Especialistas en economía política y derechos humanos de diferentes partes del mundo han constatado en sus investigaciones el fenómeno conocido como “la paradoja de la abundancia” o “la maldición de los recursos naturales”. Este fenómeno socio-económico y político demuestra cómo la abundancia de recursos naturales de un país (gas, petróleo, minerales…) no ha contribuido a generar niveles óptimos de desarrollo humano sostenible. Por el contrario, la riqueza natural parece coincidir con la imposibilidad de generación de procesos de desarrollo endógenos, y con una creciente inequidad a nivel local que concentra cada vez más riqueza en menos manos.
La llamada “maldición de los recursos naturales” no puede achacarse al azar, o explicarla únicamente a partir de factores internos de los países afectados. Para entender este fenómeno es indispensable contextualizarlo en el sistema económico internacional actual, de corte neo-liberal, el cual requiere de un consumo creciente e incesante de recursos naturales de diferente índole. Por tanto, los países poseedores de estos recursos se convierten en objetivo, tanto de las empresas transnacionales, como de los gobiernos de las potencias internacionales, cuya economía depende directamente de los recursos naturales que no poseen. Ello implica una constante intervención en la política interna de estos países, apoyando a unos u otros actores, buscando las condiciones más beneficiosas para la explotación y comercialización de los recursos naturales. America Latina es recorrida hoy por una “nueva” ola de conflictos sociales que pivotan en torno a la defensa de los bienes naturales comunes. Para algunos sectores sociales y políticos, los cambios políticos de los últimos años (Bolivia, Ecuador…) que auguraban modificaciones sustanciales en las políticas previamente impuestas por gobiernos neo-liberales, no han conllevado los cambios estructurales necesarios, y la redoblada agresividad del sector empresarial internacional por avanzar y consolidar su dominio y control sobre los recursos naturales del continente ha aumentado vertiginosamente la situación de vulnerabilidad social, política, económica y ecológica de las poblaciones locales. A su vez, y al albur de la actual crisis financiera, las poblaciones locales de las potencias neo-liberales ven cómo la adopción de las mismas medidas de ajuste estructural que en la década de los 80 sumieron a América Latina en una cruel crisis económica, está severamente recortando los derechos sociales hasta el momento conquistados, aumentando así la situación de vulnerabilidad vivida por los sectores de la población más desfavorecidos por el sistema. A un lado y al otro del océano Atlántico, asistimos a un recrudecimiento de la ofensiva expansión neo-liberal “justificada” por la crisis económica que las mismas políticas neo-liberales han generado. De este modo, varios países de la Unión Europea como Grecia, Portugal y España hacen frente a un ataque especulativo de los llamados “fondos buitres”, mientras las empresas trasnacionales de capital europeo, junto a sus gobiernos, particularmente el gobierno español, redoblan la agresividad de sus operaciones en el continente que catapultó sus beneficios hace escasamente una década: América Latina. Y es en este contexto, que por otro lado se da a las puertas del fin de la era del petróleo y avivado por la pérdida de control de Occidente sobre el acceso mundial a los recursos naturales (Irán, Venezuela…), en que las multinacionales españolas, así como las de otros países, re-adaptan sus estrategias con el fin de infiltrar más, si cabe, las economías extractivas de América Latina.
Como consecuencia, nos encontramos hoy en día con que el segundo país más rico en gas de Latinoamérica y con un gobierno progresista y de izquierdas, Bolivia, importa el 45% del diesel que consume y ha empezado, en 2010, a importar gas licuado de Argentina y gasolina de Chile, de la que se autoabastecía desde 1954. Estos datos señalan tres cuestiones problemáticas que deben abordar los nuevos gobiernos de izquierdas, y que no son otras que las ya enfrentadas en el pasado por otros gobiernos populares de países del sur: la escasa capacidad de inversión endógena, la dependencia del exterior (tanto en inversiones, como con respecto al sostenimiento del consumo interno de productos básicos como la energía) y el consecuente riesgo de que tal dependencia conlleve la priorización de los intereses del sistema económico internacional sobre las necesidades sociales locales. A su vez, los conflictos sociales emanados de dicha situación reclaman el cumplimiento de la legislación de la Consulta y Participación, que obliga a que la población afectada por la explotación de recursos naturales sea consultada, especialmente si ésta es indígena, de modo que se priorice y garantice el respeto al ser humano y al medio ambiente en que vive, por encima de los intereses económicos tanto de las empresas transnacionales como de los propios gobiernos que puedan vulnerar los derechos de su propia gente.
Pero esta situación no es exclusiva de Bolivia. En Ecuador, Brasil y Colombia -donde el conflicto armado está centrado en aquellas regiones donde las multinacionales esperan hacerse con importante beneficios, como Cauca- se repiten las marchas y protestas lideradas por movimientos sociales, organizaciones indígenas y confederaciones como la Conaie -la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador-, que denuncian el “falso socialismo” de gobiernos como los de Rafael Correa, Evo Morales o Lula Da Silva.
La supeditación de los procesos de nacionalización a los acuerdos con las multinacionales -para garantizar su permanencia en el país o su inversión en la exploración de nuevos yacimientos, por ejemplo- han resultado en una nacionalización insuficiente donde los intereses de las multinacionales siguen primando sobre los derechos de la población local. Así, aún estando los hidrocarburos nacionalizados por ley en Bolivia, por ejemplo, el Estado tan sólo controla el 20% de la producción, lo que demuestra el carácter limitado de la nacionalización que se ha llevado a cabo.
Pareciera, por tanto, que dichos gobiernos progresistas han tratado de apostar por una inserción distinta en el actual sistema económico internacional pues, aún siendo insuficientes, las diferencias en sus políticas son evidentes frente a anteriores gobiernos de corte estrictamente neo-liberal. Sin embargo, dicha inserción parece haber tratado de conjugar el proceso de acumulación capitalista internacional liderado por las empresas transnacionales, con las necesidades sociales y medioambientales de un proceso de desarrollo endógeno. Pero, ¿es posible alcanzar acuerdos equitativos con este tipo de empresas? ¿Es posible, a través de la acción de gobiernos, una inserción distinta en el actual sistema económico internacional, de modo que se satisfagan al mismo tiempo el proceso de acumulación capitalista internacional y las necesidades del proceso endógeno? La compatibilidad de un sistema en el que la acumulación de capitales es un fin en sí mismo, y no un medio, con procesos de desarrollo local equitativos, basados en la participación popular, donde primen los derechos sociales y medioambientales sobre los intereses económicos, resulta así un oxímoron imposible, puesto que la satisfacción de los intereses de los primeros, será siempre en perjuicio de los intereses de los segundos. Entonces, ¿es posible acabar con “la maldición de los recursos” a través de un reforzamiento endógeno, como la ascensión de gobiernos populares fuertes dispuestos a anteponer las necesidades sociales a otras lógicas? La solución parece pasar por seguir en la senda de la construcción de arquitecturas institucionales de carácter regional e internacionales, que permitan la emergencia de espacios de relaciones económicas internacionales no basadas únicamente en el beneficio económico.
Por Inés Carrasco
Politóloga, especialista en relaciones internacionales y colaboradora de Paz con Dignidad.
28 de septiembre de 2010
Fuente: www.omal.info
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