridad y salud de las condiciones sociales de trabajo? Y, lo que es más grave, dos días después crean otra comisión para analizar los mismos temas, ahora sólo para el sector minero.
Es imposible no recordar el cuento del gato en la carnicería: Por presión de los más poderosos grupos empresariales, el Ministerio de Minería siempre ha pretendido hacerse cargo del sector, sacando del paso por molestos a Salud y Trabajo, pilares del sistema de SST en el país. ¿Pasará el actual drama minero -que todos esperamos tenga un desenlace feliz-, a engrosar la larga historia de tragedias de los trabajadores chilenos? No puede ser, aunque solo sea por el ejemplo de estoicismo, coraje, capacidad organizativa y dignidad en su lucha por la sobrevivencia que dan los mineros. Ejemplo que solo sorprende a quienes estigmatizan a las organizaciones sindicales y sus dirigentes, sabedores de lo indeseable que sería para su poder omnímodo un actor sindical fuerte y socialmente representativo.
Por María Ester Feres
Polítika, primera quincena septiembre 2010
El Ciudadano N° 87
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