La historia profunda de los sobrevivientes al conflicto armado de Colombia

Alvaro Villar es uno de los siete millones de campesinos desplazados de sus tierras

Simón Bolívar lo había advertido. Cada colombiano es una patria en sí misma. A ningún cacique local se le hubiese pasado por la cabeza que para toda esta vastedad inventarían una sola nación. Desde el sur la cordillera de Los Andes se abre en tres cordones montañosos, tres columnas que ramifican los climas y geografías en todas direcciones. Esto explica que la invasión española se llevara a cabo por medio de tres empresas de conquista incomunicadas entre sí; una proveniente de Quito, otra de Venezuela y la principal desde El Caribe. Cada una identificó en su camino a más de ciento veinte pueblos, con idiomas y costumbres únicas. Muiscas, panches, nasas, zenúes, cunas, guambianos, koguis, wayús, emberas, ebéjicos, andaquíes, entre muchos otros. Los hombres blancos se apropiaron de sus tierras fértiles a punta de disparos, crucifijos y chantajes. Las familias desplazadas se vieron obligadas a buscar refugio en los fríos páramos andinos. Así comenzó la guerra. Desde entonces tener un pedazo de tierra en Colombia significa la posibilidad de ser correteado a la fuerza o estar dispuesto a morir por defenderla.

Siendo este un conflicto que a ojos del mundo es entre ‘terroristas de izquierda’ y ‘un gobierno democrático de derecha’, la realidad es completamente otra. Hoy los gobiernos del continente observan con atención las negociaciones entre el Estado colombiano y las FARC-EP en La Habana, Cuba.  Hasta el momento ya se ha pactado llevar a cabo un proceso de devolución de tierras a familias campesinas desplazadas, la reincorporación de los guerrilleros a la vida política, y la creación de instancias judiciales que permitan conocer la verdad oculta respecto a las muertes de civiles. Pero esta ‘paz entre victimarios’ deja abierta una profunda herida con la cual debe cargar la sociedad completa. Gran parte de los asesinados han sido trabajadores de la tierra, gente sencilla de las comunidades rurales sucesoras de la dignidad campesina que aun sostiene la economía del territorio.

El Informe Memorias de Guerra y Dignidad 2013 del Centro Nacional de Memoria Histórica afirma que de las 220 mil personas muertas por el conflicto entre 1958 y 2012, el 81 por ciento son civiles. “Estos asesinatos ocurrieron de manera cotidiana, selectiva, silenciosa, en partes muy alejadas de los centros urbanos, y por tanto, han pasado inadvertidas para la mayoría de la sociedad.” Solo entre el año 1997 y 2012, hubo cuatro millones de personas despojadas de sus tierras por medio de la violencia a las cuales se les debe restituir en total más de 7 millones de hectáreas.

Vehìculos movilizando campesinos por los Montes de María

La cruel intimidad de la guerra

Los habitantes de los Montes de María (200 km al sur de Cartagena) son descendientes directos del pueblo Sinú, distinguido por su ingenioso sistema de canales que permiten cosechar cacao, aguacate, yuca, mango, maíz, banana, y el inigualable ñame, una especie de papa que llega a pesar 50 kilos. Por esta zona además se asentaron las primeras comunidades afro liberadas de la esclavitud, los denominados palenqueros. Esta mezcla de sabiduría amerindia con pasión africana engendró a un pueblo reconocido como los creadores de la cumbia y como gestores de las luchas por la reforma agraria en Colombia. “Quizás por eso en las ciudades creen que los montemarianos somos encubridores de la guerrilla”, aclara Yadira Rodelo, quien ha sufrido en carne propia una de las tantas crueldades acontecidas durante esta guerra.

