Frente al hambre y a la huelga, huelga decir

Huelga decir que el hambre del pueblo Mapuche no empezó con la huelga de sus presos. Ese hambre se prolonga desde que el Estado de Chile y su Glorioso Ejército invadieron las tierras autónomas del País Mapuche, al sur del Bio-Bio. Un hambre obligada por las prácticas etnocidas de un ejército empleado en aplastar a un pueblo sin armas, de aplastar a un pueblo en una nefasta guerra que ni tuvo declaración. Un ejército que aplicó su doctrina de exterminio y tierra arrasada matando todo a su paso, quemando hogares y huertas, robando, violando, usurpando. Desde esos años de impecable acción militar “pacificadora y modernizadora”, que el hambre se hizo común.

Huelga decir que ya en esa primera escena de la relación Estado Chileno-Pueblo Mapuche, este pueblo perdió más del 90% de su territorio y más del 40% de su población.

Huelga decir lo muy transparente que fue la política distributiva del territorio del sur desde un principio. Los generales y capitanes de aquel Ejército que masacró a los mapuche, se hicieron de la tierra indígena para instalar ahí sus grandes latifundios de ganado robado y mano de obra “india” semiesclava. Así fue que emprendieron muchos de los primeros colonos chilenos, a punta de esfuerzo de otros y de respeto a las leyes que (para) ellos mismos se hicieron.

Huelga decir lo muy patriótica y nacional que fue la política distributiva del territorio del sur desde un principio, mientras a los mapuche “pacificados” se les entregaba en promedio entre 3 y 5 hectáreas per cápita, sin ninguna política que les permitiera adaptarse al nuevo contexto de minifundio, a cada familia de los “modernos” colonos europeos (que nos contagiarían su cultura para mejorar nuestra mestiza y mediocre raza) se les entregó, según la Ley del 4 de agosto de 1874, una hijuela de 40 hectáreas por cada padre de familia y 20 hectáreas más, por cada hijo varón mayor de 12 años. Junto a la entrega de una vaca parida, un caballo y diversas herramientas; derecho consagrado en un decreto posterior.

Huelga decir que todas las políticas posteriores que ha aplicado nuestro Estado, hasta la actualidad, en relación al pueblo mapuche, nunca han tenido como objetivo el manejo de la realidad interétnica presente en la composición multicultural del país, sino que históricamente han sido ampliaciones de los proyectos de desarrollo económico planteados en distintos momentos de la historia republicana y según las distintas fases del capitalismo global. Las legislaciones indígenas del país no han sido más que herramientas burocráticas para la administración, usurpación, “protección” (siempre o casi siempre entrecomillas) y/o desprotección con respecto de las tierras indígenas. “La cuestión indígena”, ha sido por años la cuestión de la tierra de los indígenas; no en consideración de la precariedad de ésta ni de su escasez, sino la cuestión de cómo incorporar dichas tierras al desarrollo del país, o más bien de cómo capitalizar dichas tierras bajo los modelos de planificación del desarrollo, cómo permitir que el capitalismo avance y se instale en esas tierras, tratando de inhibir la resistencia de los sobrevivientes de los “primitivos”.

Huelga decir, que en los últimos años bien ha operado el tan refrendado Estado de Derecho al sur del Bio-Bio, sobre todo ese Estado que consagra el Derecho de unos pocos a explotar a unos muchos. Ese fantasma que según la Derecha y la Concertación recorría los campos del sur con todo su arsenal de terrorismo y violentismo no ha logrado mellar el dinámico crecimiento de la empresa forestal, de la empresa salmonera ni de las decenas de proyectos mineros, energéticos y de conectividad que se han instalado en territorio reclamado por los mapuche. El Estado de Derecho ha funcionado tan bien, que desde hace ya bastante tiempo eliminó toda posibilidad legal para que los mapuche reclamen su tierra, aquella que fue robada no sólo por los primeros colonos, sino aquella que pese a ser reconocida por el Estado y entregada en Título de Merced a los mapuche, fue usurpada; por la negligencia de ese mismo Estado y el apetito de sus clases dominantes. Así cualquier acción por recuperar esa tierra estará fuera de la ley, corromperá ese Estado de Derecho, será violencia contra la propiedad, por lo que ha de ser penalizada por los propietarios de la propiedad, del derecho y del Estado.

Huelga decir que este avance del capitalismo en territorio mapuche en nada ha subsanado el hambre instalado desde la “pacificación”. La dinámica ampliación del capital en tierras mapuche ha aumentado la pobreza y la precariedad de éstos. Contradictoriamente las empresas de mayor crecimiento en la última década, han sepultado a la Región de la Araucanía como la región más pobre del país y a los mapuche como los más pobres de la Región.

Huelga decir lo muy extraña que es la violencia de los violentos del sur. Lo muy extraño que es el terror de los terroristas de allá. Mientras éstos queman camiones y queman plantaciones de los usurpadores, los defensores de la paz, del orden y del derecho a la vida, les matan, les invaden sus comunidades, les someten a injustos procesos, les torturan y dejan el cañón del Estado de Derecho apuntando día y noche y semana a semana, el rostro de los niños, hijos de los “violentistas”.

Por eso, frente a los que hoy ven a la huelga de hambre como una opción novedosa pero inválida de querer manipular a las sólidas instituciones de una sólida democracia; huelga decir y recordar que el hambre no empezó ayer y que el hambre de justicia y libertad es cada vez mayor y que el mayor ejemplo de defensa a la vida es el que ha presentado todos estos años de resistencia el pueblo mapuche.

Huelga decir, una vez más, que las huelgas, las resistencias, las desobediencias y las rebeliones de los oprimidos, son y siempre serán legítimas contra el hambre y la muerte que imponen los opresores.

Por Raúl H. Contreras Román

Antropólogo