Violencia, terror y miedo político en la sociedad neoliberal chilena (I)

La sociedad chilena ha sido conformada en la violencia política que han ejercido y desplegado las elites dominantes desde el siglo XVI hasta el día de hoy. En ese sentido, en Chile, todo conflicto social y político se resuelve por la fuerza, pocas veces, por la razón.

Ahora bien, la violencia como se sabe, es la expresión más severa y directa del poder físico. Como fenómeno colectivo, hace referencias a las acciones -cometidas por el Estado como por diferentes sectores sociales que conforman la sociedad- orientadas a provocar destrucción, daño o sufrimiento de manera deliberada en contra de otras personas, abusando de ellas. Actualmente, entre las y los ciudadanos, existe una relativa conciencia que la violencia debe ser rechazada y condenadas en todas sus formas. Por lo tanto, existe de manera generalizada y amplia una reprobación moral y ética de ella. Sin embargo, la violencia se manifiesta de múltiples formas en nuestra sociedad. Por ella, la sociedad chilena de ninguna manera puede ser considerada una sociedad libre de violencia.

En un sentido amplio del término, la violencia puede ser práctica (física) o simbólica, visible o invisible. Puede ser producto de la capacidad de un perpetrador individual (violencia privada) o de grupos al interior de la sociedad, incluido el Estado y sus agentes (violencia colectiva). Para los fines de este artículo, el término de violencia lo usaré para designar su expresión práctica, visible o invisible y que implica el uso o la amenaza de la fuerza física para resolver un conflicto (conseguir objetivos sociopolíticos) en los diferentes etapas del devenir histórico de la sociedad chilena.

La violencia política (colectiva), objeto de esta reflexión, constituye una acción social y un comportamiento político que busca conseguir determinados fines provocando una destrucción material de bienes ya sea físicos o incluyendo, incluso, la vida humana de grupos o personas involucradas en un conflicto político. Por otro lado, la violencia puede tener objetivos políticos difusos y sin elaboración teórica previa, o puede estar enmarcada en un plan de acción consistente y solidamente elaborado en base a una perspectiva teórica-política que le da sentido y la justifica. En Chile, la violencia y la guerra han sido señaladas como aquellas acciones que han configurado su identidad histórica.

Estas reflexiones político-históricas buscan exponer que la violencia política tiene una explicación política e histórica posible: el miedo que permanentemente han sentido las clases dominantes y sectores medios a los sectores populares chilenos.

CHILE, UN PAÍS DE GUERRA

En el caso nacional la violencia política ha tenido históricamente como finalidad central instalar, preservar, conservar, fortalecer o recuperar el poder político de las elites o grupos o clases dominantes. Ha sido, por tanto, una forma de ejercer y desplegar el poder en el marco de relaciones sociales y políticas diferenciadas y un recurso del Estado para mantener la dominación. De manera que ha sido el Estado, en su forma monárquica-imperial hispánica (XVI-XIX), como en su forma nacional (XIX-XXI), el principal promotor de la violencia, convertida en una estrategia política para mantener el poder de una reducida elite social ante la mayoría de la sociedad.

Dada la promoción histórica y permanente de la violencia política por parte del Estado tanto física como simbólica, en momentos específicos, esta ha sido respondida por determinados grupos subalternos de la sociedad. Uno de esos grupos han sido los mapuches. Los cuales han resistido desde el siglo XVI hasta el día de hoy, la violencia de los grupos dominantes que han empleado para someterlos, reducirlos e integrarlos violentamente a la “sociedad chilena”.

Por esa razón, el historiador Álvaro Jara planteó tempranamente en su libro Guerre et société au Chili (1961) que Chile es una sociedad/país/nación estructurado en la violencia y en la guerra; tesis que posteriormente, difundirá Mario Góngora en su Ensayo Histórico sobre la Noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (1984). Ambos autores coinciden en el rol de la violencia política en la conformación de la sociedad chilena, el primero, señala que la guerra en contra del pueblo mapuche posibilitó a que estos fueran sometidos a la esclavitud y el segundo, la violencia política del Estado durante los siglo XIX y XX permitieron configurar la nación como a la sociedad chilena.