Yadira vivía junto a su esposo Dalmiro, tres hijas y un hijo, en un pequeño rancho ubicado en Las Brisas, comunidad rural de los Montes de María, compuesta por una treintena de familias dedicadas a la agricultura. La madrugada del 11 de marzo del 2000, Dalmiro se encontraba junto a su hijo de dieciséis años cuando llega un centenar de hombres vestidos con trajes de camuflaje, armados hasta los dientes, sin distintivo ni identificación alguna. Uno de ellos iba encapuchado señalando a algunas viviendas y personas. Otro hombre gritó la sentencia: “¡Somos las Autodefensas Unidas de Colombia, a partir de ahora se me van todos de acá!” Dalmiro junto a otros diez vecinos fueron a exigir explicaciones a los uniformados, mientras el resto de la comunidad arrancaba con lo puesto. Sonaron disparos, gritos y luego un silencio infernal. Tras unos minutos el hijo de Yadira encontró a su padre degollado, con tajos en las piernas y los brazos; junto a él estaban los otros diez vecinos trozados a machetazos. Eran los mismos que un mes antes habían matado a sesenta campesinos en un pueblo cercano, y a cincuenta en otro. Todas las víctimas eran hombres dedicados a la agricultura familiar ¿A qué se debía tanta crueldad?

El fortalecimiento de las guerrillas campesinas entre los años 1990 y 2000 desató la furia de los terratenientes, narcotraficantes y magnates colombianos que deciden invertir grandes sumas de  dinero  en  la  creación  de  grupos  armados  privados  (paramilitares).  Estos milicianos  de extrema derecha se encargarían de la “caza de guerrilleros” por medio de la organización civil Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Durante los gobiernos de Andrés Pastrana (1998-2001) y Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), estos grupos actuaron en conjunto con las Fuerzas Armadas y la policía para perpetrar lo que denominaron la ‘política de seguridad democrática’.

“Los paramilitares disfrutaban de la crueldad. A mis familiares les cortaron los talones, las fosas nasales, las orejas, los brazos; hicieron que a mi vecino un perro le comiera la cara mientras estaba vivo. A otro lo colgaron en un tamarindo y le trozaron las piernas. Al rato llegó su esposa a buscarlo, y un paramilitar le dijo mírelo pero no llore porque si llora la mato”, recuerda Rafael Posso, a quien le asesinaron a sus dos primos y el suegro durante la masacre de Las Brisas. Cuando solicitó ayuda a la policía para traerse los cuerpos, la respuesta fue un no rotundo, y le aseguraron que no respondían sí algo les ocurría.

Justo la noche anterior el mismo grupo paramilitar llegó a un asentamiento cercano llamado Mampuján y reunió a las cincuenta familias de la comunidad en la plaza. Dijeron que la orden era violar mujeres, matar a los hombres, quitar cabezas y jugar fútbol con esas cabezas. Las mujeres comenzaron a orar cantos y el pueblo asegura haber visto ángeles en las cumbres de las lomas. Luego de cinco horas de tortura psicológica, obligaron a todas las familias a irse del pueblo. Juana Alicia Ruíz, una de las habitantes de Mampuján, recuerda que en ese instante las familias quedaron en total desamparo.

Los habitantes de Mampuján regresan a su pueblo

“La justicia oficial, la policía y los militares sabían lo que estaba ocurriendo pero nos dieron la espalda. Ellos justificaron esto diciendo que éramos guerrilleros, siendo esto una total mentira. Con los años comprendimos que la única forma de hacer justicia era que nosotros mismos saliéramos a decir la verdad”, explica Juana. Gran parte de la comunidad de Mampuján se instaló a orillas de la ciudad más cercana donde en silencio reiniciaron sus vidas. Lejos quedaron las siembras, ahora cada uno debía buscar otro método de subsistencia y aguantar que la gente de la ciudad les señalara como guerrilleros; para muchos esto significó la ruina total.

Entre dolores y estigmas, las mujeres de Mampuján comenzaron a plasmar sus historias en tejidos de lana. Así poco a poco afloraron sus odios, dramas y traumas causados por la guerra. Cuando los habitantes de la ciudad vieron sus obras ellas comprendieron que su trabajo era el puente indicado para dar a conocer su verdad y con ello hacer justicia. Por esto las Naciones Unidas otorgaron a las mujeres de Mampuján el Premio Nacional de Paz 2015. “Primero se conoció la verdad oficial, luego vino la versión de los victimarios, ahora le toca al pueblo contar su verdad por sus propios medios. Y esta última es la que vale”, remata Juana.

