Carta de agradecimiento por la decisión de otorgarle asilo político al compatriota chileno Galvarino Apablaza y que obtenga así el estatus definitivo de refugiado político en Argentina. Enviada por la Corporación Memoria y Lucha Popular a Federico Agusti, presidente de la Comisión Nacional para los Refugiados (Argentina).
Por intermedio de la presente carta, la Corporación Memoria y Lucha Popular de Chile, le hacemos llegar nuestro saludo y agradecimientos por la acogida de asilo al compañero Galvarino Apablaza (en la foto), impidiendo con esto una operación política de los sectores reaccionarios, que en nuestro país han iniciado una ofensiva contra los luchadores sociales y políticos de tiempos de la Dictadura, así como de deslegitimación de la permanente reivindicación de los derechos humanos.
Estamos seguros que esta determinación ajustada a derecho y a las consideraciones fundamentales de protección de los derechos humanos de las personas, será una nuevo aliciente para la solidificación de la relaciones entre nuestro países, amparados en la diplomacia de los pueblos.
Por nuestra parte, reafirmamos nuestra convicción de seguir en la lucha por el rescate de la memoria popular de nuestra gesta antifascista, de seguir en la defensa de los luchadores político-sociales, de seguir tras la búsqueda incansable por verdad y justicia.
Una vez más, chilenos y argentinos nos aunamos tras una convicción común. De la misma forma que hace doscientos años se acoplaron los espíritus para iniciar una campaña independentista del Imperio Español, hoy nos encontramos tras la misma convicción democrática y ponemos en el centro de nuestro accionar la defensa de la libertad, del debido proceso y de los derechos humanos.
Santiago Chile, 01 de octubre de 2010
SEÑOR
FEDERICO AGUSTI
PRESIDENTE COMISION NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS
ARGENTINA
PRESENTE
Ref.: Solicita realizar todas las gestiones pertinentes y a su alcance, a objeto, que el compatriota chileno Galvarino Apablaza obtenga el estatus definitivo de refugiado político en Argentina.
A quien corresponda;
Nuestra Corporación Memoria y Lucha Popular, entidad legal en el Ministerio de Justicia de Chile, está conformada por combatientes que durante el período de la dictadura militar de Pinochet (1973- 1990) empleamos la lucha armada como una opción más a las múltiples formas de resistencia antifascistas que desarrolló nuestro pueblo así como a la generosa colaboración humana y militar en misiones internacionalistas.
Es en este contexto histórico en que el compañero Galvarino Apablaza cumplió una destacada participación tanto en Nicaragua como en Chile.
En las últimas semanas se reabrió en Chile el proceso judicial por la muerte del ex Senador Jaime Guzmán a raíz de lo cual el actual gobierno de Chile ha iniciado los trámites para la extradición de nuestro compañero. Esta solicitud y el eventual traslado de Galvarino Apablaza a Chile es parte de una operación política de los sectores conservadores destinada a oscurecer la continuidad de demandas por las violaciones a los derechos humanos en tiempos de la Dictadura.
Debe usted saber que en los últimos meses se han interpuesto alrededor de 100 querellas por parte de organismos independientes de derechos humanos y se espera presentar un número cercano a las mil, por hechos de tortura, apremios ilegítimos y crímenes de lesa humanidad en contra de militares y civiles involucrados en estos hechos.
Por su parte, los diversos sectores, agrupaciones y parlamentarios de derecha, interesados en amnistiar a los responsables de estos crímenes han iniciado una fuerte ofensiva política y comunicacional para lograr sus objetivos.
Queremos denunciar el origen de la nueva apertura del caso, que tiene su fundamento en la entrevista de un Canal de televisión cuya propiedad sigue siendo del actual Presidente Sebastián Piñera, al señor Mauricio Hernández Norambuena, quien sufre un presidio de 30 años en Brasil y tiene dos condenas perpetuas en Chile, cumpliendo su pena en condiciones infra humanas, a miles de kilómetros de sus familiares y con escasas posibilidades de contar con una defensa legal oportuna y eficaz.