La historiografía democrática y popular producida ya sea por los historiadores marxistas nacionales como por los historiadores de la “nueva historia social”, han demostrado que la violencia y la guerra han sido usadas, esencialmente, en contra de los sectores populares, trabajadores, campesinos y, pueblos originarios, a lo largo y ancho del territorio nacional. Desmintiendo o corrigiendo la visión histórica construida por las clases dominantes de que la sociedad chilena ha tenido una evolución institucional y política pacífica.

Por consiguiente, la sociedad chilena se ha construido en el conflicto y en la violencia política tanto estatal como popular. Esta distinción introducida por el historiador Gabriel Salazar en su libro Violencia política popular en las grandes alamedas: Santiago de Chile 1947-1987 (una perspectiva histórico popular) (1990), permite diferenciar la violencia política entre aquella que ejerce y desarrolla el Estado (VPE) y la violencia política que impulsan los sectores populares (VPP), nos es útil para observar lo que actualmente ocurre en la sociedad neoliberal chilena.

LA VIOLENCIA POLÍTICA EN CHILE NEOLIBERAL

Como he sostenido en otros trabajos la sociedad chilena desde 1973 hasta el día de hoy, se ha transformado en la principal sociedad neoliberal triunfante en la región latinoamericana. Su construcción arranca de un acto fundacional profundamente violento y destructivo como fue el Golpe de Estado de las Fuerzas Armadas de septiembre de 1973. La acción militar no sólo implicó el derrocamiento del gobierno socialista de la Unidad Popular conducido por el Presidente Salvador Allende, sino también, una de las más violentas reacciones de las clases dominantes en contra del movimiento político y social popular a lo largo del siglo XX. Las clases dominantes con el apoyo político y social de las capas medias utilizaron la violencia política para recuperar el poder político del Estado, o sea, el gobierno en manos de los sectores populares. Durante, 17 años el Estado utilizó la violencia y el terror político para imponer a la sociedad chilena una nueva forma de dominación y de hegemonía: el neoliberalismo.

A pesar de la resistencia de los sectores subalternos populares, a través de múltiples formas posibles desde las pacíficas a las violentas, no pudieron impedir su imposición. Es decir, durante esos 17 años la violencia política estatal de la dictadura militar fue respondida con violencia política popular. Sin embargo, la VPP desplegada no tuvo ni la radicalidad ni la masividad ni la fuerza necesaria para lograr vencer a la violencia que emanaba desde el Estado neoliberal.

Esta forma estatal se verá fortalecida política y jurídicamente desde 1990 hasta el día de hoy gracias a la gestión de los gobiernos de la Concertación de Partidos Políticos por la Democracia. Los cuales para “huir” de la VPP, -especialmente, después del atentado en contra del dictador realizado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en septiembre de 1986-, se refugiaron en la institucionalidad político y jurídica dictatorial.

Al refugiarse los concertacionistas bajo el manto protector que les ofrecía la Constitución Política de 1980, no dudaron en utilizar los instrumentos políticos establecidos en ella en contra de aquellos grupos sociales que mantuvieron ejerciendo la VPP en contra de la dominación neoliberal en los primeros años de los gobiernos concertacionistas. La VPE neoliberal, conducida por los concertacionistas, también será utilizada entre 1990 y 2010 en contra de cualquier manifestación social o política de la ciudadanía nacional. Recuérdese la violentas represiones en contra de los mineros del carbón, de los estudiantes universitarios, secundarios y ciudadanía en general a lo largo de estos últimos 20 años, para constatar cómo la VPE neoliberal fue uno de los principales instrumentos de respuesta política de los gobiernos concertacionistas ante a la demanda y acción social y política ciudadana.

Ahora bien, la violencia política abierta durante el régimen militar se transformó en una violencia política encubierta o invisible de carácter simbólica durante los gobiernos de la Concertación. No obstante, ante la manifestación social y política de las y los ciudadanos la VPE neoliberal fue abierta y ampliamente visible a través de los medios de comunicación de masas.

Uno de los aspectos revelantes de la sociedad neoliberal es la estrecha alianza que se observa entre el Estado y los medios de comunicación de masas. El desarrollo de las nuevas tecnologías de las comunicaciones ha permito a los medios ampliar su cobertura informativa, por ejemplo, a una mayor masa receptora. Posibilitando, a los poderes gubernamentales como fácticos, tener un mayor control político de la población vía la manipulación comunicacional. Los medios de comunicación, especialmente, la televisión, controlada por los sectores ligados a la derecha neoliberal, producen aquello que los especialistas denominan el “atiborramiento de cráneos”. De allí que la mayoría de la ciudadanía nacional opina como “opinan los medios”.