En cuanto a los habitantes de Las Brisas, recién nueve años después los familiares de los campesinos asesinados comenzaron a reunirse para exigir justicia por lo acontecido. Así también ocurrió en El Salado, Ovejas, Caracolí, Tierra Alta, Hato Nuevo y un centenar de otros sitios donde había ocurrido lo mismo. Recién al momento en que el gobierno aprueba la Ley de Verdad y Restitución (2011) es que se logra dimensionar que la elogiada política de Seguridad Democrática financiada por el Estado –que suponía detener el avance de las guerrillas-, fue en realidad  un  exterminio  sistemático  y  silencioso  de  comunidades  campesinas.  Son  74  las masacres efectuadas por los paramilitares con un saldo de 15 mil muertos en el periodo 1997-2002, siendo que no se ha tomado en cuenta los innumerables asesinatos selectivos que fueron tomados por los Tribunales como ‘ajuste de cuentas’ u ‘homicidios comunes’.

“Durante muchos años nadie se atrevía a hablar ni a ayudar a las familias desplazadas. Éramos personas estigmatizadas en todas partes. Casi una década después el gobierno nos empezó a dar una caja con mercancía al mes. Y cuando empezaron los juicios a los paramilitares, a mis hijas las llamaban al celular para amenazarlas que sí seguíamos denunciando nos mataban; yo me pregunto ¿cómo se conseguían nuestros teléfonos?” agrega Yadira quien nunca volvió a habitar el campo. Hoy vive junto a sus hijas en una enrejada población periférica de la gran ciudad de Cartagena.

Tierra de todos, tierra de nadie

Durante estos 517 años de conflicto armado, jamás ha existido una reforma agraria que examine las irregularidades respecto al uso de la tierra y la impunidad con la cual se les despoja de sus espacios de trabajo a las familias campesinas. Una vez ocurrida la independencia colombiana, los dos partidos de la élite –conservadores y liberales-, eternizaron su vieja disputa por dirigir el gobierno. Tanto así que llegan a batirse en sucesivas guerras civiles cuyos soldados son en su mayoría campesinos pobres. Desde entonces se suele decir en Colombia que la gran diferencia entre los conservadores y los liberales es que unos van a misa a las cinco y los otros a las siete.

El asunto pasa a mayores cuando en 1948 asesinan a Jorge Eliecer Gaitán, candidato liberal que propone hacer efectiva la reforma agraria. Este magnicidio provoca una escalada de violencia donde ambos partidos financian el armamento, los uniformes, el transporte y la comida de los milicianos. En medio de esta guerra entre terratenientes es que un grupo de campesinos liderados por Pedro Marín –alias Manuel Marulanda- se organiza para defender su derecho a la tierra en el sur del país (Tolima). En 1964 fundan la República Independiente de Marquetalia bajo el lema “la tierra es para quien la trabaja” y así nacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP). Durante esos años también surge el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con la participación protagonista de un grupo de curas inspirados en la Teología de la Liberación cuyas influencias se despliegan en zonas afectadas por la industria minera y del petróleo. Luego un grupo maoísta (EPL), un movimiento indigenista armado (Quintín Lame) y otro de guerrilla urbana (M-19), hacen que el ajedrez se reinvente en un tablero para cuatro, cinco, e incluso siete contendientes.

