A nueve años de haber sido expulsado de Carabineros en razón de su orientación sexual, Víctor Rivas Pastrana, ex uniformado que solicitó reunirse con la presidenta Michelle Bachelet a fines de marzo, recibió un nuevo “portazo”.
Así lo denunció el diputado independiente Gaspar Rivas citando la respuesta enviada por la Dirección de Gestión de la Presidencia al carabinero exonerado. En ella sólo se le informa que los antecedentes fueron remitidos al Jefe de la División de Carabineros del Ministerio del Interior.
El hecho se convierte en un nuevo obstáculo para que el afectado zanje las deudas que mantiene consigo la institución, a objeto de lograr su anhelada reincorporación, mediando en ello la voluntad del Ejecutivo.
Ya en enero, el diputado Rivas declinó concretar una audiencia con el general director Bruno Villalobos para discutir el caso luego de saber que la reunión, que él mismo había pedido, sólo podría efectuarse en privado y sin la presencia del interesado, lo cual fue interpretado por el parlamentario de Valparaíso como una “falta de transparencia”.
“Es una burla, una mofa y una pérdida de tiempo”, dijo el congresista sobre el contenido de la carta remitida por La Moneda. “Pareciera que para poder tener una audiencia con la Presidenta, uno tiene que ir recomendado por el señor Andrónico Luksic, amigo personal del hijo de la Presidenta y de su nuera”, agregó.
Por su parte, el policía desvinculado en mayo de 2007 reconoció que tenía esperanzas de que Bachelet lo recibiera en este segundo mandato.
“Me niegan la posibilidad, derivándome al Ministerio del Interior, aun sabiendo que ellos no me darán ninguna solución por mi caso ni mucho menos reconocerán el error que cometieron hacia mí”, expresó, enfatizando que su derecho al trabajo vuelve a ser vulnerado.
PRÁCTICA COMÚN
Lo ocurrido con Víctor Rivas no es nuevo. En marzo de 2015, El Ciudadano informó que los “problemas de agenda” de la presidenta llevaron a justificar, también, la respuesta negativa que recibió otro ex funcionario de Carabineros cuando pidió reunirse con Bachelet: el cabo chillanejo Aldo Lillo Parra.
En esa oportunidad, el jefe de la División de Carabineros, Patricio Reyes, explicó a este medio que la solicitud de Lillo había sido procesada por la repartición, y que luego de analizados los antecedentes ésta había logrado determinar que su alejamiento de las filas policiales se ajustaba “plenamente a la ley”.
El ex suboficial había solicitado la intervención la Presidenta por su «irregular» expulsión de Carabineros, ocurrida luego de denunciar presuntas situaciones de consumo de drogas al interior de la Prefectura Ñuble y un posterior hostigamiento laboral de superiores jerárquicos.
En la misma época, Lillo declaró ante la ministra en visita del caso Matute, Carola Rivas, en relación a un posible nexo entre la desaparición del universitario de San Pedro de la Paz y el traficante de Coronel, Manuel Hernández Delgado, vinculado a oficiales de Carabineros y a un ex diputado, de acuerdo a antecedentes del proceso.
Tras su detención en el año 2000, Hernández fue representado, entre otros, por el abogado Manuel Guerra, actual fiscal del caso Penta.
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