Durante los gobiernos concertacionistas como en el actual gobierno de la derechista Coalición por el Cambio, los medios de comunicación han optado por:

a) omitir a una serie de sectores sociales ya sea por razones políticas o ideológicas, raciales o bien sexistas y/o machistas;

b) por tergiversar interesadamente la representación de la realidad para no informar adecuadamente y de manera plural y transparente a la ciudadanía;

c) establecer e imponer una determinada agenda informativa coherente con la agenda política de la oposición derechista durante los gobiernos concertacionista, o con la del gobierno en la actualidad;

d) restringir la información logrando con ello negar las proposiciones de quienes actualmente accionan o se plantean en contra de la dominación y hegemonía neoliberal;

e) saturar con sobre-información a la ciudadanía en determinados momentos, para generar una manipulación psicológica de ella. Un ejemplo, ha sido la situación de los mineros en la Mina San José o de los damnificados por el terremoto del pasado 27 de febrero, ambos acontecimientos transformados en “realitys shows”;

f) amplificación exagerada de los hechos sangrientos, asesinatos, asaltos, muertes en accidentes, etcétera.

En fin en la televisión neoliberal todo se presenta como un espectáculo, la realidad se presenta como un show y se dramatiza. Cada uno de estos aspectos de la televisión neoliberal, constituyen una manifestación de la violencia política comunicacional de carácter simbólica con la que se trata diariamente a la ciudadanía en Chile. Con ellos, además, se impone un tipo de representación de la realidad social y cultural que se convierte en hegemónica.

Los canales de Televisión (Chilevisión, Megavisión, Canal 13, Televisión Nacional, principalmente) y los medios de comunicación de masas, especialmente, los periódicos que pertenecen a las cadena empresariales de El Mercurio o de Copesa, el llamado duopolio informativo nacional, durante estos 20 años de régimen democrático autoritario, se han encargado de trasmitir y construir en la opinión pública la idea fuerza de que toda acción social colectiva: paros, manifestaciones, marchas, concentraciones, etcétera, realizadas por la ciudadanía son actos políticos que son o están en el umbral de la violencia política o, inclusive del terrorismo. Fundamentalmente, porque atentan en contra de la propiedad pública y privada. Alteran el orden público, interrumpen las actividades comerciales, laborales o educacionales normales, etcétera. De esa forma la prensa escrita y la televisión criminalizaron todo movimiento de protesta.

Por lo general los medios de comunicación se referían exclusivamente a los desbordes de violencia, minimizaban el número de participantes en los desfiles pacíficos y no proporcionaban el contenido de fondo sobre las causas de la movilización. Esa fue y es la forma habitual de tratar la acción política del movimiento social mapuche. Sobresale el trabajo mediático del diario El Mercurio, quien en sus editoriales como en los reportajes informativos sobre la “cuestión mapuche”. Sistemáticamente calificó a toda acción social y política reivindicativa del movimiento mapuche como una acción de vándalos, violentistas, o de terrorista.

En realidad, la cadena periodística El Mercurio como reacción al asesinato del senador y fundador de la Unión Demócrata Independiente, UDI, Jaime Guzmán Errázuriz, en 1991, puso en marcha una estrategia comunicacional destinada a identificar o señalar o calificar como “terrorismo político” cualquier manifestación social o acción política que pusiera en cuestión el orden político, económico, social y cultural establecido por la Dictadura militar como, a la principal obra política-institucional de Guzmán Errázuriz, la Constitución Política de 1980. En otras palabras, para El Mercurio, toda oposición social o política que pusiera o ponga en riesgo la continuidad del orden neoliberal constituye un “acto terrorista”. Esta postura mercurial refleja y da cuenta del miedo histórico de las clases dominantes.