Con el correr de las décadas, forzados por el nulo acercamiento del Estado a dar cobertura a sus exigencias, estos grupos comienzan a desplegar estrategias cada vez más violentas. Secuestros, asaltos, incendios, toma de pueblos, ataques a bases militares, burros-bomba. Durante esos años se volvió común el reclutamiento forzoso de menores de edad, la retención de civiles, siembra de minas antipersonales y utilización de la población como escudo en las batallas. Además desde la década de 1980, miembros de las FARC incurrieron en cobrar impuesto a la venta de hoja de coca en los territorios bajo su control; no escatimaban esfuerzos en dialogar con las comunidades y simplemente asesinaban a los líderes campesinos que denunciaban los abusos. Posteriormente empezaron a tener cultivos propios y a participar en la comercialización. Esto produjo que miembros de la guerrilla se vieran involucrados en negocios directos con los productores de cocaína, y con los grandes carteles del narcotráfico colombiano, mexicano y estadounidense.

Pese a los métodos, algunos de estos grupos logran cierto apoyo popular. Esto motivó a más de cinco mil guerrilleros a dejar las armas y formar un partido político en 1985, la Unión Patriótica. En pocos meses los asesinan a todos. Luego en 1990 el M-19 casi logra ser gobierno cuando Carlos Pizarro, uno de sus comandantes, se presenta a las elecciones presidenciales con opciones claras de alcanzar la mayoría de votos. Pero, al igual que a Gaitán, lo asesinan justo antes de las elecciones.

Este último caso aún se encuentra entrampado en los Tribunales de Justicia. Tal como ha ocurrido con miles de líderes sindicales, comunitarios, periodistas, profesores, religiosos, campesinos, borrados del escenario político a balazos y machetazos. Del asesino por lo general nadie sabe y menos de quién le pagó. Pero esta impunidad no impide que el panorama esté claro para los afectados.

“Lo que se ha hecho en este país es eliminar los liderazgos. Eliminar a aquellas personas que podían conducirnos a transformaciones sociales tanto a nivel local como nacional”, explica María José Pizarro, hija del líder del M-19 asesinado en 1990. Ella ha dedicado su vida a apoyar el proceso de reconstrucción de la memoria social en las comunidades afectadas por la guerra. Su diagnóstico es que así como en los demás países del continente se impusieron las dictaduras para reprimir las demandas de la gente, en Colombia el gobierno se las ingenió para ejercer la misma violencia de las dictaduras pero con la institucionalidad del Estado en pleno funcionamiento.

Agroarte en la azotada Comuna 13 de Medellín

Reconciliación con la tierra a través del arte

Uno de los hechos que atestigua esta violencia de Estado, es la masacre perpetrada por efectivos del Ejército colombiano a los habitantes de la Comuna 13 de Medellín en octubre de 2002. Con el objetivo de capturar a miembros de las FARC y el ELN, el gobierno desplegó la denominada Operación Orión, que consistió en el ingreso violento de militares a las casas, disparos a quemarropa contra la población civil, y la desaparición de cientos de personas de las cuáles jamás se supo. Luego de tres días de balacera el presidente Álvaro Uribe dio a conocer los resultados oficiales: 14 fallecidos, de los cuales 6 eran guerrilleros. Pero con el correr de los meses se destapó que había más de 300 personas enterradas en un vertedero de los cerros colindantes al barrio.

Hoy en la comuna 13 existe una gran cantidad de agrupaciones que trabaja en la recuperación de la memoria social, conocer la verdad y exigir justicia. Entre ellos destaca un colectivo compuesto en su mayoría por niños, niñas y jóvenes. Se reúnen cada fin de semana en la esquina frente al Cementerio para desplegar lo que llaman la “recuperación del territorio por medio del agroarte.” Mueven sacos de tierra, rompen el cemento, se pasan las palas y chuzos de una vereda a otra para construir pequeñas huertas en las cunetas públicas. Hortalizas, hierbas medicinales, árboles frutales, plantas ornamentales. Preparan, siembran y riegan, mientras suena de fondo su música, el hip-hop agrario inventado por ellos mismos para dar a conocer a Medellín y al mundo la historia de su estigmatizado barrio.