A esto debemos sumarle los verdaderos nuevos antecedentes que han surgido por parte de destacados personeros militares del régimen dictatorial, como el ex asesor de Pinochet el General Jorge Ballerino y ex Jefe de la Inteligencia Militar, General Hernán Ramírez, quienes han reconocido ante el juez de la causa que ellos tenían información previa y fidedigna de operaciones de atentados políticos contra distintas figuras del ex régimen y que no dieron a conocer oportunamente. Esto es confirmado por el ex Secretario General de la Presidencia de Pinochet, el señor Francisco Javier Cuadra, quien aseveró que a él se le había avisado de tal situación.
Asimismo, para el año 1991 ya estaba en funcionamiento una agencia de inteligencia del gobierno del señor Patricio Aylwin, a quienes también se les ha señalado que poseían datos con respeto al accionar de grupos paramilitares que tenían objetivos humanos en ex funcionarios del régimen dictatorial.
Debemos recordar que para el año en cuestión, seguía siendo Comandante en Jefe del Ejército el ex dictador Augusto Pinochet. Por lo tanto, hoy deberían ser otros actores políticos los que acudieran a dar testimonio ante el juez Mario Carroza para dilucidar las verdaderas tramas de ésta y otras acciones que se debaten en la nebulosa de los estertores de los primeros años de la transición política y la agonía del Pinochetismo.
En la práctica, el compañero Galvarino Apablaza ya ha sido condenado ante la opinión pública, esto a través de los medios masivos de comunicación, cuya propiedad pertenece a los círculos de poder que apoyaron en forma irrestricta la dictadura encabezada por Pinochet y que hoy día son parte de la élite gobernante. Este juicio anticipado y carente de toda legalidad vulnera las garantías mínimas del debido proceso y pone en cuestionamiento la existencia de un real Estado de Derecho en Chile.
A objeto de ilustrar el contexto general en que se desarrollan estas tratativas de extradición y del estado de la justicia en Chile, le informamos que desde hace 74 días se desarrolla una huelga de hambre de comuneros mapuches, que solicitan que no se les aplique la ley antiterrorista heredada de la dictadura, que se complementa con la existencia de la Justicia Militar y mecanismos de testificación oculta, que ha significado una condena mundial de organismos como Amnistía Internacional, Human Righ Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre los estamentos judiciales y sus normativas, que violan los acuerdos internacionales de derechos humanos y derecho internacional humanitario, a los cuales el gobierno de Chile ha adherido.
En esta estrategia reaccionaria hace una semana los militares condenados y que se encuentran recluidos en recintos militares especiales habilitados para ellos, iniciaron igualmente, una huelga de hambre para que se les reconozca su calidad de presos políticos y de esta manera tener una mejor posición para negociar un indulto. Esta huelga duró solo 24 horas ya que un General en servicio activo a nombre del ejército concurrió hasta el recinto penal y les habría solicitado posponer la huelga a objeto de no entorpecer las negociaciones reservadas con el actual gobierno para lograr el objetivo de indultarlos.
Debido a este contexto y dado que la opinión pública en este momento no es partidaria del indulto y teniendo en cuenta que seguramente será el Parlamento quien dirima esta situación, tanto para estos sectores, como para el gobierno de Piñera, es necesario tratar de equiparar éticamente, desde el punto de vista de los métodos empleados, a los militares y civiles violadores de los derechos humanos con sus víctimas, empleando el argumento de los excesos cometidos por ambos bandos, entre militares y subversivos y actualmente entre militares y supuestos terroristas.
En definitiva es la recreación de la teoría de los dos demonios de extremos políticos opuestos que es necesario conjurar indultando a ambos sectores.
En atención a los antecedentes antes señalados, es que resulta imperioso que Argentina le otorgue el asilo político al compañero Galvarino Apablaza, evitando que sea trasladado a Chile, a objeto de impedir esta operación política y de inteligencia digitada desde los poderes fácticos responsables del quiebre democrático en Chile, que sostuvieron a Pinochet y que hoy en día con la asunción de Sebastián Piñera al gobierno ven acrecentadas sus expectativas de impunidad a favor de los militares directamente involucrados en decenas de miles de crímenes de lesa humanidad.
Santiago Chile, 27 de septiembre de 2010
Atentamente,
A nombre de la Corporación Memoria y Lucha Popular
Etiel Moraga Contreras (Presidente)
Ricardo Paredes Vásquez (Vicepresidente)
Fotografía: latercera.com
Texto -de origen externo- incorporado a esta web por (no es el autor):
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