EL MIEDO HISTÓRICO POLÍTICO

Efectivamente, podríamos sostener que en este miedo como también en otros y en no pocos actores políticos ya sea concertacionistas o de derecha, se ha desarrollado una suerte de “paranoia antiterrorista”. Esta se ha extendido ampliamente entre la ciudadanía nacional, fundamentalmente, por la capacidad de penetración que tiene tanto el discurso mercurial como el televisivo actualmente en la sociedad neoliberal chilena. Su influencia en el comportamiento social, político y cultural es notable. Pues, esta paranoia genera el discurso del miedo, temor, donde todo es peligroso. De allí que podamos sostener que la sociedad chilena sea, también, una sociedad temerosa, aterrada, miedosa. Por ende conservadora.

Producto del “discurso antiterrorista” de los medios de comunicación que apoya, a su vez, la acción represora del Estado, en la sociedad chilena, las y los ciudadanos tienen miedo político colectivo. Dominar por “el terror” fue lo habitual en el Chile pinochetista (1973-1990), en el Chile concertacionista (1990-2010) y lo es en el Chile de Piñera. Hacerlo constituye, una manifestación de la violencia histórica y de la “amenaza” permanente que las elites dominantes y grupos dirigentes han ejercido y trasmitido a lo largo de la historia de Chile. El terror ha sido el instrumento político utilizado por las clases dominantes y dirigentes para conjurar el profundo miedo histórico que han tenido siempre a la acción histórica de los sectores subalternos. Por esa razón, violento terror político de carácter práctico o simbólico, objetivo o subjetivo, ha estado dirigido a controlar, someter, desmovilizar y criminalizar toda manifestación social y política ya sea pacífica o violenta de los sectores subalternos en contra del orden político dominante.

El “miedo histórico” de las elites y grupos dominantes, quienes lo han trasmitido a los sectores medios, es parte de su “ser y estar” en estas tierras usurpadas violentamente a los pueblos originarios, lo cargan en su memoria e identidad histórica. Ese temor el que los lleva a reaccionar violentamente ante cualquier amenaza real o simbólica a su condición. Ese miedo está directamente relacionado con la contundente defensa de su tierra, territorio y autonomía que los pueblos originarios, específicamente, los mapuches, realizaron ante la invasión de los conquistadores españoles en el siglo XVI. Frente a la violenta ocupación de sus tierras, destrucción de sus formas culturales y de vida, sometimiento a formas laborales compulsivas y obligatorias, etcétera, los mapuches se alzaron violentamente, o sea, desarrollaron VPP, en contra del invasor. La VPP mapuche del siglo XVI fue exitosa. Pues obligó a los españoles, luego de la muerte de dos de sus jefes políticos y militares, Pedro de Valdivia y Martín García Óñez de Loyola, el primero muerto tras la batalla de Tucapel en 1553 y el segundo, en tras la batalla de Curalaba en 1598, a renunciar a ocupar la Araucanía y a reconocer la territorialidad y autonomía política de la nación mapuche.

La pequeña elite española-chilena que dominaba al norte del río Bio Bío aterrada recurrió al Estado imperial, a la Corona, para mitigar su miedo, conservar sus propiedades y sus vidas. El Imperio español reconoció la derrota militar y estableció un Ejército permanente en una frontera ribereña. Aunque la paz entre la nación mapuche y la nación española-chilena fue relativa a lo largo de los próximos 285 años. El miedo político de las elites dominantes a una rebelión mapuche fue permanente. Los dones y las doñas no pudieron dormir tranquilos; sobre ellos pendía históricamente la lanza o la maza del guerrero mapuche. Ni siquiera pudieron hacerlo cuando el Ejército victorioso de la Guerra del Pacífico, en 1883, logró ocupar militarmente el territorio de la nación mapuche.

Tal como dijo Violeta Parra, ya no eran los españoles que ocupaban sus tierras sino que ahora “son los propios chilenos”. Desde 1883 hasta el día de hoy el Estado nacional chileno ha intentado bajo todas las formas y recursos posibles someter al pueblo mapuche, reducirlo, destruir su identidad cultural y hacerlos desaparecer a través de la integración, asimilación, transculturación, pero, hasta ahora ha sido imposible. Por esa razón, los “dones y las “doñas” siguen teniendo miedo.

Coyoacán, México, D. F., 27 septiembre 2010

Por Juan Carlos Gómez Leyton

Dr. en Ciencia Política-Historiador

Director Académico Prospal/UArcis