“Hacemos Incidencia política, agricultura y arte callejero con el objetivo de contribuir al proceso de recuperación de la memoria local, sanar los dolores de la guerra y ejercer nuestros derechos colectivos”, explica Luís Fernando Álvarez, alias AKA, quien desde los 14 años se involucró junto a un grupo de mujeres afectadas por la guerra en talleres sobre agroecología y soberanía alimentaria. En ese momento les surgió la pregunta ¿qué tierra vamos a sembrar?, ¿qué tierra es nuestra?

Comenzaron haciendo mingas o ‘convites’ para crear huertas públicas en espacios donde hace pocos años se tiraba a los muertos. Lo engancharon al Hip-hop por ser el arte callejero que une expresiones musicales, danza, lírica, pintura. La cosa tomo fuerza, tanto que un día fueron amenazados de muerte por algunas bandas criminales que perdían terreno ante un grupo de ‘niños conscientes’. Con el correr de los meses se sumaron algunas madres de la población, e incluso apareció una abuela rapera que ayuda a componer rimas. A partir del 2013 cada primera semana de octubre el grupo participa de la intervención Cuerpos Gramaticales, que consiste en que más de cien personas se siembra sobre un montón de tierra durante una jornada completa en honor a las víctimas de las masacres perpetradas en su barrio.

Guido sembrado en Medellín

“En nuestro país conversar de política sin violencia aún es muy difícil. Por eso consideramos que debemos sanar nuestros dolores para recomenzar sin odios ni desconfianzas a forjar un país a nuestra medida. El Cuerpos Gramaticales es una intervención que va acompañada de foros, conversatorios y la presentación de diversas expresiones artísticas relacionadas con la historia reciente del país. Vienen familiares de víctimas tanto de los paramilitares como de la guerrilla.”, explica Guido, agrorapero que decidió sembrarse para la conmemoración de la masacre.

Durante los últimos meses el grupo también ha  comenzado  a  apoyar  la  realización  de huertas urbanas en las demás comunas de Medellín, fomentando la producción de humus con basura orgánica y la asociación de cultivos en la siembra para evitar el uso de pesticidas. “El agroarte es una filosofía que permite transformar los espacios comunes de nuestras ciudades en lugares productivos y de solidaridad entre vecinos para romper las barreras del miedo”, concluye Aka.

Se firme o no se firme la paz

Un trabajo similar decidió realizar la periodista Soraya Bayuelo. A ella los paramilitares le mataron un hermano y luego su sobrina fue alcanzada por una bomba que la guerrilla detonó frente a una estación de policías. Del duelo paso al compromiso, y a punta de autogestión creo el Colectivo de Comunicaciones Montes de María, con el cual se encargó de sembrar talleres de periodismo comunitario en los pueblos afectados por la guerra. En la época dura, cuando los paramilitares se tomaban los pueblos y no dejaban salir a la gente de sus casas, el Colectivo llegaba con un proyector, un telón, se enchufaba a la casa de algún vecino y comenzaba a mostrar cine al aire libre. Se financiaban con la BBC: “Bodas, bautizos y cumpleaños.” Con el correr de las andanzas, entre montes y ríos, siendo varias veces amenazados por los violentistas, fundaron un proceso pedagógico que contó con la participación de 860 personas. Estas se convirtieron en protagonistas de sus propios documentales y películas de ficción. Luego vino la creación de un Cine Club itinerante, de un banco de historias radiales, el Festival Audiovisual de los Montes de María que se realiza cada dos años en la ciudad de Carmen del Bolívar. Por todo este trabajo Soraya recibió el Premio Nacional de Paz en 2013.

El gobierno de Juan Manuel Santos desde el 2011 se ha sentado a dialogar con las FARC para lograr un acuerdo de cese al fuego entre ambos. La guerrilla exige la creación de Territorios Campesinos con autonomía “en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación; con financiamiento de base constitucional”. También se discute el dar solución al problema de las drogas ilícitas, resolver cómo será la dejación de las armas y la reinserción de los guerrilleros a la vida política por medio de un partido. También se busca consolidar los procesos de recuperación de la memoria colectiva en torno al conflicto, otorgando reconocimiento especial a los sobrevivientes.

