Chile cuenta a partir de este 1 de octubre con un Ministerio de Medio Ambiente, un Servicio de Evaluación Ambiental, además de una Superintendencia que aún no puede entrar en vigencia plena.
Sin embargo, esta nueva institucionalidad ambiental nace con importantes carencias, pues todavía se discute en primer trámite parlamentario el proyecto de ley que debe crear los Tribunales Ambientales, mientras que ni siquiera ha ingresado al Congreso el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Pero lo que es aún más grave, la imprevisión de las autoridades de Gobierno y parlamentarias, ha dejado al país en un vacío institucional, sin fiscalización ambiental ni poder sancionador en el período de transición.
“La Superintendencia Ambiental, encargada de las tareas de fiscalización de acuerdo a lo establecido en la Ley 20.417, entrará en vigencia sólo después de que se apruebe en el Parlamento la ley que crea los Tribunales Ambientales, lo que probablemente no ocurrirá durante este año”, señala Paola Vasconi, coordinadora del Programa de Medio Ambiente de Fundación Terram. “En consecuencia, con el cierre de la Conama oficializado ayer (30 de septiembre), el país carece de un órgano legalmente autorizado para fiscalizar y sancionar en materia ambiental. Pese a que el Gobierno envió recientemente al Congreso un nuevo proyecto de ley para intentar superar este impasse, lo cierto es que hoy vivimos una situación de incertidumbre”.
Paralelamente, la Directora Ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, apunta a las debilidades de fondo de las nuevas instituciones: “el episodio Barrancones –que sin duda marcará al gobierno de Sebastián Piñera en materia ambiental- dejó al descubierto lo que desde Fundación Terram ya habíamos denunciado en reiteradas oportunidades: que la nueva institucionalidad ambiental presenta importantes falencias en materias tales como participación ciudadana, resolución de conflictos ambientales, mecanismo de planificación territorial, etc. Problemas que no fueran abordados en la reciente reforma institucional por lo que, pese a la creación del Ministerio, estos problemas se seguirán repitiendo, pues claramente los organismos públicos existentes en el país no son capaces de proteger adecuadamente el patrimonio ambiental de todos los chilenos y chilenas y mantener el medio ambiente libre de contaminación”.
Por Pamela Suárez Hernández