Soraya Bayuelo cuenta su historia en la escuela donde estudió

En noviembre de 2014, Soraya fue invitada para dar testimonio como representante de las víctimas en la Mesa de Negociación de La Habana. Sobre aquella sesión ella recuerda: “De un lado de la mesa estaban los cabecillas de las FARC, al frente los del gobierno. Atrás los veedores internacionales. De moderador un cura. El ambiente era tenso. Hicimos un pequeño ritual en que con tiza dibujamos un mapa de Colombia en el suelo y sobre este pusimos pétalos de rosas. Luego escribimos mensajes en un sobre, el cual será abierto cuando se firme la paz. Hablé y luego vino la historia de una mujer que fue obligada por un paramilitar a abortar en la calle; tras golpearle hizo que le dieran el feto a un perro para que se lo comiera. Consternados todos en un silencio desgarrador; los de las FARC, el gobierno, los veedores, el cura y nosotros, todos comenzamos a llorar.”

Durante marzo de 2016 en algunos canales de televisión colombianos mostraban un cartel con la frase “Faltan tantos días para la paz”, teniendo como día cero el 23 de marzo. Una semana antes  de  la  fecha  en  los  Montes  de  María  se  reunieron  42  organizaciones  campesinas y comunitarias para firmar la paz de forma simbólica. En esa ocasión Juana Ruíz (de las tejedoras de Mampuján) cantó fuerte y claro: “Se firme o no se firme el acuerdo entre la guerrilla y el gobierno en La Habana, en los Montes de María sí se firma, porque hemos demostrado al mundo ser un territorio de resistencia y ahora acá queremos vivir en paz».

Apenas concluyó  la supuesta ‘jornada histórica del 23 de marzo’ la información se volvió confusa. La falta de claridad en algunos puntos como las zonas de ubicación, el desarme y la justicia, fueron minando la fecha. En Colombia todos quedaron colgados. Se suponía que una vez firmada la paz, en mayo vendría el plebiscito nacional. En noviembre 2015 los parlamentarios colombianos definieron que para ser aprobado el acuerdo de La Habana, solo se necesitará del 13 por ciento del umbral de censo electoral. Esto debido a la histórica baja participación de votantes que existe (40% en los últimos veinte años). En un país de 48 millones de habitantes, donde 33 millones están en condiciones de participar, se necesita que 4.396.626 personas voten ‘si’ para legitimar el acuerdo que aún no existe.

Mientras tanto ese mismo día en La Habana los líderes de las FARC, Pastor Alape, Timochenko e Iván Márquez, se sentaron junto a Raúl Castro, Barack Obama, los representantes del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas, en las graderías del Estadio Latinoamericano a ver el partido amistoso de béisbol entre la selección de Cuba y los Tampa Rays de EE.UU.

En busca de la tierra querida

Conmemoración de la masacre de Las Brisas, Montes de María. Marzo 2016

Gran parte de los paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a desmovilizarse el 2005, a partir del proceso de amnistía que ofreció disminución de las condenas a quienes decidían entregarse. A esta Ley se acogieron 31.610 personas. Tres años después de esta controversial medida, en el poblado de Soacha (vecino a Bogotá) un grupo de veinte madres descubren que sus hijos desaparecidos habían sido asesinados por el Ejército con el objetivo de hacerlos pasar como guerrilleros muertos en combate. En pocas semanas afloran más casos en Antioquia, Boyacá, Huila, Sucre, Valle del Cauca. El asunto pasó a mayores cuando se descubre que el Ministerio de Defensa está pagando 1.900 dólares a sus efectivos militares por cada guerrillero muerto. En los pueblos los subían a vehículos militares con la excusa de que les darían trabajo, luego los llevaban al monte, los mataban y los vestían como si hubiesen sido guerrilleros. Según los últimos informes de la Fiscalía son cerca de 3 mil los jóvenes asesinados. Por este controversial caso, -de los Falsos Positivos-  hubo cuatro generales dados de baja y más de 40 militares se fueron a la cárcel. Pero como si un siglo fueran diez años, desde

2015 gran parte de los paramilitares y militares implicados en estos casos han comenzado a salir libres de las cárceles. A esto se suma que algunos miembros del Cartel de Medellín –el que lideraba Pablo Escobar- también han vuelto a las calles. (Ver documental Impunity, del periodista Hollman Morris)

En cuanto a los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (paramilitares), el grupo conformado por Salvatore Mancuso, Carlos Jiménez y Diego Murillo, se encuentran presos en

Estados Unidos por tráfico de drogas. De los hermanos Castaño, uno está muerto y el otro desaparecido. Por último recién en febrero de este año la justicia determinó apresar a Santiago Uribe, hermano del expresidente, por su papel determinante en la gestación de los grupos paramilitares. Pese a esto, en lo que va corrido del primer semestre del año, ya son 23 los líderes sociales asesinados en el país, en su mayoría miembros de organizaciones indígenas y campesinas.

Lo que Colombia ha vivido es una lucha cruel por el control de los territorios, sus recursos y su gente,  para  imponer  modelos  económicos  al  antojo  de  cada  grupo  armado. Es  la  guerra multifacética financiada por terratenientes ganaderos, inversionistas de megaproyectos mineros, empresas de monocultivo, narcotraficantes, bandas criminales urbanas, el Estado, los partidos políticos, sindicatos y empresas de telecomunicaciones. Es un ajedrez de cinco lados, donde los jugadores van cambiándose de color según les conviene.

Sin ánimos de resentir con elocuencia esta confusa verdad, es necesario mirar nuevamente para preguntarnos ¿a quién vale confiar el futuro de un país azotado por sus gobernantes? Como bien concluye el popular cronista William Ospina: “Colombia necesita creer que el poder no está en una silla lejos del mundo, que el poder está en cada lugar. Que hoy solo es posible construir una economía pensando en el lugar, una economía cuya prioridad no sea lo que compran los Estados Unidos o Europa, sino lo que producen y consumen los hijos de Colombia. Cuya prioridad no sea cuánto cuesta un producto en el mercado mundial, sino cuanto trabajo crea al producirlo aquí, cuántos brazos emplea, cuánta estabilidad social nos brinda.” Porque tal como brotan desde el costado  los  troncos  que sobreviven  al  fuego,  así  vemos  resurgir  a  los  sobrevivientes  con iniciativas que convierten el post-conflicto colombiano en un proceso de reconstrucción de la memoria local, recuperación de derechos colectivos, y el escenario propicio para llevar a cabo soluciones locales a problemas que hoy afectan a la humanidad entera.

Para cerrar: El pasado 11 de marzo en Las Brisas la comunidad se reunió a recordar a sus seres queridos. En esa instancia Rafael Posso entregó un testimonio que puede guiar el camino del proceso de paz: “Yo mantenía el odio. Era difícil aguantarse las ganas de hacer algo contra los asesinos de mis familiares. Sobre todo cuando uno sabe quiénes les ayudaron y que andan por nuestras tierras. Pero un día mi hijo de siete años me dice ‘como me gustaría tener al frente a los asesinos de mi abuelito y mis tíos para matarlos a puñetes.’ Al escucharlo decidí ir donde se estaban realizando los juicios a los paramilitares. Me presenté como víctima y me saqué una foto con ellos. Ante toda la prensa les dije con esto quiero demostrar a mi hijo que ellos también son seres humanos como nosotros. Pude mirarlos al rostro y decirles te perdono.” Tras su

declaración Rafael invitó a Luís Fernando Álvarez (Aka) para que diera su testimonio sobre la Comuna 13 y el proyecto de agroarte. Luego ambos, el campesino sobreviviente y el agricultor urbano, entonaron un vallenato hip-hop frente a la comunidad con los tejidos de las mujeres de Mampuján de fondo.

Aka, Rafael Posso y los tejidos de Mampuján